En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf. En su entrevista, Gutiérrez se refirió a varios temas, entre ellos, los nuevos obligados, la calidad de los ROS y la evaluación hecha por el FMI al sistema anti lavado colombiano.
¿Se encuentra la Uiaf apoyando la emisión de regulaciones para nuevos sectores obligados?; en caso de que así sea, ¿cuáles sectores pasarían a ser obligados próximamente?
No estamos pensando incluir nuevos sectores.
Entre 2011 y 2016, comenzamos con aproximadamente 4000 sujetos obligados a reportar y cerramos con aproximadamente 13000. Esto implicó un importante crecimiento de los sujetos obligados, más información para análisis y más focalización en nuevos sectores.
En este momento la estrategia es diferente, lo que se busca es estar mejor articulados en el sistema y tener mejores niveles de cooperación y coordinación con los distintos sectores, subsectores y actividades económicas.
Lo que estamos haciendo con los actores y los sectores es ir por grandes volúmenes de información en temas muy específicos, y llegar a acuerdos para trabajar información objetiva con métodos de Big Data y analítica, es decir con minería de datos, redes complejas, estadística y matemáticas avanzadas.
Siempre queremos más información para generar conocimiento, pero queremos que sea información específica, que no desborde a las entidades ni genere mayores costos de transacción para los sujetos obligados.
Por estas razones, no necesitamos poner a reportar a otros sectores y no estamos trabajando con los supervisores para este objetivo, aunque sí para otros.
¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los ROS que están presentando los nuevos obligados, teniendo en cuenta que muchas personas de las áreas de cumplimiento no han presentado antes un reporte de esta naturaleza?
Para responder esta pregunta, debo mencionar los sistemas de prevención de lavado de activos a nivel mundial.
Estos sistemas se crearon para que el reporte de operación sospechosa fuera el insumo fundamental para los procesos de prevención y detección de lavado de activos, sus delitos fuente y, posteriormente, la financiación del terrorismo.
Sin embargo, los sistemas anti lavado no tuvieron la efectividad esperada en muchos años. En el año 2011, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito habló de una tasa de interceptación de 20 centavos por cada 100 dólares de los dineros que se les quitaba a las estructuras criminales; el resto pasaban al circuito económico para ser lavado.
Esto quiere decir que existía una efectividad mínima, baja y crítica de los sistemas anti lavado a nivel mundial.
En el año 2011, revisamos la efectividad de los ROS en Colombia; en ese momento, en promedio de cada 100 reportes, 7 iban a desarrollo de caso detallado en la Subdirección de Análisis de Operaciones de la Uiaf, y 3 de esos generaban casos que se difundían a la Fiscalía General de la Nación.
Por eso empezamos a construir el indicador de efectividad del ROS (IEROS), con el fin de señalar qué tanto servía este insumo para la persecución del delito y, sobre esa base, retroalimentar a los sujetos obligados para mejorar la calidad de los reportes. De acuerdo con el indicador determinamos que los ROS no se estaban aprovechando tanto como nosotros queríamos.
Debido a esto, pusimos en marcha nuevas estrategias para mejorar la calidad del ROS, entre ellas, la optimización de los talleres y capacitaciones, aumentar y mejorar la interlocución con los sujetos obligados, y la creación de otro indicador: el Indicador de Completitud del ROS (ICROS).
El indicador de completitud dice si el ROS tiene todos los componentes que debe tener el reporte y esa evaluación inmediatamente le llega al sujeto obligado a reportar. El IEROS dice qué tanto está sirviendo el reporte para la detección, la judicialización y las sentencias.
En eso vamos mejorando; sin embargo, lo que estamos haciendo es utilizar el ROS como un insumo importante, pero no como el único que se requiere para dar origen a los procesos de análisis de inteligencia financiera y económica.
En este sentido, no interesa tanto cuántos ROS van a análisis detallado, pues realmente se están utilizando todos los reportes para ser relacionados y cruzados con el resto de la información o bases de datos de la Uiaf.
Esto, con técnicas de Big Data y analítica y, especialmente con redes complejas, permite ver estructuras y redes posiblemente criminales, definir los nodos importantes de esas estructuras para hacer análisis financiero y proceder a judicializar.
En resumen, el ROS es importante, pero no es el único insumo. Hay que seguir trabajando en su completitud, en su calidad y efectividad.
Entre 2011 y 2016, se recibían alrededor de 800 ROS mensuales; durante el año 2018, la UIAF recibió cerca de 14000 ROS, más de 1000 al mes y con tendencia creciente.
En este sentido, toda la información es válida, seguimos trabajando en calidad, pero lo importante es que esa información la sepamos utilizar y podamos optimizar su uso para generar cada vez más conocimiento, más casos y más judicialización.
Usted menciona que, en el 2011, el índice de efectividad señalaba que cerca de 3 reportes de 100 llegaban a la Fiscalía. ¿En cuánto está ese índice hoy en día?
Como mencionaba, la idea es que el ROS sirva como uno de los insumos de uno o varios casos en donde entra mucha más información.
En los meses que llevamos trabajando en la Unidad, queremos que todos los sujetos obligados se mantengan en unos indicadores “razonablemente altos”, para apoyar la efectividad en la estructuración de los casos y en la judicialización. El objetivo es que los casos desarrollados sean de máxima utilidad para la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Lo que buscamos es que por lo menos el 40% de los ROS den origen a casos y así, su información analizada oriente cada vez de mejor forma el trabajo de la Fiscalía General de la Nación.
Esto no quiere decir que solamente se utilicen los reportes que se convierten en caso; insisto en que en la UIAF estamos utilizando toda la base de datos de ROS, incluidos los históricos. Esto implica que recurrimos a los más de 180.000 ROS que han llegado a la entidad en los 19 años de trabajo.
En su informe, el FMI indicó que la Uiaf debe ampliar su apoyo en las investigaciones de LA/FT. ¿Considera que la Uiaf cuenta con el marco legal e incluso presupuestal para cumplir con esta exigencia?
Primero quisiera hacer unos comentarios sobre el proceso de evaluación y el resultado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en donde el FMI examinó el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Colombia.
No fue un mal resultado, pero considero que pudo haber sido mejor. Tal vez debió haberse dado un mejor entendimiento y un cruce de información más efectivo entre la institucionalidad colombiana y el FMI.
Hay dos aspectos que considero que no fueron adecuadamente calificados. Uno tiene que ver con la extinción de dominio, que obtuvo una buena calificación, pero hubiera podido ser óptima. Colombia ha sido líder en la efectividad de extinción de dominio y en la emisión de normatividad sobre el tema, gracias al trabajo de la Fiscalía y de todos los actores que permiten estos procesos.
El otro tema tiene que ver con lavado de activos en los procesos de judicialización, considero que el resultado también hubiera podido ser mejor, pues la calificación fue baja. En Colombia ha habido casos muy importantes de lavado, aunque hay que admitir que se necesitan más procesos y sentencias, especialmente de lavado de activos por delitos fuente diferentes al narcotráfico.
En la actualidad, con lo que llamamos el Sistema Dinámico y Efectivo, estamos interactuando activamente con la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo conjunto de los casos más importantes, lo que con seguridad nos llevará a más y mejores resultados. Cuando entregamos un informe de inteligencia financiera a la Fiscalía General de la Nación, esos casos se llevan a mesas de trabajo y a procesos de retroalimentación que muestran que estamos articulados y trabajando de lleno con la Fiscalía, con la comunidad de inteligencia y con otros actores del sistema para desestructurar las organizaciones criminales y hacerlas no resilientes.
También estamos haciendo mesas de trabajo con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Transparencia y, en general, estamos abriendo un panorama importante de trabajo coordinado y articulado, que debe impactar positivamente la efectividad del sistema ALA/CFT.
En cuanto a su pregunta sobre el marco legal y presupuestal de la entidad, debo decir dos cosas: primero, que la UIAF cuenta con un marco legal amparado en la Ley 526 de 1999 y la Ley 1621 de 2013, esto nos da las facultades para cumplir con nuestra misión garantizando los Derechos Humanos; segundo, aunque la UIAF es una entidad pequeña, contamos con tecnología de punta para realizar las labores de inteligencia financiera y económica; esto ha marcado la diferencia porque, sin tecnología, no sería posible procesar y analizar los enormes volúmenes de información que nos llegan todos los días. Otro plus de la entidad es su capital humano altamente calificado, siempre hemos buscado los mejores perfiles porque sabemos que la responsabilidad que tenemos con el país es muy grande.
Es importante mencionar que el alto Gobierno le ha dado la mayor importancia y respaldo a la Uiaf y que nos apoyan incondicionalmente.
¿Qué ajustes está realizando la Uiaf a la Evaluación Nacional del Riesgo, con base en las recomendaciones del informe del FMI?
Estamos desarrollando la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) 2019, porque es necesario actualizar la información del país con respecto a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La metodología de la ENR aplicada en el 2013 y que se mantiene este año, fue provista y apoyada por el Banco Mundial y nuevamente contamos con el apoyo de este organismo y con la infraestructura necesaria para ejecutar la evaluación.
Estamos mejorando significativamente la información, y en esto hay que agradecerles a todos los sectores, pues la Uiaf, en distintos formatos, ha pedido grandes volúmenes de información para tener un mejor conocimiento de los sectores, subsectores y actividades económicas.
La idea es que al final de este año, aproximadamente en noviembre, tengamos los resultados de la ENR 2019. A partir de esta evaluación, se debe generar un documento Conpes de políticas públicas para combatir el delito.
La política pública nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, única que ha habido en Colombia, está consignada en el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013. El plan de acción de ese documento ya se agotó y por eso necesitamos una nueva ENR que permita la puesta en marcha de nuevas políticas públicas.
De manera paralela, vamos a seguir desarrollando nuevas tecnologías para generar mapas de riesgo dinámicos y actualizados periódicamente, con el objetivo de reducir la carga operativa de las evaluaciones y contar con una ENR permanente.
¿Ha detectado la Uiaf nuevas tipologías de LA/FT durante el último año?; en caso de que así sea, ¿cuáles nos puede mencionar?
La economía, la actividad criminal y los procesos de lavado son dinámicos y nosotros tenemos que estar analizando todos los sectores permanentemente. Este es un trabajo diario.
En este punto es importante mencionar el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo, en el que la Uiaf ejerce la secretaría técnica. En esa instancia, estamos examinando las economías ilícitas, modus operandi o tipologías, especialmente en algunas regiones del país, ya que la idea es, no solamente mirar el análisis sectorial, sino también el georreferenciado, focalizado.
Estamos estudiando el tema de criptoactivos, sin descuidar otros temas. Próximamente, en conjunto con la Superintendencia Financiera de Colombia, publicaremos una cartilla informativa y preventiva sobre el tema.
¿Qué recomendaciones puede darles a los Oficiales de Cumplimiento para la identificación de beneficiarios finales?
Recomendamos seguir lo indicado en las 40 Recomendaciones del GAFI.
En particular, es importante que las empresas entiendan los riesgos de tener relaciones financieras y comerciales con una persona, natural o jurídica, que no entregue la composición de sus beneficiarios finales y que se instaure un proceso de cultura financiera para que se entregue, reciba y analice la información completa de todas las contrapartes. Se debe realizar la mejor Debida Diligencia.
Entre 2017 y 2018, usted trabajó en el sector privado. ¿Qué aprendizaje del sector privado cree que puede ser útil en su gestión como director de una de las instituciones más importantes para prevenir actividades ilícitas en Colombia?
Fue una experiencia de mucho crecimiento. Me dio la oportunidad de estar al otro lado, en las áreas de cumplimiento.
Estar en esa posición me sirvió para conocer mejor las necesidades de las áreas de cumplimiento frente a las solicitudes de información de la Uiaf para crear un diálogo más fluido, saber qué información se puede solicitar y cómo puedo ayudar, desde la Uiaf, a los sujetos obligados.
También me permitió conocer las dificultades que existen para tener un sistema de administración de riesgos robusto.
Una de las problemáticas más importantes que identifiqué es que cuando se tienen varios supervisores para varias actividades de la empresa, no siempre es claro lo que se debe responder a cada uno.
Por esa razón, hemos trabajado desde la Uiaf en la creación de una cartilla, ya publica, que resume las normas que aplican a cada sector y los tipos de reportes que deben enviar los sujetos obligados, tanto del sector financiero, como del sector real.
En conclusión, trabajar en un área de cumplimiento me permitió identificar la necesidad de utilizar mejor la información, pedir solo lo que se requiere y no pedir más de lo necesario. Adicionalmente me permitió entender mejores formas de acompañamiento, interacción y cooperación con los distintos actores del sistema anti lavado.
¿Cuál es su recomendación para los nuevos obligados a la hora de presentar sus primeros ROS?
Lo primero que hay que decir es que la Uiaf recibe y utiliza todos los reportes de operación sospechosa, incluso los que no tienen la mejor calidad.
Sin embargo, sí queremos que el ROS cuente con la mejor información, es decir, que cumpla con los parámetros de un ICROS (Indicador de Completitud del ROS) alto.
Esto quiere decir que el ROS debe describir muy bien la operación sospechosa, incluir las fechas en que ocurren los hechos, precisar los lugares exactos, contener los nombres y las identificaciones completas de las personas naturales y jurídicas que participan en la operación, e indicar las señales de alerta. Es importante que exista una narrativa clara de la operación sospechosa y si es posible, señalar el contexto de esta.
Adicional a eso, es importante aportar todos los soportes y anexos con que cuente la empresa.
También es importante tener en cuenta que los reportes recaen sobre operaciones sospechosas, no sobre personas sospechosas, por lo que se debe explicar claramente a la Uiaf la participación de las personas en la operación reportada.
Es recomendable que antes de reportar, revisen en sus sistemas de administración de riesgo y en su parametrización, la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa y verifiquen toda la información con la que se cuente sobre la operación sospechosa.
¿Qué opina de los ROS preventivos?
Entendemos que tanto en el sector financiero como en el real, las áreas de cumplimiento tienen que cubrir y atender el riesgo reputacional.
Yo lo que recomiendo es que, si tienen dudas, reporten.
Eso puede convertirse en una carga operativa para la Uiaf, pero tenemos la capacidad tecnológica de filtrar y utilizar la mejor información.
Sin embargo, lo que queremos es llegar a acuerdos con todos los gremios y los comités de oficiales de cumplimiento para marcar adecuadamente los ROS y las categorías de ROS, entre los que se encuentran los ROS preventivos, que tienen que ver, por ejemplo, con la aparición de clientes o contrapartes en lista OFAC, noticias de prensa, o requerimientos judiciales.
Es importante que exista en el área de cumplimiento una plena identificación de la persona natural o jurídica que se indica en el reporte, derivada de las alertas anteriormente mencionadas.
