El pasado lunes el Observatorio de Drogas de Colombia publicó el Reporte de Drogas 2017, que muestra una fotografía del estado actual del país frente al consumo, producción y comercialización de narcóticos, así como de los delitos conexos a estas actividades.
Frente al lavado de activos, al cual se le dedicó un capítulo completo, el reporte hace importantes afirmaciones tanto para la modificación y adopción de políticas públicas así como para la prevención del LA/FT desde el sector privado.:
- El reporte reconoce que el sistema financiero dejó de ser el principal medio usado por los criminales para mover sus recursos ilícitos, y reconoce también que dichos activos se mueven a través de negocios y profesiones no financieras que resultan vulnerables por sus debilidades en la adopción de mecanismos de prevención y control. Lea también: Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
- El reporte también hace un llamado a que, en el control del lavado de activos, el Estado se apoye en los particulares y en sus sistemas de prevención del LA/FT, que deben estar alineados con los estándares internacionales: “es importante que los países cuenten con estabilidad política y democrática, así como con un sistema financiero y de comercio libre, fuerte, estable y transparente, apoyado en el desarrollo de sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo basados en estándares internacionales”.
- En cuanto a sectores y tipologías a tener en cuenta, el reporte el reporte señala que “el sector del comercio exterior es frecuentemente usado para lavar activos a través de la subfacturación de importaciones y evasión de impuestos” en el que también se involucra el pago por intangibles y servicios no prestados en el exterior y falsificación de facturas e ingreso de divisas en operaciones de comercio exterior, soportado este último en facturas inconsistentes o inexistentes. Lea también: Lavado de dinero basado en el comercio internacional
- En relación con los delitos fuente de lavado, el reporte dice que “en Colombia, los delitos más relevantes en cuanto a amenaza de lavado de activos y financiación del terrorismo continúan siendo el tráfico ilícito de estupefacientes, el contrabando, la corrupción, la extracción ilícita de yacimiento minero (llamada también minería ilegal) y la extorsión”.
- Es muy importante destacar que el reporte menciona con cierta profundidad que otro delito que genera grandes recursos ilícitos para ser blanqueados es el tráfico de migrantes, puesto que este fenómeno no es el más visible. Apoyado en estudios de Migración Colombia, el Observatorio enfatiza en que este delito subyacente es un negocio muy lucrativo, dinámico y multidimensional y que es una práctica delincuencial en aumento que generó en el país 2015 un total aproximado de $159.000 millones en 2015.
- El documento incorpora un diagnóstico del cumplimiento de las recomendaciones 1 y 2 del Gafi realizado por el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). En él se lee que persiste una dispersión normativa en los sistemas de administración de riesgos en LA/FT originada en que cada supervisor denomina y define lo pertinente en materia de prevención, control y reporte, que existen sectores o actividades económicas vulnerables que no son obligados a reportar ni a contar con sistemas ALA/CFT, que existe inequidad en las capacidades técnicas, funcionales y operativas entre los diferentes órganos de supervisión, lo que no facilita la aplicación de una supervisión con enfoque basado en riesgos, que no hay lineamientos claros en materia de cumplimiento cuando un sector o actividad económica es vigilado por más de un ente supervisor, y que se mantienen algunas debilidades en cuanto a coordinación interinstitucional entre autoridades.
