En uno de los más recientes informes sobre la corrupción en el país titulado “Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018” de Transparencia por Colombia, se incluye un capítulo dedicado a presentar el estado actual de la corrupción privada en el mercado colombiano. Según el informe, “empresas y empresarios son también corresponsables en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción que afectan su propio entorno de negocios, el mercado en el cual operan y su relación con el ámbito público”.
Los hallazgos del capítulo regional de Transparencia Internacional muestran que del total de los casos de corrupción registrados entre enero de 2016 y julio del 2018, el 9% está asociado a corrupción privada, es decir treinta casos. “Este tipo de irregularidades erosionan la confianza en las empresas y cuestionan cada vez más los estándares éticos en el ejercicio de las actividades comerciales”, advierte el documento.
El resultado del conteo de las conductas más relevantes en esta materia y los casos tipo que se incluyeron son los siguientes:
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1. Manejos administrativos arbitrarios o fraudulentos
El 20% de las conductas de corrupción privada son por manejos fraudulentos. El caso que trae el informe para ejemplificar la conducta es el de la caída de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, que dejó 21 personas muertas en abril del 2017.
A raíz de este suceso se empezó a destapar una red familiar responsable de construir 36 edificaciones que violaban la legislación vigente. En investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación se evidenció que la familia Quiroz, dueña de la Constructora Quiroz, sería la responsable del problema de urbanización ilegal en la ciudad.
Esta red familiar se dedicó a falsificar licencias de construcción, escrituras públicas y a comercializar las viviendas sin los permisos requeridos. La Fiscalía también reveló que la red contaba con el apoyo de diferentes funcionarios de dependencias del distrito turístico, tales como curadores, alcaldes menores, secretarios de planeación y funcionarios de control urbano.
2. Obstáculos para garantizar la libre competencia – colusión
De las conductas de corrupción privada el 13% son acuerdos contrarios a la libre competencia y colusiones empresariales. El caso que trae el informe para ejemplificar la conducta es el ocurrido entre 2009 y 2012 en el que varias empresas de vigilancia que competían en licitaciones públicas con el Estado por más COP 70 mil millones se vieron involucradas en una operación de cartelización al conformar un grupo empresarial denominado Security Managment Group (Grupo SMG), con el cual manipularon procesos de licitación y fijaron los precios de costo del servicio para beneficiarse entre sí. Por estos hechos, en 2017 fueron sancionadas siete empresas y sus directores por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y les fue impuesta una multa de más de COP 26.000 millones.
3. Sobrecostos del privado en la celebración de contratos
De las conductas de corrupción privada el 10% son la inclusión de sobrecostos en los contratos, como ocurrió en marzo del 2009 cuando Metrocali suscribió un contrato por un valor cercano a los COP 22 mil millones con Hafira Ve Hatziva Ltda., empresa israelí, para construir la Terminal Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, con un plazo de ejecución de diez meses.
Tras múltiples suspensiones y prórrogas solo hasta noviembre del 2010 se inició la etapa de preconstrucción y Metrocali le giró a la empresa un anticipo de COP 6.825 millones, que correspondía al 30% del valor del contrato. Este monto debía destinarse específicamente a comprar materiales, planta y equipos, pero la empresa contratada gastó el dinero injustificadamente y nunca ejecutó la obra.
No sólo se incumplió el contrato, sino que muchos de los gastos no contaban con los correspondientes soportes contables que los justificaran, lo que levantó sospechas sobre el destino de los recursos. En abril del 2017 la Contraloría General de la República condenó a Luis Eduardo Barrera, expresidente de Metrocali, y a la empresa israelí con la imposición de una multa de más de COP 8.000 millones.
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4. Lavado de activos, evasión de impuestos y contrabando
La cuarta conducta más reiterada en el ámbito de la corrupción privada en Colombia, con un 6%, es el lavado de activos, la evasión de impuestos y el contrabando, acciones que el informe trata conjuntamente.
Para ejemplificar el caso, el documento comenta que en 2018 la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desmantelaron una organización que compraba medicamentos vencidos en Venezuela y Ecuador para luego traerlos al país. La red alteraba los registros sanitarios y demás permisos para así venderle droga inservible a hospitales, clínicas, farmacias y pacientes.
En otras ocasiones, afirmaron las autoridades, la red robaba medicinas de almacenes de las EPS o recompraba las drogas a pacientes para luego revenderlas. De igual forma contaba con laboratorios clandestinos donde se usaba cemento, harina y colorantes artificiales para la fabricación de remedios adulterados. Se estima que cada año facturaron más de COP 5.000 millones.
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