La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo contra el Soborno Internacional.
Colombia sigue sin cumplir plenamente con las disposiciones de la Convención de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
Esa, por lo menos, es la conclusión del Informe fase 3 de ese organismo, publicado este jueves 19 de diciembre.
El documento recuerda que ya en 2018 se había solicitado a Colombia la actualización del Decreto 1674 de 2016 (el cual define un listado de cargos públicos con mayor riesgo de LA/FT) para alinearlo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Básicamente se requiere que el Gobierno de Colombia incluya como personas expuestas políticamente (PEP) a los funcionarios públicos extranjeros, pero la tarea sigue sin hacerse.
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De hecho, dentro del informe se lee que, a pesar de que Colombia informó que se está adoptando una ley y un decreto destinados a abordar los problemas identificados en la definición de las PEP y en la identificación de beneficiarios finales, el Grupo de Trabajo contra el Soborno de la OCDE “no pudo evaluar el contenido preciso de estas medidas”.
Vale la pena mencionar que esta es una tarea en cabeza de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
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