Durante el II Foro de Ética y Transparencia del Sector Hidrocarburos el fiscal jefe de Unedla, Danny Quintana, hizo referencia a las dificultades que tiene la investigación de casos de lavado de activos y financiación del terrorismo en este sector, además de su posición respecto a qué entidad del Estado debe otorgar servidumbres. A su turno, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, recordó varias modalidades de despojo de tierras.
Dificultad en la investigación penal
Durante el II Foro de Ética y Transparencia del Sector Hidrocarburos, Danny Julián Quintana, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla), hizo énfasis en la dificultad probatoria que tiene un eventual lavado de activos producto de la explotación ilegal de hidrocarburos, toda vez que dicha conducta no configura un delito fuente.
Ante esta realidad, aclaró el funcionario, la Fiscalía General ha tenido que establecer ‘estructuras de investigación’ entre las que se encuentran la configuración de un concierto para delinquir (si se trata de una organización criminal) para tener un delito fuente y proceder con la imputación posterior del lavado de activos. De igual manera se hace con el enriquecimiento ilícito.
Declaró que ‘‘en materia de prevención del lavado de activos, los organismos privados tienen una tarea muy importante’’, aunque lamentó que hasta el momento la Fiscalía solamente haya podido adelantar 89 investigaciones por lavado de activos donde se involucran tipologías de hidrocarburos. ‘‘Es una cifra muy pequeña’’, manifestó, al tiempo que hizo un llamado para que las entidades de este sector reporten información.
En este sentido es importante señalar que algunas entidades del sector hidrocarburos actualmente deben hacer reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en la medida en que tengan participación en bolsa o sean usuarios altamente exportadores, entre otros. No obstante, la Uiaf en su informe de gestión noviembre 2010 – agosto 2012 prevé que para 2014 se incluya al sector hidrocarburos como nuevo reportante específico.
Tipologías
Respecto a posibles tipologías, Quintana reveló que los lavadores se asesorarían para comprar predios donde la probabilidad de que haya crudo es alta, para venderlos después al Estado.
También indicó que existen indicios de que delincuentes han comprado estaciones de gasolina con dinero producto de actividades ilícitas para lavar su dinero.
Adicionalmente apuntó que los delincuentes traerían hidrocarburos de contrabando desde países como Venezuela (los cuales pagarían con dinero ilegal) para venderlo en Colombia.
Fiscalía no tiene por qué autorizar servidumbres: Quintana
Sobre el tema de servidumbres, Quintana se preguntó si la Fiscalía General, cuando tiene un predio que está sujeto a una medida cautelar dentro de sus procesos, tiene la obligación de dar la autorización para constituir una servidumbre para que –por ejemplo– un oleoducto pueda pasar.
‘‘Lo que pensamos desde la Unidad es que la Fiscalía no tiene por qué dar esa autorización, ya que es una actividad concerniente y exclusiva de la Dirección Nacional de Estupefacientes (...), la Fiscalía únicamente tiene derecho a extinguir el bien y dárselo a la Dirección de Estupefacientes para su administración, y finalmente (la DNE), dentro de su potestad de administración, debe decidir si otorga o no la servidumbre’’.
Casos emblemáticos de despojo violento
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, recordó el caso de alias ‘Sor Teresa’ –hermana de los hermanos Castaño y recientemente capturada– quien es acusada de despojar de sus tierras a decenas de familias campesinas en Córdoba. De acuerdo con Vélez, un 31 de diciembre en una notaría de Córdoba se tramitaron más de 1500 escrituras de dichos terrenos. ‘‘Yo nunca había visto un notario con esa capacidad’’, ironizó.
De igual forma, trajo a colación la modalidad utilizada por el comandante paramilitar alias ‘Jorge 40’, quien en su momento logró que muchos campesinos abandonaran sus tierras en el departamento de Cesar. Posteriormente el Incoder tomó posesión de dichos terrenos y ‘Jorge 40’ se las arregló para que le adjudicaran esas tierras a sus testaferros.
Por su parte, alias ‘Cuchillo’ tenía tierras a nombre de sus testaferros en los Llanos Orientales. El caso fue descubierto por investigadores que al verificar el número de una de las supuestas escrituras de propiedad se dieron cuenta de que correspondía a un matrimonio, es decir, del delito de falsificación de escrituras.
Como dato curioso, el superintendente Vélez contó que han encontrado resoluciones del Incoder que datan de 1998, cuando en realidad ese instituto se creó apenas en 2002.
¿Qué se está haciendo para fortalecer la cooperación entre instituciones?
El superintendente Jorge Enrique Vélez señaló que la entidad a su cargo ya está trabajando de la mano de la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación cuando hay casos relacionados con temas penales, y de la Procuraduría General de la Nación cuando hay inmersos asuntos disciplinarios.
A su turno, el fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla), Danny Quintana, indicó que la Fiscalía contempla la creación de una comisión conformada por funcionarios de varias Superintendencias, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entre otras entidades, para adelantar investigaciones de lavado de activos. Según afirmó, ‘‘esto fortalecería el aparato estatal’’.
Para tener en cuenta
Según Vélez, en la actualidad se están creando sociedades para pasar los bienes inmuebles a otras sociedades a través de la venta de acciones. Con este mecanismo la operación ‘‘no pasa por el registro, no pasa por las notarías, sino que se crean Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)’’.
