La Fiscalía General de la Nación, en ejecución de su plan institucional Bolsillos de Cristal que busca combatir la corrupción en los sectores público y privado del país, destapó un entramado de corrupción y de lavado de activos en el sistema de administración de las penas que ha beneficiado indebidamente a delincuentes convictos, a funcionarios públicos y a terceros particulares.
En efecto, en desarrollo de esta investigación denominada "Los Tutelantes" se logró establecer que una estructura criminal ejecutó pagos a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y cárceles municipales, para lograr que personas privadas de la libertad en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad de todo el país obtuvieran un traslado indebido a cárceles municipales “donde recuperan la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad”, dijo el ente acusador.
La modalidad utilizada para lograr los traslados irregulares a cárceles municipales e inclusive la detención domiciliaria o la libertad condicional o definitiva consistía en la presentación de acciones de tutelas sustentadas en sellos de reparto falsos, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal adulterados, cartas falsas de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos.
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De esta forma, y cuando los criminales lograban manipular el sistema de reparto para que las tutelas fueran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, bajo con el consentimiento del juez y en coordinación con oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales se concedía la petición de la medida provisional de traslado a cárceles municipales entre ellas las de Florida (Valle del Cauca), Yotoco (Valle del Cauca), Miranda (Cauca) y Guapi (Cauca).
La fiscalía anunció que la mayoría de presos favorecidos con esta red criminal purgaban penas por delitos económicos de alto impacto como narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, entre otros. La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad u otros actores que, a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado o son personalidades con exposición pública.
A la fecha, tanto el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, César Blandón Jaramillo, como el médico de Medicina Legal Andrés Moncayo Jiménez aceptaron su responsabilidad por estos hechos y, mientras que el primero fue imputado por fallar más de 20 tutelas prevaricadoras y tramitadas sin asignación ni reparto, el segundo ya se encuentra condenado en otro caso por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en lo concerniente a la expedición de dictámenes periciales falsos con el fin de obtener traslados a cárceles municipales por lo que se le imputaron hechos similares.
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