El día de ayer se conoció que Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021 que está encaminado a fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Según dice el decreto, estas medidas son necesarias para contribuir “a la estabilidad económica, política y social del país”.
Según han informado distintas autoridades, y como está consignado en el mismo documento, la norma se hizo apremiante de cara al avance de bandas delincuenciales dedicadas a blanquear capitales y al terrorismo que cada vez son más internacionales y más avanzadas desde el punto de vista tecnológico.
El plan divide la lucha anti LA/FT en tres grandes enfoques, prevención, detección e investigación, y enjuiciamiento y represión y amplía los sectores obligados de tal manera que las industrias de los de juegos de casinos y maquinas tragamonedas, micronfinancieras, abogados, contadores, corredores de seguros, cambistas, prestamistas y notarios, deberán realizar una evaluación sectorial que les permita extender acciones preventivas que reduzcan la incidencia de este fenómeno.
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