Hace algunas horas la Fiscalía General de la Nación informó que el Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de extinción de dominio de un acervo de bienes de propiedad del Grupo Nule que se encuentran en Estados Unidos y que estarían avaluados en COP 6 mil millones.
Según la fiscalía, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores el hallazgo que llevó a la extinción de dominio es que el valor los dos inmuebles afectados por la decisión es equivalente al dinero que ilegalmente se apropiaron los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel Francisco Nule Velilla, y su primo Guido Alberto Nule Marino con los contratos del “carrusel de la contratación de Bogotá”.
El primero de los bienes es un apartamento con garaje ubicado en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida de Estados Unidos, que tendría un valor de un USD 1 millón cuya propiedad formal se encuentra a nombre de Rina Cecilia Mendoza, la cónyuge de Miguel Eduardo Nule.
El segundo inmueble es un apartamento con garaje ubicado en el Country Club Drive, también en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida de Estados Unidos. EL activo está valorado en USD 1 millón y figura a nombre de los esposos Guido Alberto Nule y Adriana Mancini Posada.
El juez acogió los argumentos de la Fiscalía en el sentido de que “el proceso de extinción de dominio cuenta con elementos de juicio para establecer con probabilidad que los miembros de la familia Nule ejecutaron actividades ilícitas y que al parecer se apropiaron de recursos públicos que les permitieron adquirir bienes que por lo tanto tienen un origen ilícito, o que representan un valor equivalente a bienes producto directo o indirecto de esa actividad ilícita”, señala la decisión.
Las medidas en contra de los bienes se iniciaron después de que los hermanos Nule Velilla y su primo Nule Marino fueron condenados a 19 años y cinco meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, además de una condena de 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Con el objeto de hacer efectivas las medidas mediante cooperación judicial, la Delegada de Finanzas Criminales ha requerido la colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Finalmente, la fiscalía también comentó que con esta acción "avanza en su propósito de afectar el patrimonio ilegal adquirido con dineros públicos comprometidos en casos de corrupción" y que "en esta oportunidad el brazo de la justicia llegó a implicados en el carrusel de Bogotá, propietarios de inmuebles en Estados Unidos".
