El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las implicaciones de la denominada ‘lista Obama’ y se visualizaron posibles escenarios de finalización del proceso de paz que el gobierno adelanta con las Farc en La Habana, Cuba.
Lista Obama
Alberto Lozano, director de infolaft, recordó que la orden ejecutiva 13692 del 11 de marzo de 2015, firmada por el presidente Barack Obama, hace parte de las listas del programa Ofac y designa solamente a ciudadanos venezolanos. ‘‘Esta información es muy importante porque muchos de ustedes [entidades financieras y empresas] se comprometieron a cumplir, no con los programas de Ofac para narcotráfico, sino con las listas de Ofac y si en sus políticas se comprometieron a bloquear a las personas que están en la listas de Ofac en general, tendrían que bloquear a estos venezolanos’’.
Las características de la denominada ‘lista Obama’ son las mismas de la ‘lista Clinton’: es una orden ejecutiva que en teoría aplica solo para los estadounidenses, que tiene un efecto espejo importante y que se actualiza de la misma forma, es decir, que permite en cualquier momento el ingreso o salida de personas y posiblemente entidades. Así mismo, un aspecto que se debe tener en cuenta de dicha lista es que varias de las personas que están actualmente en ella se podrían considerar como PEP.
Ante esta realidad la recomendación, según Lozano, es que ‘‘si tienen negocios con EE.UU. y tienen dentro de sus políticas cumplir con los programas de Ofac, tienen que cumplir con este programa e incluir esta lista dentro de lo que hacen’’.
Caso Commerzbank
De acuerdo con la acusación publicada por el Departamento de Justicia, el caso data del año 2000, momento en el cual algunos directivos de la firma de tecnología Olympus cometieron unos fraudes por medio de la compra de falsas empresas y el pago de millonarias asesorías que nunca tuvieron lugar.
En el año 2000 Olympus le pidió al Commerzbank que le proveyera de unos documentos falsos para justificar algunas operaciones, ante lo cual el director jurídico del Commerzbank señaló que no era conveniente y sugirió no hacerlo. El banco no reportó el intento delictivo, sino que asesoró a Olympus respecto a la forma en la que podrían nivelar sus balances sin tener que falsificar documentos. A la firma de tecnología no le gustó la respuesta y se marchó a otra entidad financiera.
Alberto Lozano dijo que ante Olympus, que bien se podría considerar como un cliente triple A, ‘‘cualquier sistema de gestión de riesgo hubiera fallado’’. El experto observó que ‘‘al área comercial no le hicieron una operación inusual, fue una operación delictiva porque le propusieron falsificar documentos’’ y tal petición debió ser contestada con un no rotundo porque va en contravía de las políticas de la entidad.
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A manera de anécdota recordó el caso de una persona que quedó grabada durante una operación encubierta en el momento en que le propusieron una operación de lavado de activos. Por el temor a quedar mal ante su cliente la persona del ejemplo respondió: ‘‘en otra ocasión será, que pena no poder ayudarte’’. Según Lozano, la respuesta debió ser que ‘‘eso va en contra de las políticas de esta entidad y eso es un delito’’.
Así mismo, agregó: ‘‘hay que enseñarle a la gente a responder de esa manera. No se puede decir que [la operación] no se puede hacer porque se cayó el sistema, porque eso se llama tentativa y pueden estar en una operación encubierta’’.
Por su parte, Sergio Reyes, subdirector de infolaft, recordó que Olympus volvió en 2005 y en marzo de 2010 hizo unas transacciones inusuales que se canalizaron desde la sucursal en Singapur del Commerzbank hacia Nueva York. ‘‘Cuando la transacción llega, el oficial de cumplimiento en EE.UU. dice que esto está extraño y pide una información a la sucursal en Singapur, pero esta nunca contesta.
Una de las políticas del banco era no hacer debida diligencia a sus filiales, sucursales o entidades con las que tuviera cuentas de corresponsalía; entonces el oficial de cumplimiento no pudo hacer la debida diligencia porque se habría saltado las políticas internas’’.
Avances posteriores de la investigación evidenciaron que desde la misma sucursal de Singapur se estaban canalizando hacia Estados Unidos recursos originarios de Irán y Sudán, lo más preocupante –agrega el informe del Departamento de Justicia– fue que los informes de las transacciones fueron alterados por funcionarios del Commerzbank para disimular el origen de los recursos.
Lo que este caso demuestra, agregó Alberto Lozano, es que ‘‘los casos de lavado de activos estallan, en promedio, a los cinco años’’. A pesar de la demora, las investigaciones entregan resultados y por ello es adecuado dejar documentados todos los procesos con el fin de atender eventuales peticiones de información.
Otros consejos entregados por el director de infolaft fueron: no eliminar la información de las transacciones y hacerles monitoreo, reportar las situaciones de posibles tentativas de delitos y verificar el nivel de riesgo que las entidades tienen respecto de Estados Unidos, ya que es una jurisdicción por la cual pasa droga y se realizan millonarias transacciones.
Evaluemos a Colombia
Uno de los ejercicios más interesantes del foro fue la evaluación básica que los expositores y asistentes hicieron de una parte del sistema colombiano de antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, luego de recordar que la metodología de evaluación del Gafi cambió para enfocarse en la efectividad de las normas emitidas.
Alberto Lozano señaló que los evaluadores mirarán el contexto del país y verán que tiene un conflicto armado interno desde hace muchos años, que tiene zonas como los ‘San Andresitos’ y la Guajira en las que el cumplimiento de la ley podría no ser muy claro, y problemas internos en varias instituciones públicas, tales como la Dian. Enseguida se citan las preguntas planteadas.
Pregunta 1: teniendo en cuenta que la minería ilegal, el contrabando y la corrupción generan alto riesgo de LA/FT:
¿Cuántas sentencias tiene el país por lavado de activos producto de minería ilegal?
¿Cuántas sentencias tiene el país por lavado de activos producto de contrabando?
¿Cuántas sentencias tiene el país por lavado de activos producto de corrupción?
Pregunta 2: históricamente Colombia ha sido un país afectado por organizaciones y atentados terroristas:
¿Cuántas sanciones hay por financiación del terrorismo?
¿Cuál es el nivel de acciones de extinción de dominio aplicadas a organizaciones terroristas?
Pregunta 3: desde hace muchos años el Gafi ha señalado que hay unas profesiones de riesgo asociaciones y profesiones no financieras designadas (Apnfd):
¿Cuál es el nivel de riesgo que representan las Apnfd para Colombia?
¿Todas las Apnfd están reguladas en Colombia?
¿Cuántas sanciones se han emitido contra Apnfd?
La conclusión a la que llegaron los expositores y muchos asistentes fue que las respuestas a muchas de las preguntas no eran satisfactorias y podrían evidenciar fallas en la efectividad del sistema.
¿Cambiarán los sistemas de prevención LA/FT con el proceso de paz?
Durante su presentación, Alberto Lozano propuso tres posibles escenarios de finalización del proceso de paz: el primero es que los diálogos lleguen a buen término y que tras su desmovilización las Farc tengan un partido político, el segundo es que el proceso fracase y que las Farc continúen en su actuar delictivo y el tercero es que se firme el acuerdo pero algunos integrantes de las Farc no lo acepten y continúen delinquiendo.
El director de infolaft señaló que las entidades, más que pensar en la viabilidad de alguno de los escenarios –algo muy subjetivo si se mira desde la perspectiva política individual–, deben estar preparadas para cualquiera de los tres escenarios.
Humberto de la Calle. Foto Omar Nieto
Un punto interesante de la discusión alrededor del proceso de paz y el lavado de activos es la supuesta riqueza de las Farc, ya que algunos analistas consideran que el grupo ilegal posee grandes cantidades de dinero, mientras que otros sostienen que sus recursos son limitados y que su aparente fortuna económica no es más que un mito.
Lozano advirtió que cuando se analizan los documentos de las Farc que han aparecido tras la incautación de computadores podría quedar claro que la agrupación tiene problemas de caja y hasta ha llegado a pedir dinero a otros países y líderes extranjeros. Incluso, observó el expositor, hay documentos que señalan a las Farc de tener un millón de hectáreas, lo que demostraría que su riqueza no está en cuentas bancarias sino en tierras.
Otro elemento que las entidades financieras y empresas del sector real en Colombia deberían tener en cuenta es que las Farc están condenadas en tribunales internacionales a pagar millonarias indemnizaciones a varias de sus víctimas, lo cual generaría problemas a futuro con el dinero de dicha organización criminal.
¿Qué se debe hacer?
Lozano afirmó que la pregunta correcta es ¿qué se debe hacer con la plata de las Farc y con los patrimonios individuales de sus exmiembros en caso de que el proceso termine con la firma de un acuerdo? El experto observó que quizá una de las razones por las cuales las Farc no son tan ricas es porque no tienen control interno y han sufrido muchos robos de dinero por parte de sus propios integrantes.
Desde el punto de vista del Sarlaft habrá que hacer un análisis jurídico muy completo y un análisis de riesgo de las Farc una vez se desmovilicen. Por ejemplo, las entidades tendrán que decidir si trabajan o no con el posible nuevo partido político, qué tratamiento van a dar a los desmovilizados, qué decisiones tomarán ante las empresas que eventualmente sean denunciadas por tener vínculos con las Farc y qué harán con los simpatizantes e impulsores del nuevo partido político. ‘‘Tenemos que analizar a todos estos sujetos y qué tratamientos les vamos a dar a cada uno de ellos’’.
También podría ocurrir el evento de que tras la desmovilización salga a la luz información de personas que estuvieron involucradas con las Farc y posiblemente las entidades tengan que entregar ROS de sus transacciones.
Según Alberto Lozano, la principal conclusión es que el desenlace del Proceso de Paz, se llegue o no a la firma de un acuerdo, cambiará el modelo de gestión de riesgo de las entidades. A continuación se detallan algunas de las últimas reflexiones de su exposición:
- Un exguerrillero que ingresa a la política podría ser considerado como un PEP.
- El acuerdo aplicaría para Colombia y no tendría impacto directo a nivel internacional, por ejemplo en la ‘lista Clinton’.
- Ante el escenario de unas Farc divididas habría que prestar atención a los vasos comunicantes, que serían aquellas personas que tienen contacto tanto con los desmovilizados que ingresaron a la legalidad como con los combatientes que continúen.
- La eventual amnistía o la aplicación de justicia transicional aplicaría únicamente para los individuos y no así para los activos y bienes.
