El Departamento de Estado de EE.UU. entregó hace algunos días su Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en inglés), cuyo Volúmen II se refiere al lavado de dinero y los delitos financieros. El documento incluye las que a su juicio son las naciones más expuestas frente a esos flagelos, entre ellas Colombia. El trabajo del país recibió críticas y recomendaciones, aunque se destacaron algunos puntos fuertes.
Debilidades identificadas en Colombia
El informe indica que el intercambio del peso en el mercado negro (black market peso exchange), el transporte de dinero en efectivo, las transferencias electrónicas, las remesas, la mercancía de contrabando y las operaciones o transacciones a través de los mercados de valores (tanto de EE.UU. como de Colombia), los casinos, las tarjetas prepago y la minería ilegal siguen siendo las modalidades para lavar dinero más usadas.
Existe además una gran inquietud del gobierno de EE.UU. por el uso frecuente que hacen los delincuentes de las zonas francas industriales y el envío de dinero por giros para cometer el ilícito. Según reflejó el informe, eso se debe a la ‘‘inadecuada regulación’’ existente en esos sectores. Adicionalmente, el Departamento de Estado criticó que el Ministerio de Comercio de Colombia administre las solicitudes para el establecimiento de zonas francas y posteriormente descuide su funcionamiento.
Por otra parte, el documento reprochó la disminución en el envío de reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la autoridad judicial, pues ello habría generado una reducción en el número de investigaciones penales.
Los cuestionamientos también se refirieron a la salida de muchos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para dar paso a los ganadores de un concurso realizado en 2007, tal como lo ordenaron sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno de EE.UU. afirmó que esos cambios generaron ‘‘una transformación que se ha traducido en la pérdida de conocimiento significativo institucional y capacidad profesional’’.
De igual manera, recordó que se han presentado casos en los que grupos de drogas ‘‘han influido en los altos funcionarios de entidades bancarias con el fin de eludir los controles administrativos y las regulaciones gubernamentales’’ de prevención del LA.
Fortalezas
Según la autoridad estadounidense, el Gobierno colombiano ‘‘es un líder regional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo’’, aunque lamentó que el LAFT ‘‘siga penetrando la economía nacional y afectando sus instituciones financieras’’.
EE.UU. recordó que la corrupción es una tendencia que aumenta significativamente el riesgo del lavado, pero reconoció que el presidente Juan Manuel Santos Calderón ‘‘ha adoptado una línea dura contra la corrupción y ha demostrado que es una persona seria al castigar a los funcionarios corruptos de alto nivel’’. Sobre esto destacó que durante su Gobierno cuatro exministros, tres exdirectores del DAS y otros funcionarios han sido destituidos de su cargo, llevados ante los tribunales o condenados.
Recomendaciones
Según el Departamento de Estado, el Gobierno debe ‘‘explorar medidas para fomentar una mayor cooperación entre la UIAF, FinCEN y OFAC’’. Hay una clara preocupación por la disminución ‘‘considerable’’ que ésta tuvo en 2011. En el mismo sentido, agrega el informe que se deben adoptar estrategias para impulsar la interacción entre la UIAF, la Policía Nacional y la DIAN para fortalecer el combate del contrabando en Colombia, ya que por esa vía se lavan las ganancias de los traficantes de droga.
Deben abordarse, atenderse y solucionarse los problemas de congestión en el sistema judicial, los obstáculos de procedimiento, y la corrupción administrativa. Además, es importante que se aumente el número de jueces que supervisan la extinción de dominio de los bienes y se implementen procedimientos rápidos para la liquidación y venta de los bienes incautados.
Por último, la ley colombiana debe hacer claridad respecto a la autoridad gubernamental para bloquear los activos de las personas y entidades que figuran en la lista del Régimen de Sanciones de la ONU, establecido en virtud de la Resolución 1267 de 1999.
La lista
El Departamento de Estado maneja tres listados, divididos así:
- Países o jurisdicciones que generan mayores preocupaciones ante el LA
- Países o jurisdicciones que generan preocupaciones ante el LA
- Otros países o jurisdicciones monitoreadas
Colombia se ubica en la lista de países o jurisdicciones que generan mayores preocupaciones ante el lavado de dinero. Allí también se ubican, entre otros, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Francia, Alemania, Guatemala, Irán, Iraq, Venezuela, Uruguay, Turquía, Chipre, Islas Caimán, Panamá, México, Filipinas, Suiza, Zimbabue, Antigua y Barbuda y Líbano. Este listado está compuesto por un total de 66 países.
Cabe señalar que en esa lista de países con mayores riesgos ante el LAFT también está incluido Estados Unidos, en clara muestra de que sus autoridades reconocen que tienen deficiencias en los controles establecidos para prevenir el delito de lavado de dinero.
A los países que hacen parte de esa lista, al igual que a los reseñados en los demás listados, el Departamento de Estado les hace recomendaciones para que mejoren sus sistemas en pro de reducir la comisión del lavado y los delitos financieros en sus territorios.
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