La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó ayer en su primer debate el proyecto de ley 159 de 2014, también conocido como proyecto de ley antisoborno, el cual propone castigar con multas hasta de 128 mil millones de pesos a aquellas empresas que sobornen directa o indirectamente a funcionarios públicos extranjeros.
La iniciativa también busca ampliar el régimen sancionatorio al permitirles a las autoridades competentes imponer inhabilidades para ejercer el comercio y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta por 20 años a las personas naturales involucradas, además de las millonarias multas arriba relacionadas para las personas jurídicas.
Uno de los principales ajustes que se realizó a la iniciativa original, radicada el 4 de junio de 2014, está en el nuevo artículo 22, propuesto por el ponente Carlos Correa, el cual busca facultar a las Superintendencias de Sociedades y Financiera para ‘‘trasladar funcionarios a territorio extranjero para la práctica de diligencias’’ siempre que cuenten con la autorización de las autoridades extranjeras y avisen previamente a la Cancillería.
El secretario de transparencia, Camilo Enciso, destacó el avance de este proyecto de ley y señaló que ‘‘Colombia está demostrando su compromiso para elevar a estándares internacionales las herramientas y los mecanismos para luchar contra estructuras ilícitas transnacionales’’.
