Imagen IA editada por Infolaft
Alberto Lozano Vila
14 de agosto de 2026
La discusión sobre cómo organizar la reconstrucción ya está abierta: Fenalco propone un «Fondo Fénix» inspirado en el Forec, Juan Camilo Restrepo habla de un Plan Marshall criollo y el Gobierno anunció, con la emergencia económica, la creación del Fondo Milagro. Comparto el punto de partida —el Forec demostró que el Estado puede dirigir y controlar mientras la sociedad civil ejecuta, y se liquidó al cumplir sus metas—, pero el debate se está quedando corto en una dimensión: nadie está diciendo exactamente cómo blindar el nuevo fondo contra la corrupción. Las cifras del caso ya las conocemos: cuatro años, alrededor del 2 % del PIB y un 97 % de recursos públicos administrados por funcionarios. Así como los terremotos nos enseñaron a incorporar la sismorresistencia desde los planos, el blindaje anticorrupción del Fondo Milagro debe incorporarse desde su diseño. Estas son las seis capas.
Primero, un vistazo objetivo y técnico al enemigo. Las amenazas tienen nombre: los carteles de la contratación que ya operan en el país; los grupos políticos que ven en las ayudas votos para las elecciones locales de 2027; los contratistas de fachada creados para la ocasión; los estafadores —los únicos que ya actuaron: a menos de 72 horas del sismo circulaban colectas falsas—; los oportunistas que inflan perjuicios; los tramitadores que cobran por derechos gratuitos; los funcionarios cooptados; los grupos armados que «tributan» la obra pública; y los lavadores, para quienes un torrente de plata lícita es la oportunidad perfecta de mezclar la suya. Los riesgos que generan también los conocemos, y tienen precedente medido: tras el huracán Katrina, la auditoría estadounidense estimó que entre el 10 % y el 22 % de la asistencia a damnificados se pagó de manera indebida o fraudulenta. En nuestros órdenes de magnitud, cada punto porcentual de fraude valdría unos 200.000 millones de pesos. Y la buena noticia está en las causas: la corrupción del desastre no es una fatalidad; nace de la infiltración, de la falta de controles, de la información capturada y de la sensación de impunidad — y casi todas esas causas se corrigen con decisiones de diseño que todavía estamos a tiempo de tomar.
Capa 1. La dirección: Presidencia, Secretaría de Transparencia y UIAF
La cabeza no puede trabajar sola, y cada uno de los tres tiene tareas concretas. La Presidencia: convocar al país, concentrar la autoridad y la ordenación del gasto, y sostener un ritmo distinto del de los políticos en campaña — como lo hizo Pastrana en el 99. La Secretaría de Transparencia: diseñar el programa preventivo del fondo, producir las cláusulas anticorrupción listas para todos los contratos y montar el observatorio de las tipologías del desastre. La UIAF: monitorear en tiempo real los flujos financieros de la reconstrucción, generar alertas sobre operaciones inusuales de contratistas, operadores y receptores, y coordinarse con los supervisores y el sistema financiero. La corrupción en los desastres se detecta tarde porque nadie mira la plata a tiempo; esta capa existe para mirarla en tiempo real.
Capa 2. El Fondo Milagro: la estructura del Forec, mejorada
El fondo anunciado debe tomar del Forec lo que funcionó y corregir lo que faltó. Lo que funcionó: un consejo directivo de altísima respetabilidad —empresarios y ciudadanos sin ambición electoral ni económica— que decide quién entra, quién permanece y quién sale; la fiducia como regla de oro, para que la plata nunca la maneje quien ejecuta la obra; la ejecución descentralizada en gerencias zonales entregadas a los que ya lo hicieron bien —cámaras de comercio, fundaciones reconocidas, universidades, la Federación de Cafeteros en lo rural—; y la extinción programada: un fondo que nace con fecha de muerte no se convierte en botín permanente. Lo que hay que agregar: que ese consejo tenga dientes contractuales para terminar contratos y retirar participantes sin pleitos eternos, y blindaje jurídico para sus miembros, porque en el 99 la venganza de los corruptos frustrados terminó encarcelando injustamente a hombres de bien.
Capa 3. Las reglas, expedidas antes de que fluya la plata grande
Tres decisiones normativas rápidas, ninguna de las cuales exige inventar nada. Que la Superfinanciera y la Supersociedades —y otras autoridades— expidan instructivos especiales de la emergencia para sus vigiladas, con las señales de alerta propias del desastre. Que el Gobierno destrabe de una vez la reglamentación —pendiente desde hace más de cuatro años— que obliga a las fundaciones y ONG a tener programas contra la corrupción, porque hoy las receptoras naturales de las donaciones no tienen obligación exigible en casi ningún lugar del país, incluidos los departamentos afectados. Y que a toda entidad pública que vaya a ejecutar recursos se le exija tener vigente su programa de transparencia y ética —que la ley ya ordena— como condición para recibir el giro. Reglas primero, plata después.
Capa 4. Un fondo totalmente sistematizado
La transparencia no se agrega después: es la arquitectura. Cinco piezas, en orden de urgencia. Un portal único para damnificados, algo simple y efectivo para que no se requiera tramitador: acceso multicanal por celular, ventanillas o internet, según el perfil del ciudadano, pero siempre visible en un único sistema de información. Otro portal para la ciudadanía y los que quieren ejercer control o veeduría, donde nada esté oculto. Y, finalmente, un portal para los contratistas y aliados —o los que quieren serlo—, con reglas claras y transparencia. Un censo único de damnificados, blindado con tecnología: georreferenciación para verificar quién estaba en la zona, y una línea base visual del día cero levantada ya con satélites, drones y las imágenes que los propios ciudadanos publicaron, contra la cual se contrastará cada reclamo y cada obra durante cuatro años — esa ventana se está cerrando con cada demolición. Una base de datos de contratistas y operadores con antecedentes y beneficiarios finales, para que el cartel no se esconda detrás de una razón social nueva. La canalización por el sistema financiero obligatoria con una marca de «recursos de la catástrofe», para que todo el sistema financiero les haga seguimiento reforzado a quienes los reciban — el mecanismo que de verdad sorprendería a los corruptos, porque convierte a miles de oficiales de cumplimiento en sensores del fondo. Las empresas y las entidades financieras ya tienen marcados a los funcionarios públicos como PEP, y esto conlleva mayores controles; quienes participen de este ecosistema de reconstrucción deben pertenecer a esta categoría. Y la cadena logística como punto de control: operadores profesionales de carga y valores, con tecnología auditable, cuyo registro pruebe que lo que salió llegó — porque, como dijo Villegas, si no le llega al damnificado, se la robaron en la mitad.
Capa 5. Los sensores: una gran línea ética nacional
Un solo canal de denuncias para damnificados, voluntarios, contratistas y funcionarios, operado por una firma especializada de talla mundial, con protección real al denunciante y recompensas por delación. El modelo existe: tras Katrina, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó el National Center for Disaster Fraud, una ventanilla dedicada exclusivamente a recibir denuncias de fraude en desastres —no a trámites—, que hoy reúne a más de treinta agencias, canaliza cada denuncia al organismo competente para investigar y quedó como institución permanente para los desastres siguientes. La nuestra debe nacer con el fondo, alimentar a la UIAF y a los órganos de control, complementarse con veeduría comunitaria en las zonas donde el control clásico no llega y con monitoreo de redes para cazar suplantaciones — y quedar, también, como estructura instalada para la próxima tragedia. La experiencia es concluyente: la mayoría de los fraudes no los descubre el auditor, sino alguien que vio algo y tuvo dónde contarlo.
Capa 6. La respuesta: disuasión máxima, sin desgastar a quienes ayudan
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deben ajustar sus metodologías para acompañar en tiempo real, no para llegar con el pliego de cargos una década después. Y hay que entender cómo se derrota la sensación de impunidad: con casos emblemáticos tempranos y visibles —el primer damnificado falso procesado, la primera fundación de fachada intervenida— resueltos en semanas y contra los máximos responsables, nunca contra los voluntarios que improvisan bajo presión mientras tratan de salvar vidas con una mano y luchan contra los corruptos con la otra. Y con comunicación: que todo el país sepa, desde ya, que el censo se verifica con tecnología, que cada peso es trazable y que la UIAF está mirando. El control que se conoce disuade sin activarse: esa es la versión moderna de «sorprender a los corruptos». Más allá de los objetivos mediáticos, las cabezas de los órganos de control e investigación deben dar órdenes claras para que se busque a los máximos responsables y se desarticulen organizaciones, para que no nos quedemos en casos anecdóticos ni los corruptos —políticos, empresarios o ciudadanos— queden impunes.
Cierre
Ninguna de estas capas es teórica: todas usan instituciones, normas y capacidades que ya existen en el Estado y en el sector privado colombiano; lo único nuevo es la decisión de usarlas todas a la vez, desde el primer día. El articulado del decreto del Fondo Milagro todavía no se publica: esa es exactamente la ventana. El país va a reconstruir; la pregunta es si el Milagro va a nacer corruptorresistente o si vamos a esperar al primer escándalo para lamentarlo.
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