La Fiscalía General de la Nación informó que acusó ante un juez de conocimiento de Bogotá al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte por las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, cuyo valor inicial fue fijado en COP 243 mil millones. Según el acusador, “las investigaciones dan cuenta de que el consorcio que representaba el empresario Solarte habría dado mal uso a los dineros que recibió como anticipo y, al parecer, destinó parte de ellos para el pago de dádivas”. Por estos hechos se iniciará juicio en contra del constructor como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La fiscalía explica que el caso tiene origen en el contrato suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la Empresa de Acueducto de Bogotá y el Consorcio Canoas, del cual era representante legal Solarte, que tenía por objeto la construcción de un túnel que canalizara las aguas negras desde el Río Tunjuelo hasta la futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha (Cundinamarca), para luego devolver las aguas limpias a la cuenca del Río Bogotá.
Según el material recopilado, el constructor habría conocido anticipadamente la información sobre los términos de la licitación, de tal manera que buscó los socios adecuados y organizó una propuesta a la medida para ser beneficiado en la adjudicación.
Tras la firma del contrato fue autorizado el desembolso de un anticipo por valor de COP 48 mil millones. Parte de ese dinero supuestamente fue desviado y trasferido a una corredora de bolsa, situación que fue calificado por la fiscalía como un riesgo de pérdida para los recursos públicos y una limitación la acción de la interventoría del proyecto y la Contraloría Distrital.
En desarrollo de estas pesquisas, se logró establecer que, al menos, COP 5.160 millones que hacían parte del anticipo habrían sido destinados al pago de sobornos. En el expediente hay evidencias de la entrega de cerca de COP 1.000 millones a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y de otros porcentajes a funcionarios de la entonces administración distrital para que favorecieran al Consorcio Canoas en la adjudicación del contrato.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, Solarte Solarte habría lesionado las finanzas de la administración pública al conocer información privilegiada de la licitación, manipuló decisiones de funcionarios que tenían a su cargo el proceso de adjudicación y firma del contrato 1115 de 2009, y vulneró los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y economía, inquebrantables en materia de contratación pública.
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