Contrabando de gasolina es más rentable que narcotráfico: DIAN

Ocurre que en la frontera un camión transporta 1825 kilogramos de arroz por cada viaje     –carga que cuesta 2.8 millones de pesos–, lo cual en apariencia es algo insignificante; no obstante, cuando esta cifra se suma a la enorme cantidad de mercancía transportada por decenas de camiones al servicio de una misma organización criminal, se configuraría el contrabando. Según el director de la Dian, ‘‘Este es un patrón bastante generalizado en el norte de Ecuador’’ a través del cual se generan activos ilícitos susceptibles de lavado por una suma cercana a los U$400 millones de dólares al año.

De acuerdo con Ortega, habría ‘‘alguien bastante organizado’’ que es capaz de controlar las empresas de agroquímicos, de comprar productos agrícolas y veterinarios, además de arroz, para introducir el grano en Ipiales (Nariño) y bajarlo a Putumayo para enviarlo, posteriormente, al departamento del Huila, especialmente a la ciudad de Neiva. ‘‘La funcionaria que perdimos en Huila (Celia Escobar Flórez) estaba investigando esquemas muy complejos de lavado de activos’’ generados  por el contrabando de arroz.

 

Nota: para conocer más sobre las tipologías LA/FT de arroz puede consultar el documento ‘Compilación y descripción de las tipologías producidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero – 2006’. Puede descargarlo a través del siguiente enlace: http://bit.ly/1bduNl7

 

Gasolina

Ortega señaló que un galón de gasolina en Venezuela cuesta $27 pesos, mientras que en la frontera se vende en $5000 pesos y ya en Bogotá supera los $8000 pesos. El tráfico de gasolina es un ‘‘negocio más rentable que el narcotráfico’’, apuntó.

Sin embargo, reconoció que no se sabe quién y cómo se paga esa gasolina que se trae de Venezuela. De acuerdo con un informe de Gonzalo Guillén del noticiero CM&, el tráfico de gasolina se pagaría con cocaína, dado que los delincuentes no están manejando dinero por los fuertes controles del sistema financiero.

Al finalizar su presentación, Ortega les dijo a los asistentes que ‘‘la frontera con Venezuela es uno de los grandes problemas sociales y políticos de este país’’.

 

Pescado

Alias ‘el Paisa’, perteneciente al frente ‘Teófilo Forero’ de las Farc, habría realizado operaciones de lavado de activos mediante exportaciones ficticias de pescado a Ecuador.

Ortega indicó que para la Dian es muy difícil fiscalizar esta mercancía, porque no hay forma de saber cuándo una carga de pescado tiene el número de pescados que registran los transportistas para justificar la exportación.

Para ello la Dian requeriría contratar equipos de búsqueda especiales; sin embargo, ‘‘de eso no hemos podido convencer al Ministro’’, reconoció. Durante su participación, Ortega no dejó claro a cuál Ministro hacía referencia.

 

Textiles

El Director de la Dian denunció que hay 90 usuarios aduaneros permanentes (UAP) aprobados por la entidad que ‘‘claramente son empresas de papel vinculadas al narcotráfico y no tenemos el marco jurídico para acabarlas’’.

Ante esa realidad los funcionarios de la Dian empezaron a controlar esos UAP por una orden directa de Ortega, lo cual permitió hacer levantamientos al 100 % de los contenedores de estas empresas, encontrando que un volumen muy importante de ellos no tenía nada en su interior. En 2012 en Barranquilla hubo 124 levantamientos de este tipo, en Bogotá hubo 600 y en Buenaventura 151.

 

Dimensión económica del contrabando

A continuación se citan las cifras entregadas por la DIAN acerca de la magnitud del contrabando en varios sectores:

Cifra en millones de dólares	Concepto
U$200 millones	Otros (Cemento, ganado, medicamentos, agroquímicos, animales etc.)
U$200 millones	Cigarrillos
U$300 millones	Calzado
U$370 millones	Gasolina
U$450 millones	Licores
U$500 millones	Arroz
U$4000 Millones	Textiles y confecciones

 

Zonas de riesgo

El Director de la Dian indicó que las jurisdicciones más expuestas al crimen organizado y al contrabando, y en las que se reportan noticias de terribles asesinatos, son las siguientes:

• Maicao (Guajira)
• Turbo (Antioquia)
• Necoclí (Antioquia)
• Cúcuta (Norte de Santander)
• Pitalito (Huila)
• Tumaco (Nariño)
• Ipiales (Nariño)
• Norte del Valle (Tuluá, Cartago y Buenaventura)
• Sur de Córdoba (Ayapel y Planetarrica)
• Caucasia (Antioquia)

Ortega se preguntó qué información financiera hay sobre estas zonas de riesgo, qué clase de sociedades operan en esas regiones y qué tipo de movimiento de efectivo se da allí.

 

Alerta por mafia italiana en Colombia

Según Ortega ‘‘hay patrones claramente indicativos’’ de anomalías a nivel social en ciertas partes del territorio nacional y ‘‘eso coincide con actividades que tienen trascendencia a nivel económico’’. De acuerdo con el Director, en Colombia ocurren cosas que indican que las ventajas de la globalización sirven tanto a los lícitos como a los ilícitos.

El funcionario indicó que es sorprendente que en los últimos meses en Colombia hayan tenido lugar cinco capturas de mafiosos italianos y los medios de comunicación se limiten a informar que fue capturado el ‘Pablo Escobar italiano’.

Ortega manifestó que Roberto Pannunzi (el supuesto ‘Pablo Escobar italiano’ y quien fue capturado el 6 de julio en Bogotá) tenía viajes recurrentes desde Bogotá hacia Cali, Medellín y Cúcuta; además, recordó que un artículo del diario alemán Der Spiegel narra cómo los miembros de la mafia italiana ‘Ndrangueta’ pagan la droga utilizando entidades sin ánimo de lucro como pantalla e incluso usan mecanismos de simulación de exportaciones. (El artículo se encuentra a través de este enlace http://bit.ly/JSj9cH).

El funcionario apuntó que esa discusión –sobre la presencia de mafiosos italianos en Colombia– se da a nivel internacional, pero aquí los medios de comunicación no hacen análisis. ‘‘Estos señores mueven cerca del 3 % del PIB italiano, esta es una de las estructuras mafiosas más sofisticadas y eso no afana a nadie en el país’’.

 

Autocrítica al Estado

El alto funcionario reconoció que la presión que se le está poniendo a los sistemas financieros para ser aliados del Estado es cada vez mayor e incluso en algunos casos es ‘onerosa’.

Durante la intervención también apuntó que la presidenta de Asobancaria tiene razón cuando señala que uno de los grandes problemas para hacer verificaciones de información es que Colombia descentralizó las nomenclaturas y por ende gran parte del territorio nacional no tiene direcciones. ‘‘Esa es una decisión que el Estado posiblemente deba corregir en algún momento’’.

Recientemente la comunidad internacional le señaló a Colombia que tiene un Estado dividido, toda vez que la información de antinarcóticos está en una entidad, la información de migración está en otra entidad, los registros de movimiento de mercancías en otra y los controles sanitarios en otra. Ortega indicó que ‘‘el estado está fracturado y eso lo aprovechan los actores ilícitos’’.

 

Propuesta para mejorar los controles

El director de la Dian afirmó que en un país como Colombia los estándares de transparencia y de rendición de cuentas de ciertos funcionarios públicos que ocupan cargos críticos deberían ser más exigentes.

Al respecto señaló que la legislación alemana ilustra eso de manera ideal, en razón de que en ese país –por ejemplo– los funcionarios de las aduanas de fronteras especialmente vulnerables deben pasar por un polígrafo de manera regular. El Director recordó que una jurisprudencia del Consejo de Estado defiende la privacidad y se mostró de acuerdo con ella; sin embargo, reconoció que los funcionarios que tienen gran poder y conocen información de la ciudadanía, y además manejan bases de datos sensibles, no son ciudadanos comunes y corrientes, por lo que el nivel de rendición de cuentas y transparencia debe estar sujeto a estándares más altos.

 

Falta de judicialización

De acuerdo con Ortega, ‘‘el gran debate es la rendición de cuentas del sistema judicial (…), el país debe conocer la capacidad del sistema’’, ya que el contrabando se mantiene en la más absoluta impunidad y eso lo saben los actores ilícitos, quienes tienen la capacidad de influenciar a las entidades judiciales.

Ortega recordó que el 100 % de los actos jurídicos de la DIAN en Buenaventura son fallados en contra de la entidad. ‘‘O somos la institución más torpe si no somos capaces de sostener un solo acto jurídico o los tribunales tienen un problema al momento de impartir justicia en Buenaventura’’.