Suspension Colombia en Grupo Egmont. Imagen Freepik
A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los oficiales de cumplimiento deben saber que su trabajo no cambia en lo fundamental.
Contexto general de la situación
En marzo de 2024 una investigación periodística publicada en Israel reveló la presunta venta irregular de un software espía, denominado Pegasus, por parte de autoridades israelíes al Gobierno colombiano.
Esa transacción, presuntamente realizada a mediados de 2021 (en el anterior Gobierno), habría tenido varios visos de irregularidad que incluirían el supuesto pago en efectivo y el no registro de la operación.
Ante la gravedad de la denuncia periodística, la UIAF de Colombia procedió a solicitarle a la UIF de Israel la información que reposara en sus registros acerca de la eventual compra del software, algo usual en este tipo de casos.
Dicha solicitud habría sido realizada por la UIAF a través del canal seguro de intercambio de información del Grupo Egmont, el cual permite a más de 170 UIF del mundo compartir datos para combatir lavado de activos.
La UIF de Israel, denominada Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority IMPA, le remitió la información a la UIAF a finales de agosto de 2024.
Aquí un punto importante: la carta de principios de intercambio de información del Grupo Egmont señala en su numeral 32 que “la información intercambiada debe utilizarse únicamente para el propósito para el cual se solicitó o proporcionó”.
Además, aclara que “toda difusión de la información a otras autoridades o terceros, o cualquier uso de esta información para fines administrativos, investigativos, procesales o judiciales, más allá de los originalmente aprobados, debe estar sujeto a la autorización previa de la UIF solicitada”.
Debido a que la Presidencia de la República de Colombia estaba interesada en conocer la información que la IMPA de Israel le había compartido a la UIAF, se hacía necesario pedir la respectiva autorización de la IMPA israelí. La UIAF procedió con ello.
El 13 de septiembre de 2024 el director de la UIAF, Luís Eduardo Llinás, concedió una entrevista a La W Radio. Allí informó que la IMPA respondió que la información del documento solamente podía ser compartida con la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para los efectos.
Sin embargo, agregó Llinás, el Presidente de la República decidió levantar la reserva de la información y utilizarla en su alocución.
Las molestias dentro del Grupo Egmont
Más allá de los detalles de la transacción financiera y los usos del software presuntamente adquirido, son dos las situaciones puntuales que han generado un gran malestar en el Grupo Egmont.
La primera de ellas es que se haya revelado a la opinión pública el contenido del documento reservado enviado por la IMPA de Israel, pasando por alto que dicha UIF solo autorizó su distribución hacia la Fiscalía General de Colombia y hacia la propia UIAF (receptora original).
En segundo lugar, en el organismo internacional hay preocupación por la posible perdida de autonomía e independencia operativa de la UIAF.
Muestra de ello es que en el comunicado publicado el 23 de septiembre, en el que oficializan la suspensión temporal de Colombia, el Grupo Egmont recuerda que las UIF “deben mantenerse libres de cualquier influencia o interferencia indebida de carácter político, gubernamental o industrial que pueda comprometer su independencia operativa (…)”.
Según el citado organismo, interferencias de este tipo pueden “(…) poner a las demás UIF miembros [de Egmont] en riesgo de exposición a violaciones de datos sensibles o de confidencialidad”.
A manera de contexto, vale la pena detallar que la decisión de oficializar la suspensión de la UIAF de Colombia se habría decantado durante el Primer Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, realizado entre el 17 y 20 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.
En esta reunión de alto nivel la presidenta del Grupo Egmont, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, aseguró que “nuestros esfuerzos colectivos, que se basan en la confianza y en el cumplimiento de los principios de independencia y autonomía operativa de las UIF, son esenciales para desmantelar los mecanismos financieros del delito y garantizar un sistema financiero mundial más seguro”.
Sobre este tipo de sanciones, es preciso recordar que en el pasado otras unidades de inteligencia financiera del mundo han sido sancionadas por parte del Grupo Egmont: Nigeria (2017), El Salvador (2018) y Rusia (2023).
¿Cuál es el impacto para los oficiales de cumplimiento?
En muchos grupos y comunidades de oficiales de cumplimiento de Colombia hay una preocupación, legítima, por el eventual impacto que pueda tener el reciente anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF al canal seguro de intercambio de información con otras UIF del mundo.
Más allá del gran despliegue mediático que ha tenido el hecho, lo cierto es que ese impacto es mínimo para los gestores de riesgo de LA/FT en las empresas.
Es claro que ninguna norma vigente de prevención del lavado de activos en Colombia (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT) establece que la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) esté supeditada al estatus de la membresía colombiana en Egmont.
Por ese motivo los ROS deben continuar enviándose a la UIAF, con la debida oportunidad y completitud, por medio del Sistema de Reporte en Línea (SIREL), establecido para tales efectos.
Los oficiales de cumplimiento tienen que continuar realizando su trabajo con normalidad, con los altos estándares de calidad y rigor que los caracteriza, y reportar a la UIAF cualquier operación inusual que –luego del respectivo análisis– sea catalogada como sospechosa.
La suspensión temporal de la UIAF de Colombia del canal seguro de intercambio de información del Grupo Egmont no afecta, ni tiene por qué impactar negativamente el trabajo de los oficiales de cumplimiento del país.
Potenciales impactos para Colombia
Algunos medios de comunicación han informado que, a raíz de la suspensión temporal del canal de intercambio de información de Egmont, Colombia quedó aislada de los circuitos internacionales de inteligencia financiera para prevenir lavado de activos. Eso no es cierto.
Con corte a 2023, la UIAF de Colombia tiene suscritos 52 memorandos de entendimiento con igual número de UIF del mundo, con las cuales ha construido una relación de confianza a lo largo de los años.
Dichos memorandos son bilaterales, obedecen a la voluntad de los Estados soberanos firmantes y no están atados a la membresía en el Grupo Egmont, con lo cual es poco probable que se vean afectados.
Así mismo, otras autoridades como la Policía Nacional de Colombia, a través de Interpol, tiene acceso a mecanismos y canales de cooperación con otras autoridades policiales del mundo para avanzar en sus investigaciones.
Ahora bien, eso no quiere decir que este caso no vaya a tener repercusiones en el mediano plazo para el país. Lo más posible es que sí las tenga.
En primer lugar y a raíz de esta compleja situación, la imagen de la UIAF a nivel internacional se puede ver muy afectada frente a sus pares y ante organismos globales y regionales de gran relevancia, entre ellos el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Además, no podemos olvidar que la recomendación 29 del GAFI hace referencia a las UIF y dicho estándar es uno de los 40 que se evaluarán en la quinta ronda de evaluaciones mutuas.
De hecho, la nota interpretativa de la recomendación 29 señala que “la UIF debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida, que pudiera comprometer su independencia operativa”.
Este antecedente –suspensión temporal del Grupo Egmont– tiene el potencial de jugar en contra de las aspiraciones de Colombia para obtener una alta calificación en este y otros estándares relacionados.
Esto sin olvidar que el Grupo Egmont tiene un rol muy importante en todo el andamiaje internacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En síntesis, podríamos concluir que hoy Colombia sigue adelante en su compromiso de combatir el LA/FT y seguramente contará con el apoyo de múltiples países con los que tiene una relación de larga data.
Pero también hay que reconocer que la factura llegará, tarde o temprano, y es muy posible que tengamos que pagarla en 2027 o 2028 en la próxima evaluación del GAFILAT.
