Whistleblower y lavado de dinero. Imagen Freepik
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos recaudados a través de sanciones.
El Gobierno de Estados Unidos acaba de fijar unos interesantes incentivos económicos para todos aquellos que denuncien a las redes dedicadas al lavado de activos.
En su más reciente ley presupuestal, se definió que serán premiadas todas las personas que proporcionen “información original” que produzca acciones judiciales o administrativas.
Las recompensas, sostiene la norma, serán de entre el 10% y 30% del total “recaudado de las sanciones pecuniarias impuestas en la acción o acciones conexas”.
Estos incentivos, descritos en el título IV de la división AA de la mencionada ley, se pagarán a través del fondo de integridad financiera, especialmente creado para estos fines.
Los recursos del fondo provendrán de “cualquier sanción monetaria cobrada por el Secretario [del Tesoro] o Fiscal General en cualquier acción judicial o administrativa”.
Eso sí, dichas sanciones deben estar enmarcadas en el capítulo 35 del Código de Estados Unidos, las secciones 4305 y 4312 del título 50 del mismo Código, o la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
Inversiones con dineros producto de sanciones
La ley también faculta al Secretario del Tesoro para “invertir la porción del fondo que no se requiera para satisfacer las necesidades actuales del [mismo] fondo”.
Dichas inversiones deberán realizarse en “obligaciones de los Estados Unidos u obligaciones que estén garantizadas en cuanto a capital e intereses por los Estados Unidos”.
Finalmente, quedó establecido que los intereses y ganancias de esas inversiones serán acreditadas al fondo y formarán parte de este.
