La firma se enfocaba en el mercado de libranzas. Se estima que el desfalco sobrepasó los $600.000 millones, más que el caso Interbolsa.
Cuatro meses después de que la Superintendecia de Sociedades anunciara que liquidaría la empresa de comercialización de libranzas, Estraval, por presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos, se dan los primeros pasos en materia penal por este caso. Se trata de la captura de siete directivos de la firma, entre ellos César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán, dueños de la misma.
“El operativo, que comenzó a las cinco de la mañana de este lunes, concluyó con la captura de los siete directivos de esta firma comercializadora de libranzas”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa. Los capturados son los cofundadores y directivos César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas; el cofundador Jorge Iván Castiblanco; el director de Tepinsa, una compañía vinculada, Harold Carvajal; el gerente operativo Pedro Fenando Joya Rodríguez; la gerente comercial Ángela Marina Daza y la representante legal de Estraval, Rosalba Fonseca Melo.
Según su grado de participación, se les imputará los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva de dineros, no reintegro de los recursos captados y enriquecimiento ilícito. “Adicionalmente se les imputará el delito de lavado de activos, porque se logró establecer que parte de la riqueza ha tratado de mimetizarse en operaciones comerciales ilícitas que han pasado a otras jurisdicciones”, explicó Martínez.
El fiscal señaló que la captura de César Fernando Mondragón, uno de los directivos, se dio cuando éste llegaba de Estados Unidos, a donde había llegado el pasado 5 de enero, cuando llevaba consigo US$100.000. Martínez agregó que el ente investigador ha delantado investigaciones conjuntas con las autoridades de Estados y con la Procuraduría de Panamá, pues hallaron activos de propiedad en esos países por los presuntos autores de los delitos.
“De hecho”, dijo el fiscal, “hemos encontrado que el señor Mondragón ha hecho ventas de activos en La Florida superiores a los US$6 millones por los cuales tendrá que responder ante las autoridades colombianas que ya los tenemos plenamente identificados”. De igual manera, anunció Néstor Humberto Martínez, ya se están adelantando las investigaciones para la extinción de dominio de las propiedades de las personas capturadas.
Las alamas de la Superintendencia de Sociedades se prendieron a finales de septiembre pasado, cuando varios clientes de Estraval acudieron ante el organismo de control para denunciar que la empresa les había incumplido con una serie de pagos. Estos clientes, que pertenecen a todos los estratos, denunciaron que por 45 días Estraval dejó de pagarles las ganancias.
Luego de hacer los análisis financieros y el cruce y trazabilidad de los pagarés con los que comerciaba la firma, la Supersociedades encontró que las pérdidas habían ascendido hasta los $600.000 millones. Se trata, entonces, de un desfalco más grande que el de Interbolsa, y así lo señaló el fiscal general Néstor Humbetro Martínez. Fue en este momento cuando la entidad le envió copias de las indagaciones a la Fiscalía para que investigara penalmente a los directivos, contadores y revisores fiscales de la firma.
“Esta investigación inició con ocasión de la intervención de esta firma. La Fiscalía conformó inmediatamente un grupo de fiscales especializados y se apoyó en la Policía Económica financiera que la hemos consolidado con un nuevo grupo de expertos quienes adelantaron una investigación muy compleja”, explicó el fiscal Martínez.
¿Cómo ocurrió el desfalco?
La Supersociedades y la Unidad de análisis financiero (UIAF) de la Fiscalía lograron desentrañar las artimañas con las cuales Estraval logró inflar sus ganancias. El meollo de todo el asunto se encuentra en las libranzas, o créditos que se otorgan con relativa facilidad a empleados y pensionados. Estos créditos son “seguros” para los bancos, pues las cuotas se descuentan cada mes del sueldo o la pensión de los acreedores.
El problema, encontró la Fiscalía, llegó cuando Estraval comenzó a “revender” los pagarés de estas libranzas. “La Fiscalía logró establecer que hubo operaciones de venta de libranzas que no tenían respaldo real en libranzas, venta de pagarés que no contenían obligaciones cambiarios, (es decir; no existían o estaban en mora); ventas de libranzas que ya habían sido canceladas, es decir, se ponían en circulación estos instrumentos crediticios a pesar de que sus acreedores ya los habían pagado por anticipado o por que se habían cancelados los términos para el pago”, explicó Martínez.
Asimismo, al parecer, la firma habría revendido pagares vencidos o habría duplicado algunos –vendiendo el mismo pagaré a varias personas, lo que constituye un fraude–, para “inflar” la cantidad de dinero que circulaba. “Cuando un empleado iba a suscribir una libranza, no firmaba un solo documento de deuda sino que firmaba varios, con lo cual, una sola operación crediticia terminaban siendo dos o tres y se ponían en circulación”, dijo el jefe del ente investigador.
Además, Estraval no les advertía a sus inversionistas sobre los riesgos que implicaba este tipo de negocio, como la posibilidad de que los acreedores entraran en mora por embargos, despidos, licencias, fallecimiento, entre otras causas.
Por la complejidad del caso, la Fiscalía decidió enfrentar el caso con una metodología diferente, que espera, permita que se avance con mayor celeridad. “La función de la Fiscalía es evidenciar la existencia de los delitos, sin importar el monto por el cual se haya dado la defraudación. Así focalizamos y todo será más eficiente”, señaló el fiscal general.
(Nota agregada de El Espectador)
