Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013, las cuales aún no están terminadas. Si bien se vislumbran avances por parte de algunas entidades, hace falta concretar resultados.
Escasez de recursos
El Conpes 3793 de 2013 le solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentar una propuesta al Ministerio de Hacienda y al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la inversión de recursos hacia el sistema público de prevención, detección e investigación de ALA/CFT. Dicha tarea debía ser cumplida antes del 31 de diciembre de 2014.
Pues bien, infolaft consultó directamente a la Uiaf sobre este tema y la respuesta fue que dicha Unidad presentó ‘‘una propuesta inicial el año pasado [2014] al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Confis, pero dadas distintas consideraciones respecto al presupuesto nacional, se le solicitó a la entidad presentar nuevamente la propuesta este año, 2015’’. En consecuencia, es claro que el ‘hueco’ fiscal de la Nación a raíz de la caída de los precios del crudo terminó afectando la disposición de recursos para combatir el LA/FT.
Por otra parte el presupuesto de la Uiaf tuvo una reducción aproximada del 7.4% para la vigencia 2015, ya que la asignación fue de $7418 millones de pesos, mientras que la de 2014 superó los $8010 millones.
Si a lo anterior se suma que el punto V del Conpes señaló que las tareas asignadas debían ser ‘‘(…) ejecutadas hasta diciembre de 2014 con la capacidad instalada de las entidades, orientadas estratégicamente al cumplimiento de los objetivos trazados en este documento Conpes, de manera que no se requieren recursos de inversión para las mismas’’, es evidente que si bien hay buenas propuestas en el Conpes, se carece de los recursos para sacarlas adelante.
Cambio ministerial demoró actualización de la Ccicla
De acuerdo con Javier Andrés Flórez, director de Políticas contra las Drogas del Ministerio de Justicia, la modificación al Decreto 3420 de 2004 fue aprobada por la Ccicla en su sesión XXII y quedó lista para la firma de los ministros respectivos, ‘‘sin embargo, con el cambio de gabinete ministerial del presente año [2014], fue necesario enviar nuevamente el documento para la firma de los ministros que ya lo habían suscrito, situación que ha conllevado demoras administrativas de trámite en los distintos ministerios’’.
La demora en la promulgación del decreto tampoco ha permitido la ampliación de la Comisión, en la cual se crearán dos comités técnicos: uno contra la financiación del terrorismo y otro contra el contrabando y el fraude aduanero.
¿Qué resultados tendrán las mesas de supervisores?
El Ministerio de Justicia y la Unodc realizaron durante 2014 cinco mesas técnicas en las que participaron las superintendencias Financiera, de Sociedades, de Puertos y Transporte, de Economía Solidaria, de Salud, de Industria y Comercio, de Notariado y Registro, y de Seguridad Privada, para analizar las fortalezas y debilidades del esquema de supervisión actual. Según la cartera de Justicia, también se realizó ‘‘un profundo análisis normativo que evidenciara la posible existencia de vacíos legislativos que afecten las facultades de supervisión y sanación de algunas de ellas’’.
En este sentido, la Uiaf le confirmó a infolaft que elaboró un informe en el cual identificó las entidades que requieren ser dotadas con mayores facultades de supervisión y sanción en asuntos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Dicho informe será presentado ante la Ccicla en su primera sesión del año 2015. De acuerdo con la unidad, ‘‘por lo pronto, las entidades identificadas se mantienen bajo reserva, hasta tanto la Ccicla delibere sobre su socialización’’.
Al ser consultado por infolaft, el Ministerio de Justicia expresó que ‘‘las conclusiones de las mesas técnicas, así como del análisis normativo están a punto de culminar. Se espera que a finales del mes de marzo de 2015 se tenga definido cuál será el medio normativo que otorgue mayores herramientas de supervisión y sanción a las Superintendencias en el tema de prevención de LA/FT’’.
Por otra parte, infolaft conoció que al interior de las meses de supervisores se ha trabajado en una ‘armonización normativa’ entre entidades supervisoras, la cual se puede dar mediante decreto o reformando las circulares. Otra de las propuestas novedosas que se han contemplado en estas reuniones es la de consolidar y emitir una hoja de ruta con criterios mínimos para que las futuras regulaciones no partan de cero desde cada entidad supervisora, sino que se basen en unos puntos definidos.
¿Qué hay de los mapas de riesgo?
Respecto a la necesidad de elaborar mapas de riesgo sectoriales, la Uiaf manifestó que en 2014 capacitó a varias entidades de inspección, vigilancia y control, en la elaboración de sus mapas de riesgo de LA/FT y en la implementación del Siplaft y/o Sarlaft. De acuerdo con la unidad, producto de ese trabajo cuatro entidades supervisoras deben elaborar sus respectivos mapas de riesgos en el primer semestre de 2015.
A su turno, el mapa de riesgo nacional de LA/FT elaborado en 2013 en el marco de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo para Colombia ‘‘actualmente es de carácter reservado’’. Sobre este respecto bien valdría la pena que la Ccicla aprobara la difusión de dicho documento para que el país conozca dónde se concentran los mayores riesgos.
Infolaft supo que uno de los argumentos para mantenerlo reservado es que si sale a la luz se le podrían dar insumos a los delincuentes acerca de dónde lavar, lo cual suena absurdo, ya que nada facilita más el delito que la desinformación en los sectores obligados y el desconocimiento generalizado en la ciudadanía.
El observatorio antilavado
El punto VI del Conpes 3793 de 2013 solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) diseñar e implementar el observatorio del sistema antilavado de activos. En este sentido, infolaft pudo conocer que dicha unidad está gestionando un convenio con la Universidad del Rosario con el fin de implementar este observatorio, el cual también tendría en cuenta la variable de extinción de dominio.
De acuerdo con la propia Uiaf, el observatorio permitirá ‘‘sistematizar, consolidar, analizar e interpretar la base de sentencias de lavado de activos y la base de sentencias de extinción de dominio proferidas en todo el territorio colombiano y diseñar y elaborar estadísticas y estudios con la participación de varias entidades, tanto públicas como privadas’’.
Estudio sugiere cautela al ampliar delitos fuente
Según un estudio contratado por el Ministerio de Justicia y del Derecho acerca del delito de lavado de activos, desde su introducción al Código Penal esta conducta ‘‘ha sufrido varias modificaciones que han estado orientadas en dos sentidos: ampliando su ámbito de aplicación (aumentando los delitos fuente e incluyendo nuevos verbos rectores) y endureciendo su sanción’’.
Respecto a los delitos fuente, el estudio señala que el número definitivo de delitos fuente es engañoso porque algunos de los delitos incluidos en la lista extienden el alcance del tipo a ‘‘otros punibles no señalados expresamente como delitos fuente (el enriquecimiento ilícito y el concierto para delinquir constituyen buenos ejemplos)” y porque “no todos los delitos previstos en la lista son aptos para generar bienes susceptibles de ser reciclados (piénsese en el de violencia contra servidor público)’’.
En razón de lo anterior, el estudio recomendó que ‘‘(…) la ampliación de los delitos fuente de lavado de activos se asuma con serenidad, en razón a las limitadas capacidades (humanas, logísticas, económicas) del sistema penal colombiano, para asumir la demanda que el aumento de delitos conllevaría abordar’’.
