El pasado 9 de abril la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades envió a las 873 compañías obligadas a cumplir la Circular 100-000005 de 2014 el primer requerimiento para evaluar el avance en la implementación del sistema de autocontrol y gestión de riesgo de LA/FT. ¿Cómo le fue a la Superintendencia en esta tarea y cómo está evaluando el grado de avance?
Respuestas en proceso de revisión
Al cierre de esta edición aproximadamente 400 compañías habían respondido el requerimiento e informado a la Superintendencia de Sociedades sobre el grado de avance de su sistema de autocontrol y gestión de riesgo de LAFT. Todas las respuestas han sido revisadas y analizadas por la Superintendencia y de manera general se identificó que el estado de implementación no es el mismo en todas las compañías.
Algo que llama la atención es que más del 40% de las empresas no contestaron el requerimiento enviado el 9 de abril. De este grupo la Superintendencia logró comprobar que algo más de 100 sociedades no recibieron correctamente el oficio, por lo que ha procedido nuevamente con su envío. En relación con el resto de sociedades que no atendieron al requerimiento, la Superintendencia está trabajando para establecer cuáles fueron las razones.
Aun cuando el término oficial para dar respuesta ya se venció, la Supersociedades seguirá recibiendo las respuestas de las compañías para evaluar su contenido y analizar las razones por las que se entregaron tardíamente. No obstante, para aquellas entidades que no contestaron o contestaron por fuera del término sin justificación alguna, la Supersociedades procederá a emitir durante el presente mes de junio un nuevo oficio requiriendo que, en un plazo ‘‘perentorio e improrrogable’’, remitan la información solicitada y, adicionalmente, adjunten un plan detallado de trabajo donde expliquen la forma en que procederán a cumplir con las instrucciones de la Circular 100-000005 de 2014.
El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables, Juan Antonio Duque, señala que es importante que las empresas entiendan que ‘‘este proceso no proviene de una decisión caprichosa e injustificada por parte de la Superintendencia sino que surge de la necesidad de combatir y prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en beneficio de las propias sociedades, de manera que puedan evitar las consecuencias negativas que van desde problemas de tipo penal hasta problemas de tipo reputacional para las compañías’’.
Opiniones positivas de los empresarios
En uno de los apartes del requerimiento la Supersociedades solicitó a las empresas informar sus opiniones respecto al proceso de implementación del sistema. Según Juan Antonio Duque, ‘‘fue de buen recibo la forma como estamos supervisando la ejecución del proceso. Fue muy agradecido por varias compañías, pues se sintieron acompañadas en este proceso de implementación del sistema’’.
De acuerdo con el mismo Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables de la Supersociedades, ‘‘el objetivo primordial de la Superintendencia, dadas sus funciones legales, es acompañar e instruir a las compañías en la implementación del sistema que tienda a prevenir el riesgo de lavado de activos’’.
¿Cómo se está evaluando el avance?
La Superintendencia de Sociedades estableció de manera autónoma y con base en su experiencia cinco criterios para evaluar el grado de avance de la implementación de la política, cada uno de los cuales aporta un 20% de la calificación total. Entre dichos criterios se encuentra la socialización del tema con la junta directiva, la aprobación de la política por parte del máximo órgano social, la elaboración de un manual que contenga las políticas y la divulgación e interiorización de la importancia de prevenir el LA/FT en las compañías.
No todas las empresas que respondieron el requerimiento tienen implementado su sistema al 100% y por ello la Superintendencia solicitará que le informen del proceso que aplicarán para completar su sistema lo más pronto posible. En este punto se tendrá en cuenta que, además de la emisión de la política y del manual, se hagan las labores necesarias para garantizar la institucionalización de la política y de su efectiva puesta en marcha.
