La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos de ejecución sucesiva al ex diplomático Fernando Marín Valencia por, presuntamente, haber recibido entre los años 2009 y 2011 COP 4.723 millones por parte del contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los responsables del carrusel de contratos en Bogotá.
Según informó la fiscalía, “fueron en total seis eventos diferentes en los que Marín Valencia supuestamente intervino para recibir o mover el dinero, el cual habría sido entregado tanto en efectivo como en cheques y otros títulos valores”.
En efecto, ya se conoce que la primera de estas transferencias fue en junio de 2009 y que consistió en la entrega de COP 2.223 millones, mientras que los restantes COP 2.500 millones fueron entregados en una ocasión subsiguiente en la oficina de Emilio Tapia.
A partir de estos dos eventos, que fueron el dato disparador para los investigadores, se detectaron operaciones de inversión en proyectos de construcción por sumas superiores a los COP 1.200 millones que fueron girados a unas cuentas bancarias en Estados Unidos y retirados mediante el sistema de débito bancario.
El fiscal advirtió que esta conducta implica que el empresario habría incurrido en la adquisición ilícita, colocación, transformación, ocultamiento y encubrimiento de activos provenientes del carrusel de contratos en la capital colombiana.
Por último, el fiscal delegado agregó que “con estos hechos fue afectado el bien jurídico de la administración pública dado que el exdiplomático colocó en el sistema financiero colombiano sumas dinerarias ilícitas originadas en el desfalco a Bogotá”.
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