La Fiscalía General de la Nación informó que, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de las seccionales Antioquia y Medellín, con apoyo de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, capturaron en las a 7 servidores públicos y dos particulares investigados por conformar una presunta red de corrupción que operaba, al parecer, desde la Contraloría General de Antioquia. El operativo incluye, además, medidas de extinción de dominio.
Entre los aprehendidos por orden judicial figuran los actuales alcaldes de los municipios antioqueños de La Pintada, Jardín y San Carlos; así como 3 contralores auxiliares y el gerente del hospital de Copacabana (Antioquia). También fueron capturados dos particulares quienes serían los encargados de contactar a las administraciones municipales en Antioquia con el organismo de control, y del posible ocultamiento de los dineros obtenidos ilícitamente.
Por otra parte, el contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, se presentó de manera voluntaria, en virtud de la orden de captura que pesaba en su contra por este caso.
De acuerdo con la investigación adelantada conjuntamente por las direcciones de Medellín y Antioquia, entre los años 2017 y 2018 algunos servidores de la Contraloría General de Antioquia que detectaron hallazgos fiscales durante las auditorías de rutina, se habrían abstenido de denunciar las irregularidades a cambio cuantiosas sumas de dinero o la adjudicación de millonarios contratos.
La fiscalía advirtió a los capturados que les imputará cargos por delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Como operación espejo serán sometidos a proceso de extinción del derecho de dominio 28 bienes inmuebles, 9 vehículos, 2 sociedades, 3 hoteles, todo ello valorado en COP 13.000 millones. Las ocupaciones de los bienes ubicados en Medellín y otras poblaciones antioqueñas fueron realizadas por servidores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Antioquia.
Lea también: Exdirectivos de Hidroituango son acusados por corrupción
