A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero.
Cannabis medicinal: duras restricciones en Estados Unidos
La industria del cannabis medicinal sigue con el estigma de ser un sector de altísimo riesgo para las instituciones financieras.
En Estados Unidos, por ejemplo, cerca de 38 estados han legalizado la marihuana con fines medicinales o recreativos.
Pero una ley federal la sigue prohibiendo y eso impide que puedan manejar sus recursos en el sistema financiero.
David Schwartz, CEO de FIBA, señala que a nivel federal la marihuana tiene la misma clasificación de la heroína o la cocaína.
Esa clasificación, básicamente, cierra todas las puertas para las empresas de cannabis. Un caso interesante evidencia las restricciones.
Según Schwartz, hacia 2018 o 2019 los propietarios del First Green Bank de Estados Unidos enfrentaron muchas dificultades para vender el banco.
El motivo fue que entre su portafolio de clientes tenían a empresas del sector cannabis.
Fue tal la presión que los dueños tuvieron que cerrar todas las cuentas del sector del cannabis y luego de eso pudieron vender el banco.
“Hay un problema, un conflicto entre las leyes [estatales y federal] y a raíz de esto los negocios de cannabis se consideran como de muy alto riesgo”, asegura Schwartz.
No obstante, hay avances importantes en el estado de Colorado, el cual legalizó ampliamente la producción del cannabis hace algunos años.
Incluso, sostiene Schwartz, allí “los bancos están más abiertos a tener como clientes a los negocios de marihuana”.
¿Posibles avances regulatorios?
Desde hace varios años circula en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de norma denominado Safe Act, el cual puede despejar el camino.
Se trata de una propuesta que impediría que los bancos fuesen sancionados por el solo hecho de tener clientes del sector del cannabis.
No obstante, ha encontrado mucha oposición al interior del aparato legislativo y por esa razón nunca se ha llevado a votación.
En todo caso, afirma Schwartz, “algunos gobernadores de varios estados están urgiendo a los congresistas de incluir el Safe Act en la legislación de este año”.
Cannabis y el caso uruguayo
En 2013 Uruguay fue noticia al convertirse en el primer país de América en legalizar la producción de cannabis con fines medicinales y recreativos.
Si bien eso puso al país sudamericano a la vanguardia, también lo expuso a una serie de limitaciones derivadas de la prohibición federal en Estados Unidos.
De acuerdo con Ricardo Sabella, experto uruguayo en prevención de lavado de activos, varios sectores que se relacionaron con la industria del cannabis se quedaron sin acceso al sistema financiero.
“Yo salí a decir que esto iba a ser un desastre porque se permitía la venta [de cannabis] en farmacias y por eso se iban a quedar sin cuentas".
La razón era que los bancos no les iban a permitir continuar con sus cuentas comerciales si realizaban esa actividad. "Eso fue exactamente lo que sucedió”, asegura.
El experto señala que el problema se origina, básicamente, por las cuentas de corresponsalía financiera que tienen las instituciones de Uruguay.
Según Sabella, “aquí hay ocho o nueve bancos, contando el banco estatal. No hay tantas instituciones financieras".
Además, "algunos bancos privados son sucursales de entidades del exterior que ya tienen políticas definidas [de prohibición] en cuanto al tratamiento de las cuentas vinculadas a la actividad del cannabis”.
Sumado a lo anterior, las entidades bancarias que no pertenecen a bancos multinacionales sí tienen relaciones de corresponsalía con bancos de Estados Unidos.
Así las cosas, según Sabella, “cada vez que un dólar se mueve debe pasar por la cuenta de los Estados Unidos para poder compensar, y como allá todavía persiste la ley federal que prohíbe estas actividades, no hay posibilidad alguna de tranzar en dólares”.
¿Cómo se mueven las empresas de cannabis en Uruguay?
“La verdad es que se manejan como pueden”, afirma Sabella, quien cuenta que las empresas del sector suelen usar cuentas personales de propietarios o socios.
También acostumbran a usar medios de pago alternativos para trasladar parte de los activos de una jurisdicción a otra.
“De hecho, hasta tengo entendido que el propio Banco Central del Uruguay tiene corresponsales que hacen cuestionamientos en la medida que se realicen operaciones o reciban dinero con la venta de cannabis”, puntualiza el experto.
¿Qué han dicho los bancos en Colombia?
La Asobancaria fijó una posición sobre la industria del cannabis medicinal en julio de 2019 durante el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos.
El entonces presidente del gremio, Santiago Castro, reconoció en diálogo con Infolaft que las empresas del sector cannabis tienen estándares de gobierno corporativo.
Sin embargo, apuntó que “puede haber dudas, por ejemplo, con los actores que se ubican de la cadena hacia abajo o hacia arriba en temas de proveedores y de quién comercializa”.
Castro enfatizó en ese momento que cuando alguna entidad financiera tiene reservas no es porque crea que la empresa, o sus socios o su junta directiva están bajo sospecha.
“Las reservas están relacionadas con las dudas que surgen de la cadena en la cual se mueve esa industria», dijo el entonces líder gremial.
Preguntado por Infolaft acerca de si convenía que el sector de cannabis medicinal implementara controles contra el lavado de activos, el presidente de la Asobancaria comentó que sí.
En su criterio, la prevención del LA/FT no involucra sólo al sistema financiero.
“Cuando evalúan a Colombia no evalúan sólo al sistema financiero; evalúan a todos los actores económicos", apuntó.
Licencias vigentes en Colombia para el Cannabis medicinal
El Ministerio de Justicia otorga tres clases de licencias a las personas interesadas en el cultivo y producción de cannabis con fines medicinales y científicos.
La primera de ellas es la licencia de uso de semilla para siembra, la cual permite su comercialización y entrega, siempre que tenga fines científicos.
Por otra parte, las licencias de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo permiten la producción de semillas para siembra y la producción del grano.
Incluso autorizan el almacenamiento y disposición final. Esta licencia solamente se autoriza para uso científico.
Con corte al 9 de noviembre de 2021 el Ministerio de Justicia ha emitido 990 licencias, de las cuales el 45% (450 licencias) se concentran en el municipio de Corinto, Cauca.
El 13% de las licencias (132) son de Caucasia, Antioquia; y el 9,7% (97) tuvieron lugar en Popayán, Cauca.
A su vez, el 9,5% de las licencias se concentraron en Santander de Quilichao, también en Cauca.
Todas estas licencias tienen un costo que oscila entre los 10 y 37 millones de pesos.
Además, los licenciatarios de fabricación de derivados quedan inscritos de oficio ante el Fondo Nacional de Estupefacientes.
Por su parte, el Ministerio de Salud es el encargado del trámite de la licencia de fabricación de derivados de cannabis.
Estas licencias deben ser de uso nacional y no pueden ser usadas para fines científicos ni para exportación.
