El día de ayer el Presidente de la República, Iván Duque, en compañía del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, radicó en la secretaría del Senado de la República un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluye una de las principales promesas de campaña del presidente Duque: la extinción de dominio ‘exprés’ para quienes desplieguen actos de corrupción contra la administración pública.
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En el acto de radicación del proyecto, Iván Duque pronunció un discurso en el que señaló que, en cumplimiento a lo anunciado el pasado domingo en su alocución presidencial luego de la consulta anticorrupción, está “presentándole al país este proyecto tan importante en la lucha contra la corrupción y en el fomento de la probidad pública”, dijo. Asimismo, el presidente también ratificó que “la corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer” y que la lucha por la transparencia “no tiene color político” y que, por el contrario “es una tarea de todos”.
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A su turno, el procurador general comentó que “este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la muerte comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”, para luego afirmar que el proyecto “es simplemente la muestra de que le estamos respondiendo a la ciudadanía, porque lo que hubo el domingo fue un clamor contra la corrupción, y creemos que hay que materializarlo no solo en leyes, en actos administrativos y resoluciones, sino en cambios de comportamiento ciudadano”.
El proyecto de Ley
En términos generales, este proyecto de ley busca fortalecer el régimen de responsabilidad penal de las sociedades y empresas que pretendan corromper a funcionarios, establecer sanciones de inhabilidad para contratar con el estado hasta por 20 años para corruptos, darle vía libre a la extinción de dominio exprés para estas conductas y aumentar de 5 a 20 años del tiempo para sancionar a servidores públicos. De manera detallada, el contenido del proyecto de ley anticorrupción es el siguiente:- Con el fin de fortalecer la misión preventiva el proyecto de norma establece un sistema de detección de alertas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos que estará integrado a partir de información del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
- El proyecto ajusta el régimen disciplinario para combatir la corrupción, y amplía los términos de prescripción de la acción disciplinaria que pasan de cinco a veinte años para las faltas gravísimas dolosas. Igualmente plantea un ajuste a la dosificación de las sanciones disciplinarias según la gravedad de la falta y el título de responsabilidad, dolo o culpa.
- Regula la sanción disciplinaria para los servidores públicos que no diligencien u omitan información en la declaración de bienes, incumplimiento que será considerado como una falta gravísima.
- Por primera vez se inhabilitarán las empresas privadas para contratar con el Estado hasta por 20 años si sus representantes legales o directivos participan en actos de corrupción que beneficien a esas compañías.
- Contempla la caducidad de los contratos estatales cuando se demuestre una falta disciplinaria gravísima dolosa, relacionada con la contratación o delitos contra la administración pública o el patrimonio público.
- Plantea la creación de mecanismos de protección a denunciantes y testigos con el fin de promover e incentivar las noticias criminales de actos de corrupción.
- El proyecto de ley establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública, el medioambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y todos los delitos que afecten el patrimonio público. Esa responsabilidad será independiente de los delitos en que puedan incurrir sus administradores o representantes legales.
- Entre las sanciones establecidas para las personas jurídicas se encuentran la multa, la remoción de sus administradores o representantes, la prohibición de ejercer la actividad económica, no recibir subsidios ni celebrar contratos con el Estado y la muerte, equivalente a la cancelación de la personería jurídica.
- El proyecto incluye la extinción de dominio abreviada frente a delitos que afecten la administración pública o el patrimonio económico cuando se cumplan ciertas condiciones como un número máximo de bienes y el valor tope de los mismos, entre otras, lo que permitirá integrar en una misma audiencia las decisiones que se deban adoptar.
- Por último, el proyecto busca la integración de una red nacional para la prevención de la corrupción con el apoyo de las oficinas de control disciplinario de todas las entidades públicas, las personerías y todas las entidades y dependencias que cumplen funciones disciplinarias.
