Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no justificados.
Es bien sabido que una de las formas más efectivas para detectar y castigar la corrupción es seguir el rastro del dinero de los involucrados.
Pues bien, hacia allá parece ir la ley 2195 del 18 de enero de 2022, una nueva norma que crea instrumentos para combatir ese delito.
En su artículo 15 se ordena a la Procuraduría General crear un sistema de detección y alertas para combatir el incremento patrimonial no justificado de servidores públicos.
De acuerdo con la ley, dicho sistema debe ser autónomo y tiene que integrar los datos provenientes de diferentes instituciones públicas.
Concretamente de aquellas que “manejan, controlan y vigilan la información sobre la gestión de los servidores públicos”.
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También de las instituciones que hacen “el análisis de información tributaria y patrimonial del servidor público, su cónyuge, compañero permanente e hijos”.
Además, se debe incluir la información del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Registraduría Nacional.
Excepciones llamativas
Algo que llama la atención es que los sistemas de información de algunas importantes instituciones quedaron exceptuados de hacer parte del sistema.
Entre ellos los de la Contraloría, Auditoría y Fiscalía General, así como los de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Es decir, en el sistema de detección de alertas de corrupción no habría información de varias autoridades de control y fiscalización.
Ni dentro de la ley ni dentro de su avance legislativo fue posible encontrar las razones para dicha decisión.
¿Oficiales de cumplimiento tendrán acceso?
Por ahora no hay una respuesta concreta. La ley no define claramente quiénes ni bajo qué circunstancias podrán consultar el nuevo sistema.
En todo caso, parece que la información será de uso exclusivo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia de la Procuraduría.
Valdría la pena que se diera acceso a los oficiales de cumplimiento encargados de prevenir y detectar operaciones sospechosas.
Después de todo, el sector privado es un importante aliado a la hora de combatir toda clase de ilícitos.
¿Cuándo estaría listo el sistema de detección?
La ley estableció que las instituciones deberán poner su información a disposición de la Procuraduría dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia.
Si se tiene en cuenta que la ley fue promulgada el 18 de enero de 2022, el plazo de entrega sería el 22 de julio de 2022.
Sin embargo, este tiempo solo cubre el periodo dentro del cual las instituciones públicas deben poner a disposición su información.
Luego de eso, la Procuraduría General podría requerir tiempo adicional para poner en marcha el sistema autónomo de detección de alertas.
