Con el título “por tercera vez, Fiscalía impide que socia de Cass Constructores S.A.S recobre la libertad” la Fiscalía General de la Nación anunció ayer en un comunicado que el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, con función de garantías, negó la libertad solicitada por la defensa de Paola Solarte Enríquez, socia de Cass Constructores, vinculada al proceso penal por los hechos de corrupción en el proyecto Tunjuelo – Canoas durante el año 2009.
Según informó la fiscalía, en menos de dos meses los representantes judiciales de la empresaria “han implementado maniobras jurídicas tendientes a que Solarte Enríquez recupere su libertad, pero le han sido negadas por falta de argumentación jurídica”.
Dentro de las estrategias jurídicas para salir de la cárcel, el ente acusador señaló que Paola Solarte por intermedio de sus abogados solicitó el pasado 11 de julio que le permitieran estar recluida en su lugar de residencia con fundamento en su supuesta condición de madre cabeza de familia. Sin embargo, la solicitud le fue negada luego de que se demostrara que la familia extendida de la procesada le ha dado una adecuada calidad de vida a sus hijos menores de edad, quienes además permanecen protegidos bajo el cuidado de integrantes del núcleo familiar.
La Fiscalía advirtió que la gravedad de los delitos relacionados con corrupción en la administración pública, como son los de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y cohecho por dar u ofrecer, son castigados severamente por la administración de justicia y que no deben dar lugar a beneficios.
Los hechos que motivaron el proceso penal se relacionan con la megaobra del plan maestro de la Empresa de Acueducto de Bogotá para la descontaminación del río Bogotá, que consistía en la construcción de un túnel para canalizar las aguas negras desde el Río Tunjuelo hasta la futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha (Cundinamarca), para luego devolver las aguas limpias a la cuenca del río Bogotá.
Según lo establecido, el proyecto fue adjudicado a la empresa Cass Constructores S.A.S., la cual mediante un convenio de asistencia técnica hizo alianza con la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en el proceso al parecer irregular de contratación que tenía por objeto recuperación del río Bogotá en el año 2009.
En consecuencia, la señora Solarte Enríquez se encuentra privada de la libertad desde el pasado 6 de junio por cuenta del juzgado 30 penal de control de garantías, el cual la envió a la cárcel el Buen Pastor, al sur de la capital del país.
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