El pasado mes de diciembre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Complementaria 465 de 2017, que complementa a la Circular Externa 008 de 2011, en la que estableció un lapso de transición de cuatro meses para que las sociedades del sector que aún no lo han hecho implementen un Sistema Integral para la Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (Siplaft). Dicho periodo finalizará en marzo de este año.
Según la Superintendencia, se hace necesario para el crecimiento, protección financiera y contratación legal del sector de la vigilancia y la seguridad privada vincular los servicios de la industria en el cumplimiento de las disposiciones establecidas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que les permita fijar controles para la exposición al riesgo legal y reputacional derivado del ingreso y destino de recursos ilícitos.
Así, esta norma se dirigió a: las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada; servicios especiales; servicios comunitarios; servicios con armas; servicios sin armas; escuelas de capacitación y entrenamiento; departamentos de seguridad; servicios de asesoría, consultoría e investigación de seguridad; empresas dedicadas a la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y la seguridad privada.
Las disposiciones anteriores en materia de cumplimiento al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) siguen estando vigentes en todo su contenido para las empresas Transportadoras de Valores y blindadoras.
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