Análisis acerca de las declaraciones realizadas recientemente por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, acerca del dinero de las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Por: Alberto Lozano*
Los medios especializados publican todos los años un listado de las compañías más grandes de Colombia y del mundo. En Colombia este listado no incluye empresas criminales, pero a nivel internacional la revista Forbes –por ejemplo– no ha dudado en incluir a Pablo Escobar (en su momento con una fortuna de USD 2000 millones de dólares) y al ‘Chapo’ Guzmán (USD 11.000 millones de dólares). Tanto es así que el 12 de noviembre de 2014 la edición israelí de dicha revista presentó a las Farc como el tercer grupo terrorista más rico del mundo con un volumen de negocios anual de USD 600 millones.
Nada más complejo que incluir en el ranking de empresas lícitas a organizaciones criminales que no reportan contabilidad y que tienen activos fuera del mercado. Pero no podemos negar que hay cierta fascinación por conocer los montos de sus fortunas.
Tan solo para recordar algunas cifras, en 2005 la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda estimó en un informe confidencial que por concepto de “impuestos” a los traficantes, alquiler de las pistas y comercialización de drogas, la guerrilla de las Farc obtenía cada año alrededor de 37.200 millones de pesos.
Con posterioridad y a pesar de que alias ‘Iván Márquez’ señaló en una entrevista con la BBC que “las Farc no tienen dinero”, en abril de 2016 la revista The Economist citó –sin tomar partido– un informe no confirmado ni publicado de la misma Uiaf que mencionaba que la guerrilla tenía un ingreso anual de entre 580.000 millones de pesos y 10 billones de pesos (entre USD 200 millones de dólares y USD 3500 millones de dólares), y un patrimonio de 33 billones de pesos (aproximadamente USD 10.500 millones de dólares).
Pues bien, la controversia empieza a alejarse del camino de la especulación por dos motivos muy importantes. Primero, como fruto del Acuerdo de Paz y según lo estipulado en el Decreto 903 de 2017 esta guerrilla deberá presentar a principios de agosto un inventario de sus activos.
Y en segundo lugar, el Fiscal Néstor Humberto Martínez está culminando una labor investigativa sin precedentes en el mundo, de la cual nos ha adelantado cifras que ya están dando de qué hablar: dedicó más de 300 investigadores dotados con herramientas informáticas de punta que ya han podido analizar cerca de 5.5 millones de documentos para concluir que las Farc tienen varios billones de pesos.
En esas revelaciones, hechas en una entrevista a Noticias Caracol, el Fiscal no soltó una cifra exacta. No obstante, si tenemos en cuenta que cuando el periodista le preguntó a cuánto ascendía la fortuna de las Farc el Fiscal Martínez respondió que “estamos hablando de billones de pesos” y si interpretamos en forma conservadora sus palabras, tenemos por lo menos un piso de $2 billones de pesos.
Las empresas en Colombia se miden por patrimonio o por ingresos anuales y en este caso solo tenemos una cifra de activos, pero para efectos de comparación podemos decir que si tenemos en cuenta la información de la Superintendencia de Sociedades, las Farc estarían dentro de las 60 ‘empresas’ más grandes de Colombia.
Más allá del morbo financiero que estos datos producen, las declaraciones del Fiscal General a Caracol Noticias tienen tres aspectos con grandes implicaciones para Colombia. La primera es que la Fiscalía General de la Nación, que había anunciado que no se quedaría cruzada de brazos esperando que las Farc entregaran su fortuna, está cumpliendo y tomó un rol protagónico.
La segunda implicación que surge de las declaraciones es que la Fiscalía considera que tiene las herramientas jurídicas para quitarle la fortuna a las Farc e inclusive ir tras los testaferros. En consecuencia, una diferencia irreconciliable entre las cifras de la Fiscalía y las del inventario que dicha organización debe entregar podría ‘enredar’ jurídicamente a los cabecillas y jefes financieros, llevándolos incluso a perder privilegios y ser acusados ante la justicia ordinaria por lavado de activos.
La tercera y menos positiva es que dentro del entramado financiero de las Farc están, y no sabemos todavía a qué título, grandes empresas de este país. El Fiscal General lo dijo con estas palabras: “empresas muy, muy grandes que hemos establecido que están asociadas dadas (sic) a actividades de las Farc y de su patrimonio”, y agregó que son “(…)empresas con las cuales los ciudadanos de a pie tienen contacto todos los días”.
Este no es un dato periodístico únicamente. Es muy grave pues las Farc están en la lista Kingpin –que es como una hermana mayor de la lista Clinton– y desde 2006 en Colombia existe un delito que se llama financiación del terrorismo.
Por lo tanto en Washington y en el mismo búnker alguien debe estar abriendo esta línea de investigación menos cerca de la selva y más cerca del centro financiero y de negocios de Bogotá.
*Director de Infolaft y consultor en prevención del lavado de activos. Exdirector de la Uiaf.
