Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el futuro Conpes antilavado, cómo van los preparativos de Colombia con miras a la próxima evaluación de Gafisud, de qué forma se hará frente a la falta de condenas por financiación del terrorismo y cuáles serán las modificaciones a la Ccicla, entre otros temas.
Infolaft:
¿En qué consistirá el Conpes antilavado?
Julián David Wilches:
Este es un documento que hemos presentado al Departamento Nacional de Planeación y tiene por objetivo principal fortalecer el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Esto significa que el Conpes, como documento de política pública, propone unas actividades concretas y puntuales para el fortalecimiento normativo, el fortalecimiento institucional, la promoción de la cultura antilavado y la mejora de la forma en la que compartimos información.
También contempla el fortalecimiento de los actores en los diferentes niveles, toda vez que el sistema está formado por actores privados y públicos. Sectores muy importantes como el financiero han implementado buenas prácticas que deben ser llevadas a otros sectores que hoy se encuentran en unas condiciones más vulnerables frente al lavado de activos. Es decir, el sistema solo será fuerte cuando todos sus eslabones sean fuertes.
Infolaft:
¿En qué consistirá ese fortalecimiento institucional de las entidades públicas?
JDW:
Hemos identificado que la principal debilidad que tiene la institucionalidad nacional es el desconocimiento sobre el tema y esto incluye a jueces, fiscales e investigadores.
Aunque somos el caso más exitoso de la región en la lucha contra el LA/FT, hemos visto que el sistema está un poco fraccionado y que garantizar el flujo de la información en esta cadena resulta relevante. En este sentido, para fortalecer esa cadena, en lugar de reformar entidades resulta más útil buscar la forma de hacer más articuladamente lo que hemos venido haciendo. Es decir, capacitar más jueces, fiscales, al sector privado y oficiales de cumplimiento.
Hay tres aspectos que resultan muy relevantes para lograr ese fortalecimiento institucional: el primero es garantizar los flujos de información entre las instituciones, el segundo es adecuar la forma en que compartimos información, y el tercero revisar si los delitos fuente del lavado de activos son los correctos.
Este Ministerio, por ejemplo, está trabajando en una estrategia de cultura antilavado que retoma lo que venimos haciendo y amplía el alcance.
También estamos haciendo la revisión normativa del lavado de activos: nuestro análisis compara la forma en la que están dispuestas las normas y la forma como operan en la realidad. Insisto, quizá no se necesite una reforma normativa de fondo, de pronto las normas están allí dispuestas y lo que necesitamos garantizar es que la realidad corresponda con lo dispuesto en las normas.
Infolaft:
¿En esa revisión estamos hablando solamente de adicionar delitos fuente o también se contempla algunos retiros?
JDW:
Esa es la tarea que tenemos. Hemos identificado que hay unas actividades que producen lavado de activos y no son delitos fuente, como por ejemplo la explotación ilícita de yacimientos mineros (minería ilegal) y el contrabando.
Infolaft:
¿El Ministerio de Justicia ya está preparando la evaluación de Gafisud?
JDW:
Sí, nos estamos preparando en varios sentidos. Lo primero que se debe mencionar es que la forma como nos van a medir será distinta, ya no basta con tener una norma, pues hoy en día nos preparamos para una evaluación que revisará cuál es el impacto y el efecto de esas normas sobre el sistema antilavado.
Esa no es una reforma menor y requiere un cambio de pensamiento en las diferentes entidades. Por eso, en este momento estamos socializando las nuevas recomendaciones, interiorizándolas en las instituciones, analizando cuáles recomendaciones tienen relación con cada entidad y estableciendo cómo podríamos avanzar en la práctica para mejorar nuestros resultados en cada una de estas (recomendaciones).
Actualmente, el Ministerio forma parte de la mesa de trabajo que está autoevaluando la vulnerabilidad del país con base en la metodología de evaluación nacional de riesgos propuesta por el Banco Mundial. En ella se tocan temas de política antilavado de activos, capacidad de investigación y juzgamiento, cooperación internacional, extinción de dominio, leyes y sanciones penales, acceso a información, infraestructura de detección, prevención y control y aspectos tributarios, entre los principales.
Infolaft:
En este momento en Colombia no hay condenas por financiación del terrorismo. ¿Cómo se atenderá ese punto de la evaluación?
JDW:
Eso hace parte del análisis comprensivo que estamos elaborando y que estará listo para finales del año. Podría existir una gran necesidad de un mejor conocimiento de ese delito en jueces y fiscales, ya que en muchas ocasiones los procesos se llevan por rebelión u otros delitos y no se incorpora lo relativo a la financiación del terrorismo.
Lo que tenemos que promover como parte del trabajo que se desprende del Conpes es que si un delincuente fue juzgado por rebelión, pero también incurrió en lavado de activos o financiación del terrorismo, también sea juzgado por esas otras conductas.
Infolaft:
Y Colombia está postulada a la Presidencia de Gafisud…
JDW:
Efectivamente Colombia se postuló a la Presidencia de Gafisud. Eso lo definirá el organismo en su próxima plenaria.
Nota del editor: al cierre de la esta edición se conoció que Colombia ocupará la Presidencia de Gafisud en 2014.
Infolaft:
¿Qué tipo de reformas se le realizarán a la Ccicla?
JDW:
La Ccicla tiene cuatro órganos asesores o cuatro comités técnicos, pero los representantes tienen un nivel de viceministros y citarlos es, en ocasiones, algo complejo. Creo que implementar cambios en este respecto es una de las claves para dinamizar la Ccicla porque haría que el comité técnico sea operativo y pueda generar unos análisis y posteriores recomendaciones puntuales a la Ccicla.
Otra de las modificaciones consistirá en actualizar la Comisión a unas nuevas dinámicas. Por ejemplo, hay un comité que se montó alrededor del sistema Pijao; como dicho sistema, a la luz de las nuevas tecnologías y de las nuevas normas de inteligencia, no resulta funcional, tampoco resulta funcional tener un comité que se reúna alrededor de un sistema que ya no opera.
Adicionalmente queremos crear un comité contra la financiación del terrorismo que estaría conformado por los Ministerios de Hacienda, Justicia y Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección Nacional de Inteligencia. También se está analizando si se crea un comité para la lucha contra el contrabando.
Infolaft:
¿A través de qué mecanismo se tiene que concretar este cambio a la Ccicla?
JDW:
Se debe hacer por un decreto presidencial. El proyecto debe aprobarse en la próxima sesión de la Ccicla. Una vez surtido ese trámite, se presenta para aprobación presidencial.
Infolaft:
¿Hay una fecha prevista para la emisión del decreto?
JDW:
En la próxima sesión de la Ccicla, que se realizará en el mes de julio, se analizará este tema.
Nota del editor: al cierre de la esta edición se conoció que la Ccicla aprobó la creación del comité de lucha contra el contrabando al interior de su seno. Todavía resta la sanción del Presidente de la República.
Infolaft:
¿Cómo les ha ido con la nueva Comisión Asesora de Política de Drogas?
JDW:
Muy bien. La comisión se conformó en diciembre de 2012 y comenzó a trabajar en enero de 2013. Está conformada por diez expertos, entre los cuales hay dos invitados especiales y tres permanentes.
Los invitados especiales son el expresidente Cesar Gaviria y el general (r) Oscar Naranjo, mientras que los invitados permanentes son la Ministra de Justicia, el Ministro de Salud y el Ministro de Defensa. Por su parte, los expertos tienen conocimientos en producción, tráfico y consumo de drogas, desarrollo rural, extradición, y organizaciones criminales, entre otros.
Esta comisión tiene dos objetivos: analizar los resultados de la política de drogas en los últimos diez años y formular unas recomendaciones de política concretas o, incluso, una nueva política de drogas. Esas recomendaciones pueden o no ser acogidas por el gobierno, ya que no son vinculantes. Ese documento integral estaría listo para noviembre.
Infolaft:
¿En qué consistirá la promoción de la cultura antilavado que realizará el Ministerio de Justicia?
JDW:
En conjunto con la Universidad Nacional elaboramos un estudio que establece la relación entre la cultura de la legalidad y la cultura antilavado. Tras ello nos establecimos una estrategia en varios pasos: uno de ellos es empezar por casa, es decir, practicar aquello que se predica en muchos ámbitos. Frente a eso el Ministerio de Justicia implementará unas buenas prácticas para proteger sus recursos y evitar que terminen en casos de LA/FT. Esas buenas prácticas, una vez documentadas, se llevarán a otras entidades del gobierno.
También es clave que en la cultura antilavado se forme a la gente que trabaja en el tema, para lo cual ya hay toda una estrategia diseñada que ayudará a formar a instituciones públicas y entidades privadas. Vamos a capacitar fiscales, jueces, investigadores y policías en 11 ciudades del país. Respecto al sector privado hay algunos sectores priorizados, entre ellos turismo, transporte, giros, infraestructura y textil. Esos talleres con los privados irán de la mano con Naciones Unidas. Se busca fortalecer la autorregulación y que el sector real entienda los riesgos.
Finalmente, los mensajes se van a complementar en medios de comunicación para que la gente entienda la relación entre el LA y su vida diaria.
Para tener en cuenta
El director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Julián Wilches Guzmán, destacó que recientemente el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho expidió las primeras alertas tempranas relacionadas con el consumo de drogas ilícitas en Colombia, una estrategia que busca dar a conocer a consumidores y no consumidores el contenido de las nuevas drogas ilícitas en el país y sus graves efectos para la salud.
Las dos primeras alertas emitidas indican que el LSD (Dietilamina de Ácido Lisérgico) es la segunda droga más consumida entre los jóvenes universitarios después de la marihuana. Varias muestras analizadas llevaron a concluir que en Colombia lo que se vende como LSD en realidad es una mezcla que contiene unas peligrosas sustancias sintéticas que tienen el potencial de generar problemas de salud, tales como episodios psicóticos agudos, crisis de pánico, cuadros de despersonalización, insomnio y pueden llegar a producir cuadros convulsivos generalizados similares a un status epiléptico.
La segunda alerta señaló que una droga conocida como 2CB (Tucibí), comercializada en Bogotá, tiene entre sus componentes la ketamina, una sustancia de uso farmacéutico que en algunos casos también tiene uso veterinario. La ketamina es una droga con efectos alucinógenos que puede producir anestesia, inmovilidad, taquicardia, aumento de la presión sanguínea, amnesia, habla confusa, pérdida de coordinación e incluso delirios, psicosis o síntomas similares a un ataque de esquizofrenia.
