Uno de los puntos en los que peor le fue a Costa Rica en el informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue en la implementación de controles para combatir la financiación del terrorismo en el sector de organizaciones sin fines de lucro, entre ellas las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué puede aprender Colombia de esta situación?
Históricamente, la lucha contra la financiación del terrorismo ha sido un tema relegado en comparación con el combate al lavado de activos, quizá debido a que muchos países y entidades ven el terrorismo como algo lejano y ajeno que únicamente afecta a unos cuantos.
No obstante, el recrudecimiento de los ataques por parte del grupo Estado Islámico (EI) en París, Francia, donde funciona la sede del Gafi, ha hecho que el máximo organismo de lucha contra el LA/FT le ponga más atención al asunto y por ello es grande la posibilidad de que se vuelva más exigente en el cumplimiento de sus estándares contra la financiación del terrorismo.
Por lo menos eso se puede interpretar de un comunicado emitido por Gafi el 16 de noviembre en el que observó que varias jurisdicciones tienen ‘lagunas’ en sus marcos jurídicos y en el que anunció que va a continuar con sus esfuerzos para cerrarlas y para ‘‘asegurarse de que todas las jurisdicciones implementen estas medidas [contra la FT] con eficacia’’.
Y en el contexto latinoamericano cobra relevancia la evaluación del sistema de prevención LA/FT de Costa Rica, la cual no solo debería importarle a las autoridades y entidades de ese país centroamericano, sino también a las autoridades y empresas privadas colombianas porque es el primer informe que se publica en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y porque permite observar cómo se está midiendo la efectividad y a qué sectores Gafilat les está poniendo la lupa.
