El pasado 4 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista a Caracol Noticias en la que trajo a colación uno de los temas que siempre ha causado interrogantes en el país: la fortuna de las Farc.
El Fiscal Néstor Humberto martínez dijo en la entrevista con Noticias Caracol, publicada hace ya varios días, que un equipo de 300 personas revisó más de 5.5 millones de documentos sobre operativos militares y policiales inéditos relacionados con el dinero de las Farc, el equivalente a varias teras de información.
Ese volumen sería cerca de la mitad de la información de los 'Panamá papers'. Esa comparación permite tener una dimensión de la cantidad de datos de los que se está hablando.
En este punto vale la pena preguntar: ¿por qué existen documentos que no habían sido consultados después de iniciado el proceso de inventario de bienes de las Farc? y ¿de quién es esa responsabilidad?
La supuesta pobreza de las Farc –sostenida por alias ‘Iván Márquez’ en una entrevista con la BBC– ha sido un tema defendido por esa guerrilla desde que iniciaron las negociaciones con el Gobierno de Colombia, y han catalogado como enemigos de la paz a quienes se han atrevido a contradecirlos.
Juicio a todas luces errado, toda vez que los análisis técnicos acerca del lavado de activos no guardan relación directa con alguna filiación política.
Según el Fiscal Martínez, las investigaciones han arrojado que las Farc tienen una multimillonaria riqueza representada en dinero, propiedades urbanas y rurales, automotores, empresas e inversiones que deberán coincidir con el inventario de activos que entreguen las Farc el próximo primero de agosto so pena de enfrentarse a un gran proceso de extinción de dominio.
Lo que queda claro es que nunca antes el Estado colombiano había contado con un inventario fehaciente y real de la fortuna de este grupo guerrillero. Y no sólo eso, además del inventario de activos, la Fiscalía General de la Nación anunció que posee un listado de testaferros identificados con nombre y número de cédula.
La ventaja principal de este hecho es que ahora habrá dos inventarios que necesariamente tendrán que ser contrastados: el que tienen las autoridades y el que entregarán las Farc.
¿Qué pasa si el inventario de las Farc no coincide con el de la Fiscalía?
Si las dos listas de activos coinciden no habrá mayor problema y se podría seguir al pie de la letra lo contenido en el numeral 5.1.3.7. del Acuerdo Final de Paz referente a la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto.
Según este texto, “las Farc-EP procederán a la reparación material de las víctimas, con los bienes y activos antes mencionados [es decir los incluidos en el inventario], en el marco de las medidas de reparación integral”.
No obstante, también es posible pensar que al momento de cotejar los datos que entregue la guerrilla y los que posee la Fiscalía se evidencie que los activos no coincidan, lo que abriría la puerta a un escenario relativamente problemático.
En este caso, los activos incluidos en el inventario de las Farc pasarán a la reparación integral de las víctimas de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional, mientras que los bienes omitidos pasarían a ser sometidos al régimen ordinario de extinción de dominio.
En efecto, y de nuevo bajo la concepción del numeral 5.1.3.7. del Acuerdo de Paz, “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.
Hay que aclarar que los anteriores preceptos contenidos en el Acuerdo de La Habana no han otorgado una amnistía patrimonial a los excombatientes, ni tampoco que los bienes inventariados hayan sido indultados de forma indirecta.
Todo lo contrario: tanto en el escenario en que los inventarios coincidan como en el que difieran, la propiedad de todos los activos de los miembros de las Farc pasará a ser del Estado, ya sea a partir de las reglas extraordinarias establecidas en el acuerdo para la reparación de las víctimas o a través de los procedimientos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, en especial el de extinción de dominio.
Una de las declaraciones más importantes del Fiscal en la entrevista fue asegurar que las Farc tienen “miles de inmuebles urbanos y miles de inmuebles rurales”, condición que podría elevar el riesgo de lavado de activos en el sector de bienes raíces, por la supuesta presencia allí del dinero ilícito.
No se trata ni mucho menos de generar un estigma sobre este importante sector que jalona la economía del país, pero es una señal de alerta que se debe tener en cuenta.
Sin embargo, el dinero de las Farc no solo estaría representado en bienes inmuebles, sino que también estaría en otros sectores. De acuerdo con el Fiscal Martínez, las Farc tienen algún tipo de relación con “empresas muy, muy grandes con las cuales los ciudadanos de a pie tienen contacto todos los días por sus productos”.
Debido a esto cobra aún más relevancia la necesidad de coincidencia entre el listado de bienes que entregue las Farc y el inventario de activos que levantó la Fiscalía a través de herramientas tecnológicas y de minería de datos, puesto que todo el patrimonio que se verifique como perteneciente a la guerrilla o a alguno de sus excombatientes y que no haya sido declarado será sometido al procedimiento ordinario de extinción de dominio.
En este caso, entre mayor sea el número de bienes de las Farc que aparezcan en la base de datos de la Fiscalía y que fueron omitidos, mayor será el esfuerzo que tendrá que hacer el Estado para privar del derecho real de dominio a quienes aparezcan como propietarios a través de procesos ordinarios de extinción, lo que daría origen a un mega proceso de extinción de dominio.
Es importante recordar que solo entre 2012 y 2015 la Fiscalía General afectó con fines de extinción del derecho de dominio un total de 9500 bienes avaluados en cerca de 11 billones de pesos. Es más, solo en 2015 –según cifras de la propia Fiscalía– se afectaron 1424 bienes avaluados en 5 billones de pesos.
La consecuencia principal de situarnos en esta hipótesis sería un indeseable detrimento al acervo destinado a la reparación de las víctimas por parte de las Farc, dado que habría una masa de bienes que no sería entregada conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Paz para indemnizaciones, sino que pasaría a manos del Estado a través de procesos judiciales ordinarios.
Y en este tipo de procedimientos está previsto que del total de lo extinguido el 25% se destine a la Rama Judicial, el 25% a la Fiscalía y el 50% restante para el Gobierno Nacional, quien reglamentará la distribución de este último porcentaje.
En suma, y como ya se vio, tanto si las Farc declaran todos sus bienes como si omiten activos, toda la propiedad ilícita obtenida a partir de conductas ilegales por los excombatientes va a pasar a las arcas públicas, pero mientras que en el primero de los escenarios el total de este patrimonio iría a la reparación integral las víctimas, en el segundo se destinaría al funcionamiento de la rama judicial, a inversiones en la Fiscalía y tan sólo un 50% podría ir a reparación siempre que el Gobierno así lo disponga.
¿Se judicializará a los poseedores de los activos de las Farc?
En este mega proceso de extinción de dominio existe otro tema de difícil trámite: los testaferros. Ellos son, básicamente, los tenedores de los activos ilícitos. Según el Fiscal General de la Nación en la entrevista referenciada con anterioridad, “el patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio.
Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sino de la jurisdicción ordinaria.
En efecto, la JEP está establecida para investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
Así, todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado cometieron delitos en el contexto y en razón de éste pueden acceder a la JEP siempre que aporten verdad plena, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición.
En este sentido, aquellos terceros que sin ser parte de las Farc hayan obtenido un incremento patrimonial injustificado y que opten por mantener su fortuna ilícita no tienen cabida en la justicia transicional, y por ende deberán ser procesados en la jurisdicción ordinaria.
Al fin, ¿cuánto tienen las Farc?
El Fiscal Martínez también dijo en la entrevista que las Farc tienen una fortuna de “billones de pesos” y es importante recordar que son pocas las empresas que facturan billones de pesos anualmente.
Es presumible que esta cifra, que se presentó sin precisión, no sea muy diferente a la publicada por el semanario The Economist en abril de 2016 en su artículo ‘The Farc Finances: Unfunny Money’, en el que fue citado un informe no confirmado ni publicado de la Uiaf de Colombia según el cual la guerrilla tenía un ingreso anual de entre 580 000 millones de pesos y 10 billones de pesos (entre USD 200 millones de dólares y USD 3 500 millones de dólares) y un patrimonio de 33 billones de pesos (aproximadamente USD 10 500 millones).
Por solo poner un ejemplo, al revisar los activos totales de la base de datos de las 1000 empresas más grandes del sector real, publicada por la Superintendencia de Sociedades, con corte a 2015 y bajo la metodología NIIF, se observa que 61 empresas superan el umbral de los 2 billones de pesos, entendiéndose un billón como un millón de millones.
En el primer lugar de la lista, y según información de la misma base de datos, se encuentra Ecopetrol con 100 billones de pesos en activos, seguida de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con 34.7 billones de pesos, y el Grupo Aval Acciones y Valores con 28.5 billones de pesos.
Si las Farc tuvieran el monto de dinero referido por The Economist de 33 billones de pesos de patrimonio, entonces serían la segunda ‘empresa’ (nótese ‘empresa’ entre comillas) más grande del país.
¿Cómo se hará la entrega de los bienes de las Farc?
Una cosa es entregar un inventario, que ya bastantes cuestionamientos ha tenido, y otra es la entrega concreta de todos los bienes materiales. Es importante precisar que muchos de estos bienes pueden haber sido adquiridos o tener alguna relación con terceros de buena fe exenta de culpa –es decir, aquellos que tienen participación en un bien o propiedad sin conocer la ilicitud de su procedencia– o tener procesos legales encima.
Además, el patrimonio autónomo administrado por el Estado que administrará los bienes, tendrá que cumplir con todos los parámetros establecidos por el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), el cual contempla una serie de etapas para identificar, medir, controlar y hacer monitoreo del riesgo de LA/FT.
En síntesis, de lo único que se tiene certeza en este momento es que efectivamente en el Decreto 903 de 2017 está escrito que los bienes de las Farc irán para la reparación de víctimas y para “programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final”; es decir, actividades relacionadas con programas económicos y sociales para la guerrilla, entre ellas la creación de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las Farc y la conformación de una cooperativa que promoverá la reincorporación económica colectiva de sus integrantes, según se menciona en el acuerdo final:
“Por otra parte, con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”.
Es importante entender que existen tres posibles escenarios por medio de los cuales las Farc devolverán su dinero. En primer lugar, entregándolos directamente a las víctimas, por medio de una autoridad o directamente.
En segundo lugar, entregándolos – como esta previsto– al patrimonio autónomo del Gobierno en donde se dividirá el dinero entre las víctimas y los programas económicos y sociales de la guerrilla.
Y en tercer lugar que los bienes sean objeto de la acción de extinción de dominio por medio de la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, hay un punto que se debe traer a colación es la afirmación de Fiscal Martínez acerca del patrimonio ilicito de las Farc. De acuerdo con el alto funcionario, “el acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las Farc”, que fue lo mismo que anunció Infolaft hace más de dos años cuando se conocieron los borradores de los acuerdos en el punto 4 de la negociación relacionados con la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, y tema que está contenido en una cartilla publicada recientemente por la Oficina del Alto Comisionado de Paz acerca del manejo que se dará a las finanzas de las Farc.
