En entrevista exclusiva con infolaft la Jefe de la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también recomendó algunos controles a los oficiales de cumplimiento para que puedan justificar la buena fe exenta de culpa.
Infolaft:
¿Qué cifras tiene la Dirección de Extinción de Dominio respecto a bienes y riqueza de las bacrim?
Andrea Malagón:
Del año 2010 al año 2015 se han embargado un total de 900 bienes por valor aproximado de 1 billón de pesos a las bandas criminales. ¿A qué llamamos bandas criminales? Son organizaciones de primer nivel que han sido así catalogadas por los organismos de seguridad del Estado y entre las que se encuentran, principalmente, el ‘Clan Úsuga’, la ‘Oficina de Envigado’ y otras organizaciones criminales como el ELN y el EPL.
En vigencia de la ley 1708 de 2014 [Código de Extinción de Dominio] se han impactado organizaciones de segundo nivel como las ‘Odines’ en Medellín, estamos dando resultados contra el bloque libertadores del Vichada en la región 7 y contra la ‘Constru’ en Putumayo y zonas aledañas.
Seguimos impactando al ‘Clan Úsuga’ y la ‘Oficina de Envigado’. Eso ha sido un reto priorizado para nosotros. El año pasado embargamos bienes por casi 200 000 millones de pesos al primero y por 100 000 millones al segundo, tan es así que estructuramos un grupo de fiscales que se especializa en estas dos organizaciones criminales.
Seguimos investigando y estamos construyendo los contextos financieros de estas organizaciones criminales.
Infolaft:
¿En esa extinción de dominio que se ha aplicado a las bandas criminales hay productos financieros?
Andrea Malagón:
Sí. Principalmente tenemos acciones y cuentas bancarias, productos financieros como tal y fideicomisos que también se han embargado.
Infolaft:
En esos casos en los que una bacrim tuvo una cuenta bancaria, ¿ustedes informan de eso a la Superintendencia Financiera?
Andrea Malagón:
Sí. Nosotros ponemos en conocimiento de la Superintendencia Financiera y de la entidad bancaria para que congelen la cuenta y nos pongan a disposición el dinero allí depositado para que se incluya en un titulo judicial.
Infolaft:
¿En qué sectores de la economía están esos bienes?
Andrea Malagón:
Nosotros vemos que los sectores que presentan más riesgo de extinción de dominio –y me pareció muy curioso que en el último congreso que hubo en la Javeriana ya no se habla tanto del riesgo de lavado, sino adicionalmente a eso los oficiales de cumplimiento hablan del riesgo de extinción de dominio- son los sectores de la economía dedicados a la construcción y a la ganadería. Estos son sectores de alto riesgo de antaño, a través de los cuales las organizaciones criminales se apalancan para dar apariencia de legalidad a los dineros producto de sus actividades ilícitas.
Adicionalmente estamos viendo el sector de la minería ilegal y su comercio. De esto hay antecedentes con los resultados que dio la Dirección de Antinarcóticos y Lavado de Activos con Goldex, y con posterioridad la extinción de dominio que nosotros hicimos.
Si bien la extinción del derecho de dominio no es penal, nosotros sí traemos el juicio de reproche que se hace a las empresas en materia de responsabilidad penal en países como España, Inglaterra y Chile, y hacemos ese mismo juicio de reproche aquí para verificar si una empresa se adecúa o no se adecúa a la causal de extinción del derecho de dominio.
Andrea Malagón. Foto prensa Fiscalía
Esos juicios de reproche son los que, en últimas, tienen que hacer los oficiales de cumplimiento al momento de verificar la debida diligencia. Además, considero que la debida diligencia es la base que una empresa tiene para salvaguardar sus intereses de cara al riesgo de extinción del derecho de dominio.
Ellos [oficiales de cumplimiento] tienen que tener un sistema antiriesgo no solamente de lavado de activos, sino de extinción del derecho de dominio, lo suficientemente adecuado y fuerte, y no solamente con lo básico, para evitar que se hagan esos juicios de reproche por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Eso es sumamente importante y ese es el mensaje que desde la Fiscalía y desde la Dirección de Extinción de Dominio se les envía a los oficiales de cumplimiento: verifique, no conozca a su cliente superficialmente, usted tiene que ir más allá de la simple diligencia y cuidado.
Es en atención al cumplimiento de esa función social de la propiedad que se exige el tema constitucional. Sé que el comercio y los negocios se basan mucho en la buena fe simple, pero ya cuando se está hablando de este tipo de sectores de alto riesgo de lavado y por ende de extinción del derecho de dominio yo creo que no es la buena fe simple sino la buena fe exenta de culpa la que le exige al oficial de cumplimiento y a la empresa extremar todas las medidas, de tal forma que se puedan establecer controles para evitar que utilicen a la empresa como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a los dineros producto de actividades ilícitas.
En ese orden de ideas, en mi opinión, el oficial de cumplimiento tiene que mirar también cómo está estructurada la empresa con la cual va a contratar para verificar si tiene ese tipo de controles. Solo así se podría alegar la buena fe.
Infolaft:
Cuando usted habla de validar la estructura de las empresas, ¿se refiere a que los oficiales de cumplimiento revisen si las empresas con las que contratan tienen áreas de auditoria interna o de gestión de riesgos?
Andrea Malagón:
El oficial de cumplimiento tiene que verificar la normatividad existente y si se está cumpliendo (bien sea contable o administrativa). Todo ese tipo de cosas para que se pueda contratar con ellos o de lo contrario exigirles, y de esa manera construimos una cultura de la legalidad a través de las exigencias, por eso es tan importante el rol del oficial de cumplimiento.
A veces los oficiales de cumplimiento vienen aquí y me dicen: ‘usted no se imagina en los problemas que nos hemos metido con el área comercial’. Pero si todos nos metemos en la misma dinámica de la legalidad, desde el área comercial ya tendrán que exigirle a su cliente que acredite todos esos requisitos que más adelante el oficial de cumplimiento les va a exigir.
Si bien una empresa está constituida para generar utilidades, no podemos ser ciegos y pensar que solamente están hechas para eso y decir: ‘es que como ya estoy generando utilidades entonces yo no verifico con quién estoy contratando, porque la buena fe se presume y yo de buena fe hago las negociaciones’.
Infolaft:
Usted mencionó al sector de la construcción como uno de alto riesgo. ¿Hay indicios respecto a en qué gastan sus recursos?, es decir, ¿ellos construyen oficinas, apartamentos o casas?
Andrea Malagón:
Estamos haciendo ese análisis de la situación y en eso la Policía Económico Financiera ha sido pionera. Hasta ahora nosotros hemos detectado la parte general, independientemente de si son oficinas, centros comerciales o conjuntos residenciales.
