La Fiscalía General de la Nación informó que los presuntos integrantes de la organización criminal que habría defraudado al Estado mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos (IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios) por más de 2.3 billones fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario
Los hechos que motivaron esta sanción consistieron en que durante cinco años la red criminal habría creado sociedades ficticias para la emisión de facturas por más de COP 706 mil millones cuando en realidad no tenían mercancía ni bodegas de almacenamiento. El material probatorio indicaría que la estructura ilegal recibía un porcentaje que variaba según el valor que figuraba en cada factura falsa y podría oscilar entre el 2.5% y el 12%. Todo el andamiaje criminal estaría en cabeza de ocho personas, tres de ellas actuaban como intermediarias.
En dos años de investigaciones se estableció que la red delincuencial ofrecía una amplia gama de servicios de acuerdo con los requerimientos de los llamados clientes. A través de nueve empresas fachada, algunas todavía activas, realizaban facturación para la evasión del impuesto de renta, IVA y complementarios, mediante la supuesta comercialización de productos de ferretería, construcción, pintura, vidriería, asesorías tributarias y acompañamiento para realizar trámites ante la Dian.
La red habría alcanzado a tener vínculos con 1.970 personas naturales y jurídicas que estaban legalmente constituidas, con actividad comercial y sedes reales en varias ciudades del país.
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Los individuos procesados son los siguientes:
- Olga Lucía Díaz Guzmán: presunta cabecilla y representante de algunas empresas de papel. Esta persona fue imputada por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado como delito continuado.
- Katherine Angélica Contreras Quevedo: quien sería la encargada de hacer las facturas falsas y atender los requerimientos de los llamados clientes. Al parecer, ayudó a constituir varias empresas de papel y era representante legal de algunas. Por estos hechos fue imputada por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado como delito continuado.
- Carlota Elisa Quevedo Guzmán: señalada de hacer parte del proceso de facturación falsa y elaboración de talonarios. La Fiscalía la imputó como presunta responsable de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado como delito continuado.
- John Jairo Salazar Marín: investigado por ser uno de los colaboradores más cercanos de las señoras Olga Díaz y Carlota Quevedo. Hay evidencias que lo relacionarían con el cobro de 146 cheques y 67 depósitos en efectivo por valor aproximado de COP 6 mil millones de pesos. A este hombre le fueron formulados cargos por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado como delito continuado.
- Cristián Eduardo Zafra Reyes: contador experto en temas tributarios, quien presuntamente brindaba la asesoría necesaria para satisfacer las necesidades de los clientes y diseñaba métodos para evadir controles y requerimientos de la Dian. Imputado por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
- Tránsito Gómez Chacón: intermediaria. Imputada por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
- John Carlos Barbosa Cruz: intermediario entre las empresas de papel y las empresas que solicitaban facturas espurias. Imputado por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
- Abel Medina Salcedo: intermediaria. Imputada por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
