El día de ayer la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una red de corrupción privada al interior de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) en Barranquilla que, presuntamente, cometió irregularidades en el manejo de dineros correspondientes al pago de matrículas de los estudiantes.
Los investigadores evidenciaron que en noviembre de 2017, el entonces rector y representante legal de la Universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 para implementar una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo de más de COP 16 mil millones de dinero en efectivo sobre el cual se ejerció una presunta administración desleal que incumplió el objeto social de la institución.
Según informó la fiscalía, “el golpe contundente contra la corrupción en el sector privado se logró en desarrollo de un operativo por parte del CTI que permitió la captura de nueve personas entre exdirectivos y exempleados de la Universidad” quienes hacían parte de la Sala General, el Consejo Directivo, la Secretaria de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería de la institución.
De acuerdo a la posible responsabilidad de los indiciados, un fiscal especializado de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Atlántico del ente acusador imputará cargos ante un juez de control de garantías de Barranquilla por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y estafa.
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Esta no es la primera vez que ocurre en la UAC
Esta no es la primera vez que se presentan hechos ilegales al interior de la Universidad Autónoma del Caribe. En efecto, en el año 2003, luego de que muriera el entonces rector de la universidad, Mario Ceballos y fuera nombrada rectora su esposa, Silvia Gette, se conoció un entramado de corrupción que aún hoy se discute en estrados judiciales. Desde su llegada a la Universidad Autónoma del Caribe en 1995 la presencia de Gette, quien ingresó a la institución como coordinadora artística, no fue aceptada por algunos sectores de la comunidad académica hasta el punto de aparecer volantes y pasacalles pidiendo su salida de la universidad. En ese entonces, Gette se declaró víctima de un complot y denunció penalmente a quienes ella consideraba como los incitadores de la conspiración: el entonces vicerrector Antonio Vallejo, la única hija del rector Ceballos, María Paulina Ceballos, y el esposo de esta, el ganadero Fernando Cepeda. Por la denuncia de Gette, la Fiscalía ordenó la captura de Vallejo, Ceballos y Cepeda por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. En 1999 el abogado de Gette, John Jairo Ramírez, declaró ante a la directora seccional de Fiscalías de Barranquilla que él mismo había sobornado con recursos de la universidad a fiscales e investigadores del caso contra Antonio Vallejo, María Paulina Ceballos y Fernando Cepeda, razón que motivó la absolución de estos individuos. En una nueva indagatoria, en diciembre de 2001, John Jairo Ramírez ratificó sus denuncias contra Gette quien fue entonces sindicada del delito de cohecho y, consiguientemente, cobijada con medida de detención domiciliaria. Dos fiscales y un exfiscal también fueron vinculados por la fiscalía por la presunta alianza para manipular el proceso penal. Meses después de esta última declaración, en agosto de 2002, John Jairo Ramírez fue asesinado por un sicario en una calle de Barranquilla, lo que exhortó a Fernando Cepeda a continuar con el proceso contra Silvia Gette hasta agosto de 2003, momento en el que el ganadero también fue asesinado mientras transitaba por la avenida circunvalar de Barranquilla. Los dos asesinatos continuaron sin solución hasta 2011, año en que dos paramilitares desmovilizados señalaron a la exrectora Gette de haber entregado dinero en 2003 para asesinar a Fernando Cepeda. Según el paramilitar condenado por su responsabilidad en cadena de mando en 129 homicidios Édgar Ignacio Fierro, alias "Don Antonio", los asesinatos de Ramírez y Cepeda fueron cometidos por hombres bajo su mando por petición y bajo pago de Silvia Gette. En cuanto a la investigación por lavado de activos, el 19 de mayo de 2013 el Ministerio de Educación envió un grupo de expertos a revisar las finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe, hallando irregularidades contables por al menos COP 4 mil millones registrados como préstamos y anticipos a empleados, entre los que figuran COP 2.306 millones a nombre de Gette. Lea también: Así lo puede sancionar la Supersociedades por incumplir programa de ética¿Deben las universidades implementar sistemas de ética?
En Estados Unidos las universidades más prestigiosas del país, como la Universidad de California (Berkeley), la Universidad Cornell y la Universidad de Nueva York (NYU), entre muchísimas otras, han adoptado desde las décadas de los 80 y 90 estándares de conducta ética para sus organizaciones con el fin de mantener y proteger su reputación, que en el campo académico estadounidense se constituye en uno de los principales activos generadores de riqueza y en motor principal de la actividad. La mayoría de estos estándares están integrados por una declaración de principios y algunos procedimientos de sanción que se dirigen a todos los funcionarios, contratistas, profesores, estudiantes y otros terceros que tengan la facultad de actuar a nombre de la universidad. Con este alcance, las universidades no sólo garantizan una cobertura universal de los principios éticos, sino que tienen cómo demostrar diligencia y gestión en la promoción de la transparencia en caso de cuestionamientos. Tras un análisis de algunos de estos documentos, y de cara al caso expuesto al inicio de este artículo, Infolaft se permite plantear la inquietud de si se debe obligar a las universidades colombianas, públicas y privadas, a implementar sistemas de ética organizacional que desincentiven estas prácticas y que doten a las autoridades universitarias y gubernamentales de herramientas para perseguir y castigar estas conductas. Dentro de los temas que un sistema de ética aplicado a las universidades debería incluir se encuentran:- Declaración de principios en los que se señale que la adopción de los más altos estándares éticos y el respeto al marco legal y contractual es obligatorio para toda persona vinculada a la universidad.
- Capítulo relativo a los conflictos de interés en el que se establezca que siempre prima el interés general misional de la universidad por sobre cualquier interés privado. El capítulo además debe explicar qué casos se consideran conflictos de interés (incluida la prohibición de entablar relaciones íntimas con estudiantes) y cómo se deben reportar en caso de conocerse o encontrarse incurso.
- Política de recepción de regalos en el marco de una comunidad académica y especial prohibición de recibir o dar presentes como mecanismo para dar u obtener un beneficio indebido.
- Descripción y prohibición del abuso de poder en todas las relaciones en que se establezca un vínculo de jerarquía entre actores de la Universidad.
- Registro y archivo de toda la información producida en el marco del sistema de ética universitaria.
- Canales de denuncia, que deben ser varios y anónimos para incentivar el involucramiento de la comunidad académica.
