Según informó El Confidencial, el Consejo de Ministros español ha aprobado el primer borrador del anteproyecto de ley sobre la divulgación de información no financiera. En especial, se le da relevancia a lo relacionado con los derechos humanos, ya que se deberá incluir información sobre las medidas anticorrupción de dichas compañías, entre otras.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Las empresas deberán presentar esta información incluyendo una descripción de las políticas y resultados en estas materias. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
Con esta transposición se modifica el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo.
Por un lado, se pretende aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. El objetivo es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad.
Por otro lado, se busca ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.
Según los temas
En cuanto a los temas sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En relación a los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción.
Requisitos de las empresas afectadas
Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público que tengan más de 500 empleados durante un ejercicio, que durante dos años consecutivos el total de la partida de activos sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
