El GAFI anuncó que el reino danes no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Una nota del Wall Street Journal informó en horas de la mañana, que según una evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe deben mejorar la implementación de su lucha contra el blanqueo de dinero para mitigar sus riesgos.
El FATF, con sede en París, mencionó que el reino danés no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y necesita establecer uno para evaluar adecuadamente y comprender sus riesgos. La evaluación, basada en una visita in situ de 2016, examinó tanto la eficacia del régimen jurídico danés como su conformidad técnica con las recomendaciones del GAFI.
En casi todos los segmentos del sector financiero danés -y en muchas de las otras empresas no financieras cubiertas por las normas del GAFI- los riesgos no son suficientemente evaluados o actualizados y la implementación de medidas para mitigar los riesgos es débil, declaró el GAFI en un informe .
Anteriormente, Dinamarca había anunciado en junio de 2017 que planeaba endurecer sus leyes de lavado de dinero, diciendo que los gerentes de los bancos podrían enfrentar la prisión por no prevenir el mal uso de su sistema financiero, ya que el banco noruego Danemark, el mayor prestamista de la región, se encontraba entre los bancos atrapados en el escándalo Panamá Papers.
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Consecuencias:
Los países que no aplican las normas del GAFI en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la política de financiación contra el terrorismo corren el riesgo de ser etiquetados como jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes, haciendo más costoso y difícil para esas naciones negociar con los sistemas bancarios de los miembros del GAFI.
Otras evaluaciones:
El GAFI publicó recientemente las evaluaciones de las Bahamas y Eslovenia realizadas por órganos regionales contra el blanqueo de dinero y un documento que consolida sus calificaciones de 198 jurisdicciones que se han comprometido a aplicar las normas del organismo.
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