Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.
Durante el semestre que comprende el periodo noviembre de 2021 y abril de 2022 la Fiscalía General ha reportado el desmantelamiento de cinco presuntas estructuras de lavado de activos.
Al revisar en detalle los reportes se identifica un denominador común: el uso de empresas fachada y testaferros.
Llama la atención que esas dos tipologías, tan antiguas como el delito mismo de lavado de activos, sigan siendo tan utilizadas y, al parecer, efectivas.
Posibles empresas fachadas de comercio exterior
El 3 de noviembre de 2021 la Fiscalía General reportó la captura de los cuatro presuntos integrantes de la red ‘Rumi-chaka’.
Estas personas, al parecer, “se dedicaron por varios años a lavar millonarias sumas de dinero usando la modalidad de contrabando técnico por sobrefacturación”.
Las pruebas recolectadas darían cuenta de “cómo los procesados habrían creado varias compañías en las que figuraban como gerentes generales y representantes legales”.
Desde esos cargos, presuntamente, realizaron “maniobras ilícitas para dar apariencia de legalidad a dinero producto de actividades ilegales”.
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Investigadores de la Fiscalía calculan en más de 16.000 millones de pesos el monto que este supuesto clan habría logrado lavar.
Por otra parte, el 17 de diciembre de 2021 la Fiscalía informó del desmantelamiento de una organización que habría lavado más de 383.000 millones de pesos.
Para lograrlo, dice la Fiscalía, constituyeron sociedades que pudieron haber evadido “controles legales relacionados con la importación de mercancía”. Textiles en este caso concreto.
La autoridad señaló que el grupo estaba conformado por accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de “cinco compañías constituidas por personas que no tenían capacidad ni respaldo económico”.
¿Empresa de papel para apropiarse del IVA?
A través de un reporte fechado el 25 de febrero de 2022 se informó que once personas fueron capturadas por presunto lavado de activos.
En su momento, la Fiscalía detalló que se trataba de representantes legales, revisores fiscales, intermediarios y compradores de facturas falsas, “quienes entre 2006 y 2020, al parecer, simularon operaciones económicas por más 1.5 billones de pesos”.
El conjunto de acusados, presuntamente, diseñó “estrategias fiscales ilícitas” que permitían a diferentes empresas apoderarse del IVA, así como para afectar la base gravable del impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio.
“La evidencia física da cuenta que por cada acción ilegal que se concretaba, cada empresa de papel recibía un porcentaje que oscilaba entre el 1 al 4 por ciento del total de lo defraudado”, apuntó la Fiscalía.
Presuntos testaferros
El pasado 9 de abril se informó de la detención de nueve individuos acusados de prestar sus nombres para ocultar bienes muebles, inmuebles y ganado.
De igual manera, pudieron haber creado empresas fachada “para dar apariencia de legalidad a los recursos y ponerlos a circular en el sistema financiero nacional”.
Los procesados, agregan los investigadores, “harían parte de una red ilegal que, al parecer, recibía y disponía de dineros” que una estructura criminal obtenía de desplazamientos forzados, extorsiones y narcotráfico.
En otro de los casos, informado el 16 de abril de 2022, se acusa a cinco personas de usar sus cuentas para que ingresaran más de 121.000 millones de pesos girados desde China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía.
Asegura la Fiscalía que “dicha suma fue respaldada como si correspondiera al pago de mercancía exportada a Venezuela” y “tales negociaciones no existieron”.
