En el marco del Día Nacional Antilavado, varias autoridades coincidieron en que se hace apremiante dejar de entender al blanqueo de capitales como conducta exclusivamente vinculada con el tráfico de drogas.
Durante la mañana de este jueves se llevó la sexta conmemoración anual del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una iniciativa que se enmarca dentro del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) liderado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Durante el acto protocolario de instalación de la jornada, que tuvo lugar en el Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), concordaron en que es momento de repensar el fenómeno del LA/FT y pasar de un enfoque en el que predomina el narcotráfico como delito fuente a uno que abarque todas las conductas constitutivas de blanqueo.
En efecto, mientras la Directora de Política Criminal del Minjusticia anunció que desde despacho del Ministro de Justicia se está liderando un proceso para estructurar una política pública criminal integral que ponga el foco antilavado sobre los delitos contra la administración pública y las finanzas ilícitas relacionadas, el director de la Dijín, Brigadier General Jorge Luis Vargas, puntualizó que si bien aún de todo el dinero ilícito que se lava el mayor rubro corresponde a tráfico de estupefacientes, cada vez toman más fuerza otras conductas como las de corrupción.
Por su parte, el Fiscal Delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, fue más allá y, además de coincidir con los demás funcionarios en lo relativo a la “desnarcotización del lavado”, comentó que en junio pasado la fiscalía modificó su estructura para golpear con más contundencia las estructuras económicas del crimen organizado.
Así, comentó Jiménez, en el ente acusador se creó la Delegatura para la Finanzas Criminales en la que se incluyeron tres direcciones especializadas (lavado de activos, extinción del derecho de dominio e investigaciones financieras) que tienen por objetivo golpear a la criminalidad en su fuente primaria de subsistencia.
