Las autoridades del estado de Rio de Janeiro, en Brasil, informaron que las obligaciones existentes para la prevención de la corrupción corporativa en el sector financiero han sido extendidas. En efecto, a partir de este año se les exigirá a las empresas, fundaciones o entidades extranjeras que quieran ejecutar obras públicas o vender productos o servicios al gobierno implementar un programa de cumplimiento de ética empresarial que mitigue estos riesgos.
El nuevo paquete de normas busca ir más allá de la actual ley brasileña contra el soborno, puesto que plantea fuertes sanciones contra las organizaciones internacionales que no puedan demostrar la existencia de un programa de cumplimiento que sea útil y efectivo. Así, la ley establece multas diarias de hasta el 2% del valor del contrato estatal hasta alcanzar hasta el 10% del valor total del contrato, y la posibilidad de suspensión de las actividades hasta que se corrijan las infracciones.
En otros estados del país, como el Distrito Federal, también se han aprobado leyes que buscan fortalecer la lucha contra el soborno transnacional. Por ejemplo, en febrero pasado fue expedida la Ley 6.112 de 2018 que exige que las empresas, fundaciones o entidades extranjeras adopten e implementen programas de cumplimiento de ética corporativa en una forma similar a la obligación impuesta por Río de Janeiro.
Bajo el amparo de estas nuevas normas, las agencias públicas que tienen competencias de supervisión y control de la contratación estatal adquieren facultades para evaluar la implementación de los programas de cumplimiento obligatorios, aunque todavía no están definidos los estándares que utilizarán los supervisores para medir la efectividad del programa.
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