Actualmente el parlamento portugués debate dos proyectos de ley relacionados con la financiación del terrorismo y el lavado de activos, los cuales se espera, sean aprobados en un futuro próximo.
El primero es el Proyecto de Ley 72 / XIII por el cual se establecen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y se incorpora la Directiva 2015/849.
Este proyecto amplía el alcance del régimen de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, reduciendo, por ejemplo, el umbral de las entidades no financieras en efectivo a 10.000 euros o abarcando instituciones de pago y moneda electrónica que actúan a través de agentes o distribuidores, así como las entidades gestoras de plataformas de financiación colaborativas.
Esto se refiere a la creación de un Registro Central de Beneficiarios Efectivos, que será objeto de legislación específica, permitiendo la provisión de información sobre los beneficiarios finales, además de información básica como nombre de la empresa y dirección, prueba de incorporación y estructura de propiedad de la entidad colectiva.
Además indica que las entidades obligadas deben consultar siempre el registro antes de establecer una relación comercial o realizar una operación y comparar la información contenida en el registro con la información proporcionada por el cliente, incluidos los fideicomisos, así como realizar consultas periódicas.
También se concede especial importancia al intercambio de información entre las autoridades y, en particular, la Unidad de Investigación Financiera, que establece normas detalladas sobre la cooperación nacional e internacional.
Por último, entre otras cosas, refuerza las normas de protección de los empleados que denuncian presuntos casos de lavado de dinero, con el fin de proteger la divulgación de la identidad de esos empleados.
El segundo proyecto que se debate es el Proyecto de Ley Nº 71 / XIII por el que se aprueba el régimen jurídico del Registro Central de Beneficiarios y transpone el Capítulo III de la Directiva (UE) nº 2015/849, creando una base de datos para la preservación de información suficiente, exacta y actualizada sobre los beneficiarios finales de las entidades jurídicas y fondos fiduciarios, así como sobre los arreglos legales similares a los fideicomisos.
(Nota agregada de Global Compliance News)
