En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación incluyó dos nuevos frentes de investigación asociados con el conflicto armado. El primero, hace referencia a las fuentes y mecanismos de financiación de la guerrilla de las Farc, y el segundo está relacionado con la victimización a líderes sociales.
En su capítulo de finanzas ilícitas, este informe describe que
quienes manejaron las finanzas del grupo guerrillero ocuparon un lugar muy destacado dentro del conjunto de reglas y procedimientos que promulgó las Farc para organizar su estructura jerárquica. Es por esto que, según la fiscalía, “las fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-EP vivieron un proceso de perfeccionamiento con el correr de los años, al pasar de una economía de guerra en esencia depredadora de riqueza, a otra en la que los recursos provenientes de actividades criminales eran invertidos en actividades económicas productivas”.
El informe identifica tres principios rectores que determinaron el manejo de las fuentes y mecanismos de financiación de las Farc:
- Diversificación: desde su fundación hasta su desmovilización, las Farc-EP extendieron sus fuentes de financiación al transitar de una economía elemental, que encontraba sus recursos en aportes de simpatizantes, secuestros esporádicos y una vinculación artesanal a la minería, a una mucho más sofisticada basada en dineros provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, todos estos delitos practicados a gran escala. Inclusive el grupo guerrillero llegó, en el punto más alto de su perfeccionamiento financiero, a manejar inversiones en actividades económicas productivas, tales como la minería, tierras, ganado y sociedades comerciales.
- Regionalización: no todas las fuentes de financiación pudieron ser aplicadas en todos los frentes de las Farc dadas las posibilidades y los obstáculos de las economías locales. Esto generó una especialización económica de cada una de las células de la guerrilla que privilegiaron unas fuentes económicas sobre otras. Así, por ejemplo, se encontró que los grupos ubicados en regiones con presencia de economías cocaleras desarrollaron formas de intervención en la producción de narcóticos, a diferencia de otros cercanos a zonas industriales que se vincularon en mayor medida al secuestro. Asimismo, los frentes ubicados en zonas de yacimientos minerales optaron por la minería ilegal mientras que los menos prósperos se apoyaron en la práctica de la extorsión a todo tipo de actores económicos, desde contratistas de obras públicas hasta pequeños comerciantes.
- Centralización: los organismos superiores de la organización guerrillera se encargaron de controlar los gastos y los ingresos de los frentes a través de la combinación de mecanismos administrativos y disciplinarios, de tal forma que sirvieran para garantizar su auto sostenimiento y financiar los planes militares a largo plazo.
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Secuestro
El informe concluye que el secuestro extorsivo con fines económicos por parte de las Farc adquirió dimensiones económicas importantes con el paso del tiempo y
se convirtió en una de las fuentes principales de financiación de la guerrilla. Según la fiscalía en su informe “aunque el secuestro extorsivo era una práctica histórica de las Farc fue desde la década de los noventa que este fenómeno criminal experimentó un crecimiento exponencial, con el fin de apoyar el crecimiento militar de la organización armada”.
Esta práctica estuvo acompañada de innovaciones en las técnicas para la ejecución de los secuestros, como las denominadas pescas milagrosas y la asociación con bandas criminales, las cuales reportaban mayores utilidades económicas para la organización.
De otro lado, la fiscalía encontró que
el secuestro fue una acción criminal altamente regionalizada que se centró en algunas zonas del país debido la capacidad de pago de los sectores económicos locales y de los costos en los que debía incurrir la organización para ejecutarlo. Fue así que algunos frentes se dedicaron al secuestro y otros abandonaron la práctica ante la presencia de fuentes de financiación más rentables, como el narcotráfico.
El informe logra evidenciar que las negociaciones y el cobro del dinero por los secuestros que superaba ciertas cifras fueron asumidos directamente por las instancias superiores de la organización, como los comandantes de los bloques. Esta centralización llegó hasta el nivel que miembros del Secretariado (máximo órgano colegiado de gobierno guerrillero) se encargaron de negociar la liberación de secuestrados de un perfil alto, como empresarios, políticos o empleados de empresas multinacionales.
En los secuestros extorsivos, la Fiscalía logró establecer que, entre los años 1996 y 2012, el total de los pagos fue de aproximadamente
COP 3.6 billones, que equivalen a alrededor de
USD 1.234 millones.
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Extorsión
De un lado, la extorsión fue regionalizada al depender de las dinámicas económicas locales y sus limitaciones, así como de los montos que los frentes y los bloques fijarán. También estuvo sometida al principio de centralización financiera, razón por la cual cuando se trataba de extorsiones dirigidas hacia grande empresas o contratistas, las negociaciones y el control sobre los ingresos recaía en las instancias superiores de la jerarquía.
Comparada con otras formas de financiamiento, la práctica orientada a presionar, persuadir y atemorizar a las víctimas con el fin de obtener los pagos exigidos no significó para las Farc mayores costos, como sí sucedía con otras actividades como el secuestro o el narcotráfico que exigían grandes y constantes despliegues de violencia directa.
En palabras de la fiscalía, “mientras fuentes como el secuestro o el narcotráfico se caracterizaron por tener poblaciones definidas contra las que se dirigían y ciclos de tiempo en los que se aplicaron,
la extorsión fue indiscriminada y aplicada de forma tan permanente en el tiempo que se convirtió en el núcleo del funcionamiento financiero de las Farc, pues además servía como fuente de sustento básico cuando los ingresos por las demás fuentes escaseaban".
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Narcotráfico
El informe releva que el vínculo de las Farc con en el narcotráfico estuvo sujeto a una transformación histórica. En una primera fase, la modalidad de narcotráfico estaba dada por un “impuesto” de gramaje, un cobro que la guerrilla impuso a los cultivadores por cada kilo de hoja de coca. Luego, se impusieron cobros a los narcotraficantes por la entrada a las regiones y a cada kilo de pasta base y cristal comercializado, así como por la vigilancia del transporte terrestre y el uso de las pistas de aterrizaje en las zonas con presencia de la guerrilla.
“Pero la participación de la guerrilla en los recursos provenientes del narcotráfico no se limitó a la extorsión a los narcotraficantes y a los cultivadores bajo la modalidad del gramaje”, comentó la fiscalía, para explicar que “también, como afirman distintos testimonios, documentos y elementos materiales probatorios recaudados, l
a guerrilla se vinculó directamente al control de distintas etapas del proceso de producción de la cocaína, lo que en términos económicos significó un perfeccionamiento de su vinculación”.
Esta participación directa tuvo distintas modalidades, tales como la financiación a los campesinos, el desplazamiento forzado o el homicidio para garantizar la intermediación entre el campesinado y los compradores de pasta base o el uso de las tierras para cultivos.
Entre estos mecanismos
se destacó el control sobre los laboratorios y las cocinas, que le permitió a la guerrilla tener el control de la pasta base y de la cocaína para hacer transacciones directas con los narcotraficantes e incluso vincularse en actividades de tráfico internacional de narcóticos.
La efectividad de estos mecanismos estuvo garantizada por el principio de administración centralizada que garantizaba el flujo de recursos de los frentes hacia las instancias superiores, así como el control de los gastos.
La fiscalía no publicó una cifra consolidada del total de ingresos ilícitos de las Farc por este concepto. Sin embargo, el informe da cuenta que el Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos de la fiscalía tiene pruebas ciertas de que las Farc, por concepto de narcotráfico obtuvo un ingreso total aproximado de COP 17.700 millones entre los años 1999 a 2016. “ Estos valores no son ingresos totales, sino una muestra de las sumas que por bloques pudieron obtener, dado que las fuentes son parciales”, señaló el ente acusador.
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Minería Ilegal
El informe expone que la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993 trazó de forma definitiva el esquema financiero que permitió el crecimiento militar de la guerrilla a lo largo de la década de los noventa. En las conclusiones de esta Conferencia, las Farc consagraron un enfoque especial sobre la importancia que la minería representaba para sus finanzas, que fue seguida de orientaciones prácticas a nivel de los frentes encargados de la ejecución de la política.
El informe relata que el crecimiento de la minería como actividad económica y la complejidad de sus procesos motivaron el interés de las Farc por vincularse a este negocio. Tal complejidad fue aprovechada de distintas formas que fueron desde la explotación minera propiamente dicha, hasta el control directo sobre distintas fases de la explotación y el lavado de activos.
Bajo este esquema de control,
la guerrilla manejó considerables volúmenes de riqueza que en ocasiones pasaron a formar parte de las reservas del secretariado con miras a servir como moneda de cambio en transacciones de armamento.
En cuanto a los ingresos de las Farc por minería ilegal, la fiscalía pudo determinar a partir del análisis de dispositivos electrónicos y entrevistas a desmovilizados que entre los años 1993 y 2016 los ingresos por este concepto incluyen los siguientes valores que, dice la entidad, “no son concluyentes, ya que se basan solamente en archivos incautados y testimonios”: COP 16.420 millones.
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