Según las primeras revelaciones del caso de Odebrecht en Perú, todos los presidentes peruanos desde la recuperación de la democracia en 1980 podrían terminar en la carcel.
Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014. Tan solo Fernando Belaúnde (1980-1985) y Valentín Paniagua (2000-2001), ambos fallecidos, quedarían al margen de la larga sombra de sospecha que se cierne sobre las personas que ostentaron la más alta magistratura de la República de Perú, una situación que varios analistas y periodistas del país califican de “traumática”, “confusa” y “vergonzosa”.
Los demás, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), o están en la cárcel o afrontan investigaciones serias por corrupción o tienen a varios de sus colaboradores encarcelados y negociando su cooperación con la fiscalía.
Toledo, el más implicado
De todos estos, Fujimori es el que menos implicado aparece, de momento, en el caso Odebrecht, cuyas coimas millonarias comenzaron a darse después de su gobierno.
El más comprometido, por ahora, es Toledo, después de que el exdirector de la compañía brasileña en Perú Jorge Barata confesó a la fiscalía que pagó 20 millones de dólares al expresidente para ganar la licitación de una carretera.
Incluso, la Fiscalía de Perú anunció este lunes formalmente una investigación penal contra el exmandatario por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el cobro de coimas para favorecer a Odebrecht.
Toledo, quien se encuentra en París y tiene previsto viajar a EE. UU. para reincorporarse a su trabajo como investigador en la Universidad de Stanford, negó haber recibido sobornos y acusó a sus “enemigos” de impulsar esta acusación.
Por su parte, Humala es investigado formalmente por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Además, sobre Humala y su mujer, Nadine Heredia, pesan sendos impedimentos legales que los obligan a contar con una autorización judicial expresa para ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país.
La acusación sobre ellos es la de haber recibido fondos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales del 2006 y el 2011 del Partido Nacionalista que presidían.
García es quien más duramente ha criticado a los acusados de recibir coimas de Odebrecht desde su cuenta de Twitter, calificándolos de “ratas”. Pero también ha sido salpicado por las detenciones de inmediatos colaboradores.
(Nota agregada de El Tiempo)
