La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían información sobre un contrato suscrito con la Gobernación de Vargas, Venezuela.
Vram Holding SAS tendrá que pagar 156 millones de pesos luego de que su administradora negara a los delegados del ente de supervisión el acceso a los computadores de la compañía en el marco de una actuación administrativa por presunta violación de la ley 1778 de 2016.
La resolución por medio de la cual la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de la indagación preliminar señala que Vram Holding SAS, empresa domiciliada en Colombia, celebró el 5 de julio de 2016 un contrato de mandato con Vram Holding SA (con sede en Panamá) para comprar, transportar y entregar unos bienes necesarios para la construcción de un estadio de beisbol.
El contrato entre Vram Holding de Panamá y la Gobernación de Vargas fue tasado en USD 6 millones de dólares, de los cuales la gobernación hizo un primer desembolso a la sociedad colombiana por valor de USD 1.5 millones de dólares.
Esto generó sospechas en la Superintendencia de Sociedades:
Y es que de acuerdo con la Supersociedades, en ese contrato “se encuentra que existen puntos de contacto con los siguientes factores de riesgo de corrupción, como son el riesgo país y el riesgo de la actividad”.
En lo que refiere al riesgo país, la Supersociedades señala que “este se presenta por el hecho de realizar directa o indirectamente, operaciones en naciones que tienen altos índices de corrupción” y en el contrato analizado se “tiene al menos un punto de contacto con un país extranjero que representa este tipo de riesgo”.
Para justificar su afirmación la entidad de supervisión recuerda que Venezuela obtuvo resultados negativos en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional.
En cuanto al riesgo de la actividad o sector económico, la Supersociedades recuerda que los sectores que representan un mayor riesgo de corrupción en la modalidad de soborno son el minero energético, de servicios públicos y el sector de obras de infraestructura. La afirmación la justifica en un informe de 2014 realizado por Transparencia Internacional.
Finalmente, la Supersociedades sostiene que "no es claro que se haya dado cumplimiento al objeto del contrato de mandato, ni tampoco al de suministro".
Respecto a los desembolsos de dinero, la autoridad colombiana señala que "no parecen haber sido utilizados como parte de la ejecución del contrato, y por el contrario podrían haber sido utilizados con propósitos diferentes”.
Así las cosas:
