Por estos días las autoridades del país están dedicadas a ‘poner la casa en orden’ para recibir a los evaluadores del FMI a mediados de 2017. Si bien se ha avanzado mucho, hay que seguir trabajando para que todo salga bien.
La evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará en 2017 al sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es el tema de moda entre los expertos de la prevención del LA/FT y fue uno de los más discutidos durante el pasado Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de la Asobancaria.
Y es que justamente del resultado de ese examen dependerá la imagen de Colombia ante sus pares del mundo.
Según Carmen Maritza González, directora (e) de la Uiaf, si al país le va bien continuará con el seguimiento normal que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), pero si el resultado es malo Colombia entrará al seguimiento que hace el Gafi a través de su Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (Icrg por su sigla en inglés).
En palabras de González, una mala nota generaría ‘‘una posible inclusión en la lista gris y la vigilancia de Gafi’’. A su modo de ver ‘‘esto no puede pasarnos, no puede ser posible y por eso estamos a tiempo de tomar este papel con toda la seriedad posible’’.
¿En qué se ha avanzado?
Ya hay una evaluación nacional de riesgo
En el año 2013 la Uiaf, con apoyo del Banco Mundial, lideró la realización de la evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Colombia (ENR).
De acuerdo con un informe ejecutivo publicado en 2015 por dicha unidad, el riesgo general de LA/FT en Colombia es alto. Además, en el sector financiero el riesgo es de nivel medio, mientras que en el sector real el riesgo está en una escala de medio-alto.
Contar con esta evaluación es de vital importancia para los evaluadores del FMI, ya que les permitirá determinar si el país comprende su contexto y los riesgos a los que se enfrenta.
Las Apnfd estarán reguladas
En septiembre de 2015 quedó en firme la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades por medio de la cual se obligó a las empresas más grandes del país (aquellas con ingresos brutos anuales superiores a 160 000 salarios mínimos) a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT.
Además, el propio superintendente de sociedades, Francisco Reyes, anunció la emisión de una norma que obligará a algunas empresas de servicios jurídicos y contables, comercializadoras de vehículos y autopartes, así como a inmobiliarias y constructoras a adoptar medidas para prevenir el LA/FT en sus operaciones.
Bogotá. Foto Iván Erre Jota
¿Qué falta?
Hay que consolidar estadísticas
El tema de consolidación de estadísticas es clave para una buena evaluación. Recientemente Esteban Fullin, saliente secretario ejecutivo de Gafilat, sostuvo en entrevista con Infolaft que ‘‘el principal problema para evaluar la efectividad está en cómo presentan los resultados [los países] y en especial el tema de estadísticas. Tenemos países que tienen muy desarrolladas las estadísticas y otros que no’’.
Y en este punto hay mucho por hacer. La directora (e) de la Uiaf, Carmen González, lamentó en el congreso de Asobancaria que no exista una consolidación y sostuvo que la información debe estar sistematizada: ‘‘tenemos que tener un sistema armonizado, que cuando usted necesite [un dato] pueda tener el dato, trátese de cualquiera de los que tenemos la responsabilidad de estar reportando’’.
Es importante mencionar que en materia de estadísticas los evaluadores revisarán, entre otros, el número de condenas por lavado y por financiación del terrorismo, número de ROS entregados por sector, número de obligados, número de visitas de inspección y cantidad de sanciones emitidas.
No se ha actualizado decreto de la Ccicla
El Ministerio de Justicia y la Uiaf tienen listo desde hace varios años un proyecto de decreto que modifica la estructura de la Comisión de Coordinación Interinstitucional de lucha Contra el Lavado de Activos (Ccicla).
Entre las principales propuestas está la creación de un comité técnico para la prevención del LA/FT, el cual tendría la misión de promover estudios sobre tipologías de lavado de activos, contrabando, fraude aduanero y financiación del terrorismo. Esto con el objetivo de complementar su descripción, hallar mecanismos de control e identificar sectores económicos afectados.
También se prevé la conformación de comités de lucha contra el contrabando y la financiación del terrorismo.
No obstante, el documento no fue emitido debido a que algunos ministros no lo firmaron.
Algunos no han diligenciado los cuestionarios
De acuerdo con la directora (e) de la Uiaf ‘‘faltan algunas entidades clave [del Estado] por responder los cuestionarios’’ enviados por el Gafilat. Este punto es de vital importancia, toda vez que la inspección in situ de los evaluadores internacionales se basará en gran medida en lo que respondan las instituciones.
Aunque todavía hay tiempo —ya que las respuestas de todos los cuestionarios serán evaluadas por la Ccicla en el mes de noviembre— es muy cuestionable que haya funcionarios públicos que no le den la importancia debida al examen.
Lo que sigue
El Gobierno colombiano fijó un cronograma de tareas muy específico con miras a sacar adelante la evaluación de 2017.
Infolaft conoció que las entidades de supervisión tienen plazo hasta el próximo 30 de septiembre para expedir las normas que hacen falta o para actualizarlas de acuerdo con lo exigido por los estándares internacionales de prevención del LA/FT.
Simultáneamente se actualizará la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) realizada en 2013, proceso que debe finalizar a más tardar el 31 de octubre del presente año. Esto con el fin de verificar si las amenazas han evolucionado y si es necesario poner la lupa en otros sectores.
Varios expertos coinciden en señalar que en la nueva ENR será muy importante incluir los retos que traerá el posconflicto para el sistema ALA/CFT del país, ya que ese tema está en el radar de la comunidad internacional y de los evaluadores.
Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, desde el primero de noviembre los delegados de la Ccicla revisarán los cuestionarios diligenciados por las distintas instituciones públicas para establecer en cuáles de ellos hay fallas y cuántos quedaron bien.
Posteriormente, entre el primero y el 30 de diciembre, se hará una consolidación y entrega definitiva de los documentos al FMI.
Los evaluadores revisarán toda la documentación en detalle y vendrán a visitar el país entre el 20 de junio y el 6 de julio de 2017. Dentro de dicha visita de inspección se contempla la realización de entrevistas a funcionarios del Gobierno, así como a oficiales de cumplimiento de toda clase de entidades.
