El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que se formula la política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Allí se reconocen fallas en el sistema de prevención LA/FT y se plantean objetivos para superarlas.
Debilidades en el sistema
De acuerdo con el documento Conpes 3793, ''las entidades (que integran el sistema de prevención LA/FT) actúan de manera desarticulada'' en la lucha contra los dos flagelos. En uno de los apartes se expresa que ''se requiere un mayor posicionamiento político y estratégico de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos – CCICLA (...)''. También agrega que hay falta de cooperación entre dichas entidades porque estas ''(...) atienden a políticas y acciones individuales que son medidas a partir de sus propios indicadores y puesto que cada entidad cuenta con objetivos diferentes y específicos en la lucha contra LA/FT, cada una presenta resultados para el sistema derivados de su gestión pero sin una mirada global y articulada del tema''.
El Conpes agrega que ''la disposición actual de información y de recursos tecnológicos no es apropiada para obtener el impacto esperado en la prevención, detección, investigación y juzgamiento de LA/FT, debido a que no existe un centro de consolidación de la información de inteligencia para todas las agencias comprometidas en la financiación del terrorismo (...)'', además reconoce que ''existen vacíos normativos y debilidades en los instrumentos diseñados para la lucha contra LA/FT''.
¿Qué se propone?
Dos de los principales objetivos del Conpes son ''fortalecer los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la economía y generar facultades efectivas de regulación para los mismos, de tal manera que se impartan instrucciones a todos los sectores de la economía para la prevención y detección de LA/FT (...)'', así como ''modificar la normatividad y realizar ajustes para solucionar los vacíos normativos existentes en materia de LA/FT, con el fin de cumplir plenamente los estándares internacionales y contar con mayores herramientas para la lucha ALA/CFT''.
Para cumplir con la reforma solicitada, el Ministerio de Justicia tendrá que ''coordinar acciones con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para elaborar un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos (art. 323 Código Penal), en concordancia con las nuevas recomendaciones del Gafi''. También debe ''definir el medio normativo por el cual se hará la gestión para otorgar las facultades de supervisión y sanción específicas en ALA/CFT a las respectivas entidades supervisoras''.
A su turno, la Uiaf deberá, entre otros, ''diseñar y ejecutar un plan de capacitación basado en un enfoque de riesgos para los sectores reportantes más vulnerables, de manera coordinada con el supervisor respectivo'' y ''realizar una autoevaluación sobre el cumplimiento de las nuevas recomendaciones del Gafi''.
El documento Conpes en mención puede ser consultado en la página web www.dnp.gov.co
