El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, reveló en entrevista exclusiva con Infolaft que las Farc y las Bacrim prestarían servicios de seguridad a las redes de contrabandistas. El uniformado también dejó entrever que si bien no habría un ‘capo’ del contrabando, sí hay marcados liderazgos en varios productos.
Contrabando: confluencia de muchos ilegales
Según el general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), las redes de contrabando y de comercio delictivo configuran un sistema de economía criminal muy complejo, toda vez que allí confluyen varios delitos y actores en muchas partes del país, entre ellos narcotraficantes, guerrilla, bandas criminales (Bacrim) y grupos delincuenciales aún no identificados.
La Polfa ha detectado que el sistema de economía criminal del contrabando y del comercio delictivo ha adoptado algunas de las mejores prácticas del mercado formal, al punto de que utilizaría una misma cadena logística, centros de acopio y distribución, y adicionalmente haría uso de algunas cadenas de importación que sirven para traer mercancías legales e ilegales al país.
‘Outsourcing’ de Farc y Bacrim
De acuerdo con el general Moreno el papel de las organizaciones armadas al margen de la ley, tales como Farc y Bacrim, ‘‘sería similar a un outsourcing. Por ejemplo, llegarían a ser contratados para prestar algunos servicios, entre ellos brindar seguridad en algunas rutas de Colombia, tal como es el caso del sur de la Guajira donde hay dos frentes de las Farc, los cuales cobran ‘vacunas’ de entre 300 y 500 000 pesos por permitir el paso de cada camión que transporta mercancía de contrabando’’.
Por otra parte, el uso de miembros de la guerrilla y de las Bacrim se haría para desestabilizar y generar miedo con el fin de que los funcionarios aduaneros no apliquen los controles sobre las mercancías en territorios y lugares clave, entre los que se destacan pasos fronterizos, puertos y aeropuertos de Colombia.
Otro de los problemas identificados por las autoridades es que el contrabando ha mutado y ha comenzado a adoptar prácticas del narcotráfico, entre las cuales está la contratación de servicios de cobro de cuentas por medio de los cuales asesinan funcionarios públicos. Según la Polfa hay dos casos documentados: el asesinato de una funcionaria de la Dian en Neiva y de un funcionario en Cali.
‘Capos’ por productos
La Polfa ha identificado que las redes de contrabandistas no manejan una estructura parecida a la del narcotráfico respecto de la concentración del poder en los denominados ‘capos’.
El general Moreno sostiene que ‘‘al constituirse el contrabando como un sistema de economía criminal, funciona bajo la ley de la oferta y la demanda. Este es un negocio que está sectorizado: hay unos esquemas que se encargan de los puertos, los aeropuertos y los pasos fronterizos; y hay otra serie de estructuras aisladas, no conectadas bajo un liderazgo, que asumen el manejo de la cadena criminal del contrabando’’.
El negocio funciona así: hay un sistema de empresas legales e ilegales que traen la mercancía de contrabando, luego hay otro sistema que la transporta, posteriormente hay otros esquemas que sirven para el acopio o el almacenamiento, y finalmente hay un sistema que sirve para la distribución y comercialización. Es decir, son una especie de subsistemas que se crean dentro de ese gran sistema de economía criminal, pero que de acuerdo a lo que han analizado las autoridades no responden a una orientación de mando o dirección criminal específica.
No obstante, respecto a los productos, la Polfa sí ha encontrado algunas agrupaciones que ya tienen montada una estructura de contactos y toda una cadena de distribución y comercialización más enfocada a ciertos productos. En consecuencia no es descabellado inferir que existen ‘capos’ o ‘zares’ del arroz, del calzado, de los licores, del cigarrillo, de los textiles y así por cada producto objeto de contrabando.
El problema de los ‘San Andresitos’
La Dian y la Policía Fiscal y Aduanera han identificado en toda Colombia 35 ‘‘focos de atención’’ denominados San Andresitos. Dichos espacios comerciales se dedican al acopio, distribución y comercialización de mercancías de procedencia extranjera, mucha de la cual podría ser de contrabando.
Esto se inferiría, entre otras cosas, por la diferencia que hay entre los precios de productos vendidos en reconocidos almacenes de cadena, y los precios en los San Andresitos. Por ejemplo, una botella de whisky Buchannans se consigue en un San Andresito ubicado en Bogotá en 53 000 pesos, mientras que en un almacén reconocido llega a los 80 000 pesos.
Adicionalmente, en una visita realizada por infolaft se pudo ver cierto desconcierto por parte de los vendedores a quienes se les pedía factura. ‘‘Aquí no se maneja eso’’, ‘‘si necesita factura, puede ir a otro lado’’ o ‘‘le doy factura, pero sin el sello del local porque no está permitido’’ fueron las respuestas más frecuentes.
A pesar de los constantes controles por parte de las autoridades, estos sitios de comercio siguen siendo vistos por muchos –con razón o sin ella– como centros de distribución de mercancía de contrabando.
¿Qué se está haciendo para luchar contra el contrabando?
‘Lista Clinton’ anticontrabando
La Polfa dio a conocer recientemente una iniciativa según la cual se emitiría una especie de lista Clinton con las razones sociales de las empresas transportadoras que le prestan servicios al contrabando y de aquellas compañías que le apuestan a lo bueno y a lo malo al mismo tiempo, es decir, que hacen importaciones tanto legales como ilegales.
Al ser consultado por infolaft, el general Moreno señaló que, inicialmente, la lista estaría conformada por las empresas que vayan siendo objeto de un proceso judicial, por lo que no sería una lista arbitraria. ‘‘Esta es una buena iniciativa que está en curso. Creo que la industria legal colombiana ha sido duramente golpeada por el contrabando y por algunas estructuras que a modo de empresa criminal vienen ocupando espacios que no deberían, espacios que solo tendrían que estar habilitados para la gente legal de Colombia’’.
Infolaft pudo establecer que la idea se ha discutido en diferentes escenarios públicos y privados, donde han surgido interrogantes acerca de la base jurídica de la eventual emisión del listado. Por ahora es solo una propuesta.
El perfil del contrabandista
Debido a que el contrabando se ha vuelto más complejo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) vienen realizando reuniones por medio de las cuales se busca establecer el perfil actual de los contrabandistas.
‘‘Hoy día el contrabando se presenta como una mutación del narcotráfico, especialmente en el tema del lavado de activos’’, señala el general Moreno, al tiempo que destaca la participación de varias entidades del Estado en el proyecto: ‘‘este es un ejercicio que tenemos que hacer con una mirada de Estado, totalmente integradora y coordinada’’.
Estudio académico sobre el contrabando
En mayo la Polfa presentó una propuesta al Centro de Investigaciones de la Universidad de Los Andes para que adelante un estudio riguroso que permita determinar cuál es la afectación económica del contrabando en Colombia.
‘‘Queremos tener unos cálculos muy aterrizados, necesitamos saber qué es el contrabando en cifras, identificar geográficamente esos sitios por los que está ingresando y conocer más de cerca toda la dinámica del fenómeno al interior del país’’, señaló el general Gustavo Moreno en diálogo con infolaft.
Se prevé que el mencionado estudio se desarrolle en el transcurso de 2014 y sea publicado a mediados de 2015.
Minería de datos por productos
En los próximos meses la Polfa recibirá pasantes para que hagan trabajo de minería de datos. Según pudo establecer infolaft dichos pasantes serán distribuidos por proyectos en los cuales se analizará sectorialmente el impacto del contrabando, es decir, no se medirá la afectación global del fenómeno, sino por productos afectados: arroz, medicamentos, calzado, licores, entre otros.
Proyecto de ley anticontrabando
Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República el proyecto de ley 94 de 2013, el cual incluye al contrabando dentro de los delitos fuente del lavado de activos. La iniciativa también contempla fortalecer las funciones de policía judicial de la Polfa, entregar a la Uiaf responsabilidades en materia de lucha contra el contrabando y tipificar el fraude aduanero.
El proyecto de ley está para primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Para que se convierta en ley debe ser aprobado en cuatro debates, pasar el examen de la Corte Constitucional y ser sancionado por el Presidente de la República.
Vale la pena recordar que en 2012 se radicó otro proyecto de ley anticontrabando, pero fue archivado. De acuerdo con lo expresado por Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, en entrevista publicada por infolaft en su página de Internet, la política criminal seguida por esa iniciativa fue cuestionada por varios congresistas.
‘‘En el proyecto de ley anticontrabando se ponían sanciones muy onerosas desde niveles muy bajos que podían llevar a una penalización masiva de personas. Lo que hacen los ‘pimpineros’ está mal y deben ser sancionados, pero meterlos ocho años a la cárcel quizá no sea lo mejor. Además, el castigo no tiene que ser eterno y quizá sea más efectivo si va dirigido a lo económico, ya que la gente es más sensible con su bolsillo’’.