En diciembre vence el plazo que las autoridades colombianas envíen los cuestionarios al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la visita de evaluación que ese organismo realizará al país en 2017. ¿En qué están algunos sectores y cómo se prepara nueva regulación?
¿Las cooperativas tendrán que implementar un Sarlaft?
En la evaluación antilavado más reciente de Colombia, realizada por el entonces Gafisud en 2008, uno de los sectores peor calificados fue el cooperativo. En su momento el organismo regional encontró que las normas aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas no definían criterios específicos para el proceso de debida diligencia.
También cuestionó el ‘‘escaso cumplimiento’’ de las normas de debida diligencia por parte de las cooperativas con actividad financiera y lamentó que en Colombia no existiera una ‘‘percepción del riesgo potencial [de LA/FT] que presenta el sector de las cooperativas que realizan actividad financiera’’.
Luego de esas fuertes críticas, la Superintendencia de Economía Solidaria actualizó su Circular Básica Jurídica y en ella incluyó la obligación de implementar un sistema integral para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (Siplaft) a las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito.
Además, en 2014 la misma entidad de supervisión emitió la Circular Externa 6 del mismo año, a través de la cual dio instrucciones de prevención del LA/FT a las cooperativas sin actividad financiera, fondos de empleados y asociaciones mutuales del país.
En consecuencia, es claro que la Supersolidaria subsanó las deficiencias del examen de 2008 con la emisión de normas. Ahora bien, ¿qué hay de la efectividad? Infolaft consultó a esa entidad a través de un derecho de petición el pasado 25 de agosto para conocer de primera mano cuántas visitas han realizado para verificar el cumplimiento del Siplaft y qué número de sanciones han emitido. No obstante, a la fecha no se ha obtenido la respuesta.
Por otra parte, ante la exposición que el sector cooperativo tiene frente al LA/FT y teniendo en cuenta la cercanía del próximo examen, infolaft conoció que la Superintendencia de Economía Solidaria está trabajando en una norma que obligaría a todas las cooperativas con actividad financiera a implementar un Sarlaft.
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¿Un Sarlaft para las notarías?
Infolaft supo que la Superintendencia de Notariado y Registro también está preparando una circular que obligará a las notarías del país a implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (Sarlaft), esto también con miras al examen de 2017.
En la actualidad, este sector debe implementar un Siplaft con base en lo expuesto en la circular externa 1536 de 2013 de la Superintendencia de Notariado y Registro. Básicamente esa norma les exige diseñar y aprobar una política de prevención del LA/FT, conocer a los usuarios y empleados, contar con herramientas para detectar operaciones inusuales y sospechosas, nombrar a un coordinador Siplaft y entregar unos reportes a la Uiaf.
Respecto a la supervisión, infolaft conoció que en el año 2015 la Supernotariado realizó 144 visitas a sus vigiladas. Mientras que con corte a agosto de 2016 la Superintendencia llevó a cabo 97 visitas y tiene programadas otras 44 visitas para lo que resta del año.
No obstante, infolaft conoció que la entidad de supervisión poco se fija en la eficacia de los Siplaft y le da prioridad a la verificación del cargue de los reportes de operaciones notariales (RON) y los reportes de operaciones sospechosas (ROS) a través del Sistema de reporte en línea de la Uiaf.
Hasta el momento no ha habido sanciones. De acuerdo con lo expuesto por la propia Supernotariado en un oficio enviado a infolaft, ‘‘como acción preventiva se vienen realizando monitoreo (sic) a las notarías de manera permanente, a fin de implementar acciones de mejora conjuntamente con la Uiaf. Ello con el objeto de fortalecer a nuestros vigilados de manera que, finalizada la etapa de prevención, se adoptarán medidas de control correctivo’’.
Las transportadoras de carga no han implementado el Siplaft
Infolaft le preguntó a la Superintendencia de Puertos y Transporte cuántas sanciones ha impuesto a empresas de transporte de carga terrestre por incumplir lo dispuesto en la circular externa 11 de 2011, la cual las obliga a implementar un sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (Siplaft).
Dicha Superintendencia no ha emitido sanciones e incluso reconoció en una comunicación dirigida a esta revista que realizó un análisis a sus vigiladas y encontró que ‘‘las empresas de transporte terrestre automotor de carga aun no habían implementado el sistema Siplaft’’. Ante ese hallazgo, la entidad ‘‘emprendió un acompañamiento a los vigilados, a través de capacitaciones, retroalimentaciones y requerimientos sobre la adecuada adopción del sistema Siplaft’’.
Una vez finalice el periodo de acompañamiento, el cual se desconoce cuándo terminará, la Supertransporte manifestó que analizará el cumplimiento de la circular externa 11 de 2011 y ‘‘en caso contrario, tomará las medidas necesarias (apertura de investigación administrativa), para que las empresas implementen el sistema Siplaft’’.
Por otra parte, infolaft conoció que en 2015 la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte –dependencia encargada de verificar el cumplimiento del Siplaft- realizó 134 visitas a sus vigiladas, mientras que con corte a agosto de 2016 había llevado a cabo un total de 130 visitas.
