Desde este 31 de marzo circulará en Colombia el billete de $100 000 pesos, el primero de una nueva familia de billetes que llegará a las calles antes de que finalice el año. Más allá de la noticia, pocos han caído en la cuenta de que este cambio puede generar que las Farc y las bandas criminales desentierren sus riquezas y traten afanosamente de lavarlas.
Con ‘bombos y platillos’ el Banco de la República informó hace seis meses que a finales de 2016 estarán circulando en toda Colombia los nuevos billetes. Según el cronograma previsto, en el segundo trimestre del año se emitirá el billete de $20 000 pesos, en el tercer trimestre el de $50 000 y en el cuarto los de $10 000, $5000 y $2000 pesos.
De acuerdo con un comunicado del banco central, la nueva familia de billetes permitirá fortalecer la seguridad y mantener la confianza del público en el efectivo. Además, con esta emisión el banco dice responder ‘‘a las necesidades de la economía colombiana, rinde homenaje a destacados personajes del país y exalta nuestra biodiversidad’’.
La modificación de los billetes se suma a la nueva familia de monedas de $50, $100, $200, $500 y $1000 pesos que viene circulando desde junio de 2012.
En entrevista con infolaft el subgerente industrial y de tesorería del Banco de la República, Nestor Plazas, señala que con corte a enero de 2016 el valor de los billetes en circulación en Colombia ascendía aproximadamente a $62 billones de pesos. Esa cantidad de dinero será la reemplazada por las nuevas piezas.
El Banco de la República ha argumentado razones técnicas para la modificación y así lo señala en un comunicado oficial publicado en septiembre de 2015, según el cual ‘‘desde el [año] 2000, cuando se emitió el billete de $50 000, el PIB per cápita colombiano más que se triplicó y el salario mínimo más que se duplicó. Sin embargo, las denominaciones de billetes en circulación se han mantenido inalteradas’’.
Banco de la República. Foto infolaft
Cuando se conoció la noticia de la llegada de los nuevos billetes muchos columnistas, líderes de opinión y ciudadanos comenzaron a cuestionar los inconvenientes que traería pagar con un billete de 100 000 pesos una carrera de taxi, un pasaje de bus, el pan del desayuno o cualquier otro gasto básico menor del día a día.
Otros tantos lamentaron que no se incluyera en las imágenes a líderes políticos o pensadores conservadores, ya que en el de $100 000 pesos el protagonista es el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo, en el de $20 000 el homenajeado es el también liberal Alfonso López Michelsen y en el de $50 000 aparece la imagen del premio Nobel Gabriel García Márquez, quien se caracterizó toda su vida por su pensamiento de izquierda.
Pero esta decisión, que tiene un carácter técnico, podría tener una consecuencia muy poderosa que debería prender las alarmas en el sistema financiero y en las empresas del sector real del país: el eventual uso masivo y en efectivo de billetes antiguos por parte de organizaciones criminales y grupos al margen de la ley con miras a lavarlo o gastarlo antes de que se vuelva obsoleto.
Fuentes del Banco de la República aseguran que los billetes antiguos dejarán de circular en un lapso aproximado de tres años.
Las ‘caletas de las Farc y las ‘Bacrim’
El uso de ‘caletas’ es una vieja y vigente práctica de los grupos delincuenciales e insurgentes en Colombia para ocultar su dinero de las autoridades, ello en parte por las dificultades que tiene el introducirlo en el sistema financiero debido a la regulación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
A lo largo de los últimos 15 años han sido muchas las ‘caletas’ pertenecientes a las Farc descubiertas por el Ejército y la Policía Nacional, entre ellas la famosa ‘caleta’ de los $40 000 millones de pesos descubierta en 2003 por unos soldados en La Macarena, Meta, de la cual se apropiaron y por la que varios fueron condenados.
Recientemente –en julio de 2015- el presidente Juan Manuel Santos dijo, en entrevista con Claudia Gurisatti, que desde hace muchos años se ha tratado de ‘‘ubicar alguna cuenta de esas que dicen que son cuentas fabulosas que tienen las Farc en el exterior [y] no hemos podido encontrar una sola’’.
A su vez, el jefe guerrillero alias ‘Iván Márquez’ dijo en diciembre de 2015, en entrevista con la BBC, que ‘‘se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. ¿Qué le hemos dicho nosotros al gobierno colombiano o a los plenipotenciarios del gobierno en la mesa de conversaciones? Todas las cuentas bancarias de las Farc en esos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación, todas. Pero es que nosotros no tenemos’’.
De ser cierto que las Farc no tienen millonarias cuentas bancarias escondidas en Colombia o en el exterior bien podría pensarse que su dinero sigue en ‘caletas’ o ‘guacas’ enterradas en varias regiones del país.
Por otra parte y según un informe de Semana, entre enero y julio de 2015 la Policía decomisó más de $35 000 millones de pesos en efectivo al ‘Clan Úsuga’, una de las bandas criminales más poderosas del país. En el reporte periodístico se lee que el dinero estaba escondido ‘‘en cantinas de leche bajo tierra, paredes falsas de viviendas, llantas de vehículos e incluso bajo los colchones de camas’’.
Foto Prensa Armada
¿Qué dicen los expertos?
Jorge Humberto Galeano, exdelegado de riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, sostiene que el cambio de billetes, decisión tomada con ‘‘argumentos absolutamente técnicos’’, generará que ‘‘las organizaciones que han tenido literalmente enterradas fortunas ilícitas deban ponerlas a circular para hacerse a los nuevos billetes o mejor aún a los de más alta denominación para bajar los volúmenes que implica su depósito y custodia’’.
Con él coincide Santiago Castro, presidente de Asobancaria, quien considera que ‘‘esta nueva denominación [la de 100 000 pesos], sin duda alguna, hará más fácil el movimiento de grandes sumas de dinero vinculados a la ilegalidad en un país donde estas actividades pesan entre un 2 y 3% del PIB’’. El dirigente gremial además asegura que el cambio de billetes ‘‘debe convertirse en una oportunidad en la lucha contra de la criminalidad y dar un golpe certero a los dineros ilegales y al lavado de activos’’.
A su vez, una funcionaria del área antilavado de una transportadora de valores consultada por infolaft señala que ‘‘es evidente que existirá una gran presión [en los grupos delincuenciales] porque su dinero no caduque y por tanto pierda vigencia, lo que efectivamente podría llevar a que grupos delincuenciales se vean en la obligación de poner su dinero en circulación de forma que sus antiguos billetes se reemplacen por billetes nuevos o por otras divisas’’.
La experta, quien pidió expresamente no citar su nombre, también cree que con el cambio de los billetes se puede dar el caso de delincuentes recluidos o que ya salieron de prisión y que al tener ‘caletas’ se puedan apresurar a gastar el dinero, lo cual, en sus palabras, ‘‘generaría un mercado por debajo que habría que controlar’’.
Ya existe regulación sobre manejo de efectivo
La norma antilavado emitida por la Superintendencia Financiera en 2008 –Sarlaft- obliga a los bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, entre otras, a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) todas las transacciones en efectivo que realicen individualmente sus clientes por un valor igual o superior a $10 000 000 de pesos, así como las transacciones múltiples en efectivo que realice una persona que superen el monto de $50 000 000 de pesos en un mismo mes.
La misma obligación la tienen las cooperativas de ahorro y crédito, con base en lo dispuesto en el capítulo 11 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Por su parte, en su Circular Básica Jurídica la Superintendencia de Sociedades recomienda a las empresas más grandes del país ‘‘establecer controles y procedimientos para reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede operarse con clientes y proveedores’’. La norma en mención también señala que las empresas con alto volumen de manejo de efectivo deben ser más rigurosas en sus medidas de prevención y control.
Según expertos antilavado consultados por esta revista, lo relevante en este punto es que las empresas y entidades financieras obligadas a establecer controles tengan claro que el dinero en efectivo se puede convertir en un importante factor de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
No obstante, no se puede olvidar que hay negocios y comerciantes que históricamente han manejado grandes volúmenes de efectivo, tal es el caso de las centrales de abastos, estaciones de gasolina, empresas de giros postales, parqueaderos, restaurantes, supermercados, sistemas de transporte público y vendedores de piedras y metales preciosos, entre otros.
En consecuencia, todas las entidades deberían revisar en cuáles perfiles de sus clientes el efectivo está incluido y en cuáles no, para luego hacer la debida gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por su parte, la funcionaria antilavado de la transportadora de valores entrevistada por infolaft señala que dichas transportadoras ‘‘tienen la responsabilidad de realizar un minucioso examen de conocimiento del cliente y de sus operaciones con el fin de determinar que exista coherencia entre sus actividades y sus ingresos reales’’.
Buscando ‘una aguja en un pajar’
Santiago Castro, presidente de Asobancaria, asegura que la complejidad de conocer con certeza el origen y destino del efectivo (trazabilidad de la operación) ‘‘ha facilitado la materialización de conductas delictivas con fines económicos como el narcotráfico, la extorsión, la corrupción, entre otros’’.
Según la más reciente Encuesta de percepción sobre el uso y preferencias de los instrumentos de pago, realizada por el Banco de la República, el 88.7% del público nacional prefiere el efectivo como instrumento de pago y el 75% considera que la facilidad y rapidez que ofrece el efectivo son las principales razones para usarlo frecuentemente.
Además, como los billetes están hechos para circular hasta su deterioro con el fin de servir como medio de cambio, es casi imposible determinar si alguno de ellos proviene de una ‘caleta’. Sin embargo, hay algunos detalles generales que –según expertos antilavado- se deberían tener en cuenta para tratar de identificarlos.
Por ejemplo, al observar fotografías de incautaciones de dinero proveniente de ‘caletas’ se notan billetes pegados, sucios o incluso con hongos por estar en contacto con la tierra durante un periodo prolongado. Esas características serían una primera señal de alerta.
Otro aspecto indicativo sería la fecha de expedición. De acuerdo con lo expresado por conocedores del tema consultados por infolaft, la vida útil de los billetes varía dependiendo de su denominación: el que más dura es el de $50 000 pesos porque la gente lo cuida más (en promedio 3 años), mientras que el de más rápido deterioro es el de $1000 pesos (apenas 10 meses). Teniendo claro esto sería muy extraño recibir billetes que daten de hace varios años.
En consonancia con lo anterior, la firma del gerente también sería útil para identificar billetes de ‘caletas’. Casi todas las piezas que circulan actualmente aparecen firmadas por José Darío Uribe, gerente del Banco de la República desde el 4 de enero de 2005. Entonces, una señal de alerta sería encontrar grandes cantidades de billetes firmados por el anterior gerente, Miguel Urrutia, quien dirigió al emisor entre 1993 y el 3 de enero de 2005.
Algo de contexto: el robo de Valledupar
La última vez que los billetes fueron modificados en Colombia fue a mediados de los años 90 luego del cinematográfico robo de más de $24 000 millones de pesos de la sede del Banco de la República de Valledupar (Cesar). En ese momento el gobierno decidió cambiar todos los billetes con el fin de que los delincuentes no pudieran usar todo el dinero.
La estrategia fue muy ingeniosa: el Banco de la República se dio a la tarea de divulgar los seriales de los billetes robados con el fin de que no fueran recibidos por los bancos, los comercios y los ciudadanos. Semanas después el emisor tomó la decisión de cambiarlos.
Los ladrones, entonces, se enfrentaron a un complejo problema: si se apresuraban a gastar grandes cantidades de plata antes de que esta se volviera inservible podrían ser identificados más fácilmente por los bancos o los comercios; en cambio, si decidían no usarlo perderían el producto del robo.
Si bien esta vez la decisión del Banco de la República de cambiar los billetes tiene un trasfondo muy técnico, lo cierto es que podría generar el mismo impacto: que los delincuentes vean cómo el dinero producto de su actividad ilegal se pone en riesgo y por ello tengan que salir corriendo a gastarlo. Las alertas están encendidas.
