Imagen editada por Infolaft
11 de agosto de 2026
Análisis del discurso de posesión presidencial
Por el auditorio escogido y el tono empleado en el discurso de posesión presidencial era claro que el presidente recién posesionado no les estaba hablando a los oficiales de cumplimiento. Pero como el primer paso de todo gestor de riesgo es conocer el contexto, este tipo de alocuciones contiene mensajes que modifican de raíz el entorno en el que operan los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT. Aquí los leemos con esa lupa.
Se anunció una lista de grupos narcoterroristas
«En las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas», dijo el presidente. Al cierre de esta nota, el listado aún no se había publicado: la cúpula policial se reunió el domingo 9 de agosto en Barranquilla para definir qué estructuras serán incluidas en los decretos que expedirá el Ministerio de Defensa en los próximos días. Lo que en gestión de riesgo llamamos la amenaza será, entonces, objeto de identificación y difusión oficiales.
Quedan dudas de fondo. En Colombia no existe un sistema de designaciones, como si existe en Estados Unidos y que permite un bloqueo con efectos jurídicos propios —restricciones de contratación, congelamiento, deberes reforzados de debida diligencia—. Lo que si existe es la posibilidad de establecer recompensas com en la época de Pablo Escobar y dirigir o enfocar la acción de la fuerza pública. Para los oficiales de cumplimiento la diferencia es enorme: en el primer escenario, la lista tendría que incorporarse a las matrices de conocimiento de contraparte y a las herramientas de filtrado, en diálogo con las listas ONU y OFAC; en el segundo, funcionaría como insumo de contexto para la segmentación de la amenaza. En cualquiera de los dos casos, ignorarla no será opción.
La corrupción es el blanco y la transparencia, el arma escogida
El discurso no mencionó ni una sola vez el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el reporte de operación sospechosa, el oficial de cumplimiento, el SARLAFT ni el SAGRILAFT. No era el escenario. Pero se refirió a la corrupción diez veces —fue el concepto más repetido de todo el eje criminal— y anunció que la lucha contra ella «será un método permanente de gobierno», con inteligencia artificial, análisis de datos, trazabilidad digital y blockchain para que «cada peso del Estado pueda ser vigilado desde su origen hasta su destino final».
Tendremos que esperar los nombramientos de los reguladores de los sectores financiero, real, salud, transporte y vigilancia para saber cómo aterrizarán este énfasis a la práctica y cómo lo armonizarán con dos normas expedidas en las últimas semanas del gobierno anterior: el Decreto 849 del 28 de julio de 2026, que fijó los lineamientos mínimos de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y les dio a las superintendencias tres meses para revisar sus regímenes y hasta nueve para ajustarlos, y la Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026, que unificó SAGRILAFT y PTEE bajo la Superintendencia de Sociedades. La coincidencia no es menor: el decreto permite expresamente programas únicos e integrados cuando concurren varios regímenes de supervisión —el camino que Supersociedades ya tomó— y sus considerandos articulan los PTEE con los sistemas de gestión del riesgo LA/FT/FP. Es reloj está corriendo y este nuevo gobierno debe enterarse y decidir sobre un proceso que ya está en marcha. La arquitectura anticorrupción que el nuevo gobierno usará como «método permanente» la dejó lista, diez días antes de la posesión, el gobierno al que acusa de corrupción. Además de los ministros y el director de la Policía Nacional, en el equipo económico ya hay una pieza clave definida: Andrés Felipe Velásquez, abogado tributarista, asumirá la dirección de la DIAN con el mandato expreso de combatir la evasión, en el marco de la reforma estructural del sistema tributario anunciada desde el primer día.
La noticia de mayor peso: el megacaso
No lo dijo con estas palabras, pero la interpretación es clara, el nuevo presidente anunción que inicia un nugo megacaso de corrupción contra el anterior gobierno. La actualidad LA/FT siempre está marcada por casos que sigue la prensa y que se convierten en el accionar diario de las áreas de cumplimiento, sea por solicitudes de información de las autoridades o por las alertas de medios. Cuando el presidente afirmó que desde el día de su victoria su equipo documentó «el vasto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente», que las evidencias serán entregadas a las autoridades judiciales y a los órganos de control, y que acudirá «a la justicia de otros Estados y a los mecanismos de cooperación internacional», muchos lo leyeron como una amenaza política. Nosotros lo leemos como el anuncio del caso que definirá la agenda de cumplimiento de los próximos años.
Si se refiere a Estados Unidos como aliado para este megacaso, hay que recordar que ese país tiene un arcenal bien sofisticado que puede incluir sanciones directas como OFAC, que tiene un programa aparte para corrupción, juicios civiles o penal, la FCPA (ley de prácticas corruptas del extranjero) o la ya conocida solicitud de extradición. La otra opción, que no se descarta, son sanciones indirectas a socios, testaferros o encubridores, inclusive empresas que se beneficiaron de este supuesto entramado.
Si el anuncio se cumple, las oficinas del Ejecutivo con competencias en la materia —la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la UIAF, que no investiga pero produce la inteligencia financiera que alimenta estas investigaciones— más los cuerpos con capacidades de análisis como la Dirección Nacional de Inteligencia y la propia DIAN, le pondrían la lupa a este megacaso. Y como existe división de poderes, hay actores cruciales que no dependen del presidente De la Espriella: la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y, obviamente, los jueces. Por el fuero de ciertos exfuncionarios, parte del caso pasaría además por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Para los oficiales de cumplimiento la implicación es directa: un megacaso de esta escala genera órdenes de embargo, solicitudes de información masivas, personas expuestas políticamente bajo escrutinio y contrapartes que migran de la categoría de cliente prestigioso a la de alerta reputacional en cuestión de días. El discurso, además, dejó una pista que refuerza esta lectura: la nueva política de defensa anunciada por el ministro Jorge Eduardo Mora contempla fortalecer la inteligencia para afectar «las fuentes que financian» las actividades de las estructuras criminales. Es la primera aparición de la persecución financiera en la implementación, no solo en la retórica.
Este discurso deberá interpretarse junto con los decretos ya anunciados y los nombramientos que faltan. Entre ellos, uno que esta publicación seguirá con especial atención: la dirección de la UIAF.
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