Si bien el Informe de Evaluación Mutua del Sistema Antilavado Colombiano arrojó resultados alentadores en diferentes aspectos, también es claro que existen varios puntos a mejorar.
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Uno de los temas en donde la evaluación fue más incisiva fue en el del acceso a la información de beneficiarios reales o finales. Las falencias en este punto no son un tema ajeno para los Oficiales de Cumplimiento del país, quienes con frecuencia tienen dificultades para obtener la información de beneficiarios finales, especialmente de sociedades por acciones y estructuras jurídicas complejas como los fideicomisos.
El informe del FMI, por el lado positivo, resalta que Colombia mantiene registros públicos, actualizados cada año, en donde se almacena la información básica de todas las personas jurídicas. Sin embargo, esta publicidad de información no necesariamente se refleja en el acceso a información sobre beneficiarios finales, por lo que señala la evaluación que “las autoridades enfrentan limitaciones para obtener información de beneficiario final para estructuras complejas y cuando existe propiedad o control extranjero.”
En este sentido, la evaluación encuentra falencias en la identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas nacionales; pero esta problemática parece ser especialmente relevante respecto de personas jurídicas extranjeras. En efecto, la evaluación señala que “el régimen de licencias, que incluye controles aptos y adecuados de los propietarios y directores de instituciones financieras y APNFD, parece ser sólido con respecto a los nacionales colombianos, pero menos estricto para los beneficiarios finales extranjeros.”
Estos puntos débiles del sistema Colombiano tienen implicaciones en la evaluación del aspecto de cooperación internacional pues, según señala el informe, “las deficiencias relacionadas con su disponibilidad [la información de los beneficiarios finales] limitarían la capacidad de Colombia para responder oportunamente a solicitudes específicas de cooperación internacional sobre la materia”
El nivel de cumplimiento en Colombia
Para aterrizar las deficiencias encontradas, vale la pena examinar la evaluación que se emite del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI. En particular, la recomendación 24 (“transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas”) obtuvo una calificación de “parcialmente cumplida”, por lo que la evaluación encontró deficiencias moderadas. En este sentido, la recomendación cuenta con una calificación de cumplimiento técnico media.
Por su parte, la recomendación 25 (“transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”), presenta una calificación de “mayormente cumplida”, lo que significa que existen deficiencias menores. Esta calificación, aunque superior a la de la recomendación 24, no es completamente óptima.
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Las tareas de la evaluación
Ya que los hallazgos de la evaluación deben reflejarse en resultados concretos, para el tema de los beneficiarios finales, el llamado a la acción del informe es “establecer un mecanismo para mantener información exacta y actualizada sobre beneficiarios finales a inmediata disposición de las autoridades competentes” y “fortalecer su capacidad para proporcionar cooperación internacional en materia de información sobre beneficiario final.”
Finalmente, otros resultados de la evaluación tienen directas implicaciones en la obtención de la información del beneficiario final y, por tanto, plantean algunas tareas para el país:
- La evaluación señala que el 54% de las sociedades comerciales en Colombia son Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cuya constitución solamente requiere un documento privado simple. En este sentido, se señala que “los riesgos de LA/FT que pueden surgir de este tipo de sociedades no han sido analizados por las autoridades”, lo que a su vez se espera que redunde en dificultades en la obtención de beneficiarios finales de estas figuras societarias.
- En Colombia, las sociedades fiduciarias se encuentran en mercado importante pero que, a pesar de tener un alto riesgo de lavado de activos, no cuentan con medidas de mitigación del riesgo reforzadas sobre sus participantes, distintas a las requeridas para todas las instituciones financieras. En este sentido, la evaluación parece sugerir medidas más estrictas de mitigación del riesgo frente a fideicomisos y otras estructuras jurídicas complejas, lo que comprende una mejor obtención de la información de los beneficiarios finales.
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