Criptomonedas y lavado de activos. Imagen Freepik
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoamérica.
“Los activos virtuales como Bitcoin ya no son el futuro, son el presente. Por esa razón, los oficiales de cumplimiento deben preparar sus sistemas para la inminencia de su aceptación en los negocios”, afirmó Sergio Reyes, director de comunicaciones de Infolaft, durante la BASC Compliance Conference.
De acuerdo con lo mencionado por Reyes en este evento, celebrado en Quito (Ecuador), “cada vez se acepta más el uso de activos virtuales en Latinoamérica”.
Tal es el caso de países como Argentina, Ecuador y Venezuela, en los cuales se estima que el 30% de las personas tiene inversiones en criptoactivos, mientras que en Brasil, México y Colombia la cifra supera el 15%.
Esta realidad implica, según Reyes, que las entidades regulatorias en materia de prevención de lavado de activos deben avanzar en emisión de normas y en la implementación de medidas para evitar que el sector pueda ser utilizado por delincuentes.
¿Cómo avanzan los países?
Durante su conferencia, Reyes recordó que en Colombia la Superintendencia Financiera anunció que está trabajando –en conjunto con otras instituciones gubernamentales– en un proyecto de ley que les permita supervisar la actividad de los proveedores de servicios de activos virtuales.
Por su parte, El Salvador aprobó en el año 2021 al Bitcoin como una moneda de curso legal, hecho que abrió las puertas a debates sobre las ventajas y peligros de dicha medida.
Sin embargo, todavía falta mucho. A mediados de 2023 el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, hizo un fuerte llamado de atención internacional debido a que el 73% de los países incumplen o cumplen mínimamente con los estándares del GAFI relacionados con los criptoactivos.
Reyes mencionó en su conferencia, la cual contó con más de 200 asistentes internacionales, que el propio GAFI anticipó que llevará a cabo y publicará un análisis sobre el cumplimiento de la recomendación 15 (nuevas tecnologías) en 75 países con mayores transacciones con criptoactivos.
¿En dónde se van a concentrar los esfuerzos?
Por todo lo anterior, el foco se ha centrado en la regla del viajero (travel rule), la cual busca que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y las instituciones financieras identifiquen plenamente y compartan información sobre los originadores y beneficiarios de las transacciones.
Así mismo, el GAFI ha mencionado su preocupación por el denominado “problema del amanecer” (sunrise issue), el cual consiste en las brechas normativas existentes entre los países y que generan diferencias en el cumplimiento de la regulación en los PSAV.
Esta situación, en criterio del experto, crea incertidumbre sobre cómo deben manejarse los PSAV en jurisdicciones donde la regla del viajero y la regulación todavía no está en vigor.
Según Sergio Reyes, “la falta de regulación favorece a los criminales”, puesto que los activos virtuales se configuran como una industria que mueve miles de millones de dólares y eso la convierte en un atractivo para que los delincuentes realicen sus operaciones de blanqueo de capitales.
¿Qué viene en los próximos meses?
Frente al interrogante acerca de qué viene para el sector de los activos virtuales, Reyes resaltó algunos de los escenarios que se pueden visualizar:
- Los países tendrán que imponer obligaciones ALA/CFT a los PSAV.
- Las superintendencias de compañías o de instituciones financieras, los bancos centrales, las UIF y las autoridades tributarias serán los principales supervisores de los PSAV.
- La obligación de crear registros de PSAV es inminente, teniendo en cuenta que el GAFI prestará mayor atención al cumplimiento de su recomendación 15.
Reyes aprovechó su conferencia para recordar que “el tiempo se está agotando, teniendo en cuenta que se acerca la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI y uno de los temas que van a ser evaluados con detalle, será lo referente a los activos virtuales”.
Principales conclusiones
Los activos virtuales ofrecen bajos costos, son rápidos, democratizan las finanzas, y las personas son quienes deciden si los utilizan o los descartan.
De acuerdo con Sergio Reyes, “desde un punto de vista de gestión de riesgos de LA/FT, estigmatizar los criptoactivos es técnicamente un error. Hay que conocer el mercado para identificar los riesgos, y luego asignar los controles para mitigarlos”.
Por ejemplo, el experto recordó que durante 2022, según datos de la UIAF, en Colombia solamente el 2% de los casos tuvo relación con criptoactivos; mientras que el 24% estuvo relacionado con contrabando y el 14% con corrupción.
En sus palabras, “esto nos permite interpretar que, si bien los criptoactivos tiene un riesgo que debemos considerar, actualmente la enorme mayoría de casos de LA/FT se siguen concentrando en las mismas tipologías y sectores de riesgo tradicionales”.
Finalmente, Reyes presentó algunas conclusiones basadas en los análisis realizados por Infolaft, empresa proveedora de listas y capacitación para prevenir el LA/T en Latinoamérica:
- La falta de regulación del sector de los criptoactivos promueve la opacidad y favorece a los delincuentes.
- El sentido de la regulación es claro: vendrá un reconocimiento jurídico, así como registros y licencias para los PSAV.
- Muy pronto los PSAV serán sujetos obligados a implementar programas de PLDFT, PBCFT y PLAFT.
- Es muy baja la posibilidad de que los países opten por prohibir los criptoactivos. Bolivia es el único país de la región que ha tomado ese camino.
- Los oficiales y áreas de cumplimiento deberán diferenciar entre el riesgo real y la percepción de riesgo de LA/FT.
- El de-risking dejará de ser una opción, toda vez que, muy pronto, los PSAV tendrán reconocimiento jurídico en los países y tendrán la misma supervisión y obligaciones de las instituciones financieras.
- La debida diligencia no cambiará en lo fundamental. Los oficiales de cumplimiento tendrán que continuar solicitando a sus clientes la documentación que soporte el origen de sus recursos (en este caso de cripto). Además, los profesionales de cumplimiento tendrán que estar capacitados para analizar la documentación y soportes digitales del entorno cripto.
